La Haya imputa al primer jefe de Estado
El fiscal de la Corte Penal Internacional pide la detención del presidente sudanés - El informe acusa a Omar el Bashir de organizar un genocidio en Darfur
La justicia internacional ha puesto por vez primera en su punto de mira a un presidente en ejercicio y asentado en el poder. Tres años después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le pidiera que investigara la tragedia humanitaria de Darfur, Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), solicitó ayer el arresto del presidente sudanés, Omar el Bashir, por genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad.
Aunque los jueces decidirán ahora si existen indicios racionales de criminalidad para detenerle, el Gobierno de Jartum rechazó las acusaciones y ...
La justicia internacional ha puesto por vez primera en su punto de mira a un presidente en ejercicio y asentado en el poder. Tres años después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le pidiera que investigara la tragedia humanitaria de Darfur, Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), solicitó ayer el arresto del presidente sudanés, Omar el Bashir, por genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad.
Aunque los jueces decidirán ahora si existen indicios racionales de criminalidad para detenerle, el Gobierno de Jartum rechazó las acusaciones y advirtió que podrían "incendiar" la región.
Otros dos jefes de Estado han sido imputados por la justicia internacional: el yugoslavo Slobodan Milosevic, ya fallecido; y el liberiano Charles Taylor. Pero el primero fue detenido años después de dejar el poder y la imputación llegó con la guerra contra la OTAN. Y el segundo se encontraba en la fase terminal de su régimen, sin aliados ni posibilidades ya de mantenerse en un puesto que era más ficticio que real. La decisión de encausar a El Bashir no tiene precedentes y supone un nuevo y controvertido paso en la justicia internacional. Algunos lo aplaudieron, como Amnistía Internacional. Otros fueron más cautos, sobre todo los diplomáticos: advirtieron que puede dificultar las posibilidades de paz.
Las alegaciones contra el presidente El Bashir incluyen haber organizado personalmente una campaña de exterminio premeditado de tres tribus de agricultores -fur, masalit y zaghawa- en la que perecieron al menos 35.000 personas. Para ejecutarla, se valió de las fuerzas armadas y de las milicias paramilitares de origen árabe -conocidas como yanyauid- que han echado a los campesinos de sus tierras. "Otros 2,5 millones de civiles se vieron obligados a huir y permanecen en campos de refugiados sujetos a un régimen de violaciones, hambre y terror que continúa ante nuestros ojos. Es un genocidio sin cámaras de gas; sin balas ni machetes. Es por desgaste", aseguró el fiscal.
La ONU estima en 300.000 el número de muertos por enfermedad, hambre o violencia. Jartum rebaja la cifra a 10.000. El conflicto estalló en 2003 cuando el Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento por la Justicia y la Igualdad se sublevaron contra el Gobierno.
Nada más enterarse de la naturaleza de los cargos, el ministerio de Exteriores puntualizó que "no reconocía la competencia de la Corte Penal Internacional", dijo su portavoz, Alí al Sadig. En teoría, el tribunal sólo puede investigar casos en los países que lo han ratificado, pero el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó expresamente la apertura del expediente de Darfur por la gravedad de los hechos.
Esto hace que el Consejo de Seguridad tenga también potestad para congelar las órdenes del tribunal. Aquí se encaminan ahora los esfuerzos diplomáticos de Jartum: en conseguir que Rusia y, sobre todo, China, su gran aliado, paralicen la orden de arresto.
La Unión Africana (UA) pidió a la CPI que suspenda la petición de arresto "hasta que se resuelvan los problemas más acuciantes del país". La UA participa en una misión de paz conjunta con Naciones Unidas en Darfur, que debería contar con 26.000 cascos azules sobre el terreno. Por ahora, sólo se han desplegado 9.000. También la Liga Árabe ha expresado su incomodidad y ha convocado una reunión urgente para el sábado.
Consciente de la fragilidad de la situación en el país africano, el fiscal Moreno Ocampo ya advertía que "no podía mirar hacia otro lado" en el documento donde detallaba las acusaciones: "Durante cinco años, El Bashir ha negado los crímenes. Dice que no hay violaciones en Darfur, y eso es una impostura. Ocultando lo que ocurre con la excusa de una lucha contra la insurgencia ha promovido la impunidad de sus subordinados para asegurar que cometieran genocidio".
"En el contexto del conflicto armado, El Bashir atacó desde 2003 a los tres grupos étnicos de Darfur para destruirlos. Los sacó de sus pueblos y los llevó a campos de refugiados. Ahora sabemos que también los persigue allí por ser de esas comunidades y eso es un genocidio", añadió durante la comparecencia para presentar sus alegaciones. Según el fiscal, sus pruebas demuestran que las fuerzas a las órdenes del presidente El Bashir utilizaron la violación como arma de guerra. "Miles de mujeres y niñas fueron forzadas con la intención de aniquilarlas".
EL FIN DE LA INMUNIDAD DE MANDATARIOS Y TIRANOS
- IMPUNIDAD. Hasta los años noventa del siglo pasado, los jefes de Estado y de Gobierno tenían prácticamente asegurada la impunidad. No sólo durante su mandato, sino para siempre. Y ningún Estado se atrevía a importunar a nadie porque el principio de no injerencia mandaba siempre durante la guerra fría.
- NUEVAS REGLAS.Las viejas reglas, sin embargo, se han venido abajo. El ex presidente francés Jacques Chirac ha tenido que comparecer ante la justicia por presunta financiación ilegal de su partido al perder la inmunidad presidencial. Y el jefe de Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, ha colocado como prioridad legislativa blindarse para cuando abandone el cargo
- PINOCHET. El auto del juez español Baltasar Garzón contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1999 supuso una revolución en la justicia internacional. Aunque Pinochet nunca fue extraditado, los lores británicos dejaron sentado que algunos crímenes sobrepasan la inmunidad de que gozan en tanto que jefes de Estado o de Gobierno.
- MILOSEVIC. El ex presidente de Serbia y de Yugoslavia fue el primer antiguo mandatario procesado por crímenes de guerra por la justicia internacional. Compareció en 2002 ante el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia y asumió su defensa. Murió en 2006 en La Haya, antes de que se dictara sentencia. El tribunal ha firmado condenas por crímenes de guerra, pero dos de los principales responsables (Radovan Karadzic y Ratko Mladic) siguen prófugos.
- TAYLOR. El ex presidente de Liberia Charles Taylor fue arrestado en 2006 en Nigeria, donde vivía cómodamente exiliado, y trasladado ante el tribunal creado para enjuiciar los crímenes de la guerra en Sierra Leona. El tribunal fue creado tras un acuerdo entre este país y la ONU, y se determinó llevar el caso a La Haya ante las dificultades para organizarlo en Sierra Leona. Taylor, que como presidente de Liberia invadió el país vecino y saqueó sus minas de diamantes, sólo fue entregado después de que la presidenta democráticamente elegida de su país, Ellen Johnson-Sirleaf, reclamara oficialmente su extradición.
- RUANDA. El Consejo de Seguridad creó un tribunal específico para dilucidar las responsabilidades del genocidio ruandés, que en 1994 costó la vida a 800.000 tutsis y hutus moderados. El tribunal prosigue sus trabajos, centrados en los abusos del régimen hutu, pero este año se ha añadido un nuevo frente: el juez español Fernando Andreu ha dictado una orden de detención contra 40 militares ruandeses vinculados al actual Gobierno de Kigali, que en teoría acabó con el genocidio.
- OTROS. La ONU también ha contribuido a crear tribunales para Camboya y Timor Oriental mediante acuerdos bilaterales con estos países.
La Corte Penal Internacional
- La Corte Penal Internacional (CPI) es un organismo judicial con sede en La Haya. Es independiente y no pertenece al sistema de Naciones Unidas, aunque el Consejo de Seguridad puede sugerir líneas de investigación y en casos
muy específicos retrasar las órdenes del tribunal.
- Tiene competencias para juzgar a responsables de crímenes de guerra, de genocidio y contra la humanidad.
- Nació en 1998 y empezó a funcionar en 2002. Lo han ratificado 106 Estados. Entre ellos no figuran EE UU, Rusia, China ni Sudán.