Odyssey intenta evitar el pago de una multa de 60.000 euros a la Junta

¿Piratas o cazatesoros profesionales? Es la pregunta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) intenta responder desde hace unos meses sobre la empresa cazatesoros Odyssey y sus prospecciones arqueológicas en la costa andaluza. La Junta multó a la empresa estadounidense con 90.000 euros por realizar "actuaciones arqueológicas sin autorización" en 2006, al considerar que había violado la ley por sus trabajos submarinos en el Golfo de Cádiz sin los permisos necesarios. Odyssey recurrió la sanción y la Junta la rebajó a 60.000 euros al "no existir reiteración". Pero la empresa cons...

¿Piratas o cazatesoros profesionales? Es la pregunta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) intenta responder desde hace unos meses sobre la empresa cazatesoros Odyssey y sus prospecciones arqueológicas en la costa andaluza. La Junta multó a la empresa estadounidense con 90.000 euros por realizar "actuaciones arqueológicas sin autorización" en 2006, al considerar que había violado la ley por sus trabajos submarinos en el Golfo de Cádiz sin los permisos necesarios. Odyssey recurrió la sanción y la Junta la rebajó a 60.000 euros al "no existir reiteración". Pero la empresa considera injusta la multa y, tras negarse a pagarla, inició un contencioso administrativo ahora en curso y que se resolverá previsiblemente a finales de año.

De fondo late la lucha judicial en EE UU por el oro y la plata de un pecio

Odyssey se enfrenta a otras dos causas en los juzgados del Campo de Gibraltar

La decisión de la Sala de lo Contencioso-administrativo del alto tribunal andaluz en Sevilla pondrá orden en un galimatías diplomático en torno a la actividad de Odyssey en España, iniciada en 2001. Como telón de fondo, las aguas disputadas en el Estrecho de Gibraltar, el publicitado abordaje de los dos barcos de Odyssey el año pasado, y las comunicaciones entre las embajadas británica y estadounidense y el Gobierno central y la Junta. Pero sobre todo, sobresale la lucha por la valiosa carga de oro y plata (17 toneladas) hallada en un pecio y que se instruye en un juzgado de Tampa, en Florida (EE UU), donde la compañía tiene su sede.

En España, el conflicto judicial que dilucida el magistrado ponente Eugenio Frías se encuentra ahora en fase de pruebas, pero se inició cuando en 2006 el Odyssey Explorer buscaba el Sussex, un buque de bandera inglesa hundido en 1694 a causa de una tormenta. La Junta recibió los informes de la Guardia Civil sobre los movimientos de Odyssey: "Teniendo extendido el cable de prospección y el submarino sumergido, le notifica vía radio al capitán del buque las diligencias instruidas por un delito de desobediencia a los agentes...", detalla el expediente sancionador. Las actividades submarinas violaban la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía según la Junta, por lo que en agosto de 2006 multó a Odyssey y tras un recurso rebajó la sanción a 60.101 euros.

Sin embargo, Odyssey presentó una batería de alegaciones: que el pecio HMS Sussex pertenece al Reino Unido; que la Ley de Patrimonio Histórico Español no es aplicable a propiedades de Estados extranjeros; que las aguas en las que se buscaba al Sussex no eran españolas; y que la Junta como Administración sancionadora no tiene competencias sobre las aguas, porque éstas pertenecerían al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Como en un partido de tenis en clave diplomática, la Junta de Andalucía respondió para ratificar la sanción y aclarar que la autorización de la Consejería de Cultura es imprescindible para cualquier prospección subacuática; que la nacionalidad del buque es irrelevante; y que el Odyssey Explorer "se encontraba en aguas jurisdiccionales españolas", entre otros argumentos jurídicos.

Ahora los abogados en España de Odyssey han pedido que se aporten a la causa numerosas pruebas documentales, entre ellas el ofrecimiento para que un arqueólogo nombrado por la Junta de Andalucía acompañara al Odyssey Explorer en sus prospecciones, que cayó en saco roto porque el secretario de Relaciones Internacionales de la Junta, Pedro Moya, rehusó dicho nombramiento. Pero también las autorizaciones cursadas por el Gobierno español para la exploración de restos arqueológicos en Cádiz.

Al margen del contencioso-administrativo, Odyssey se enfrenta a dos causas en los juzgados del Campo de Gibraltar. Una instrucción por un presunto delito de expolio, y otra causa que investiga la supuesta desobediencia por parte del capitán del barco Odyssey Explorer, junto a una querella de la empresa de arqueología submarina Nerea, informa Cándido Romaguera. Mientras, las diligencias sobre la polémica retención de los dos barcos de Odyssey el pasado verano están ya muy avanzadas. Fuentes próximas a la investigación confirman que la Guardia Civil ya ha aportado a la juez el 90% de la información recabada.