Un informe eleva a cuatro meses la espera de pacientes para ser operados
La Asociación del Defensor del Paciente (Adepa) alerta de que la calidad asistencial sociosanitaria ha decaído "enormemente" en los últimos años a cuenta de la desproporción entre la población y el número de facultativos. En su informe anual de 2006, la entidad lamenta que a pesar del declive de los servicios de la red pública, el entonces máximo responsable de la cartera de Sanidad, Rafael Blasco, "se vanaglorie" de un sistema calificado por Adepa como "uno de los peores" de la red nacional pública.
Una de las variables indicativas a la hora de pulsar la calidad asistencial sanitaria d...
La Asociación del Defensor del Paciente (Adepa) alerta de que la calidad asistencial sociosanitaria ha decaído "enormemente" en los últimos años a cuenta de la desproporción entre la población y el número de facultativos. En su informe anual de 2006, la entidad lamenta que a pesar del declive de los servicios de la red pública, el entonces máximo responsable de la cartera de Sanidad, Rafael Blasco, "se vanaglorie" de un sistema calificado por Adepa como "uno de los peores" de la red nacional pública.
Una de las variables indicativas a la hora de pulsar la calidad asistencial sanitaria de una región son los tiempos de espera quirúrgica. En la Comunidad Valenciana, la demora se sitúa en una media de 45 días, según datos proporcionados por la Consejería de Sanidad, pero, según las cifras contrastadas por Adepa, se triplica (se supera los cuatro meses y medio) en patologías como cirugía vascular y cardíaca, traumatología y oftalmología. La entidad lo achaca al escaso personal sanitario frente a "los considerables aumentos de la población".
La asociación aprecia que el plan de choque (desvío de pacientes de la sanidad pública a la privada) "no ha servido para nada" pese a los 195 millones empleados por Sanidad. El deterioro del sistema sanitario valenciano, tanto de medios como de personal, es la causa central de las denuncias de los usuarios, según explica en su informe la Asociación del Defensor del Paciente. En 2006, el número de casos denunciados ante esta entidad por negligencias médicas contra la red sanitaria, tanto de la pública como de la privada, se elevó en 1.087. Los hospitales Doctor Peset de Valencia, Clínico de Valencia, General de Alicante, Francesc de Borja de Gandía y La Fe de Valencia son, por este orden, los que acumulan más quejas.
El documento subraya que la precaria situación de la sanidad valenciana se acentúa en el período estival "En verano, se produjeron situaciones tremebundas en la provincia de Alicante" a cuenta de la escasez de médicos, denuncia Adepa. Para avalar esta denuncia, la Asociación del Defensor del Paciente cita el caso concreto de Calp, un municipio costero que dispone de dos médicos de urgencia frente a una población de 150.000 habitantes. La situación es "similar" en Dénia y Benidorm, si bien la entidad se apresura a matizar que ignora el aumento en los últimos años de camas y de personal llevado a cabo por la Consejería de Sanidad.
El déficit de facultativos adquiere mayor relieve en el apartado de urgencias en los hospitales valencianos, con una calidad asistencial que el Defensor del paciente califica de "penosa". Según su informe, en el hospital Clínico de Valencia o el de la Marina Baixa los colapsos son de tal calibre que se llegan a rondar las siete horas de espera.
Donde las carencias son también "manifiestas" es en la red de atención primaria. El centro de salud de Dénia, incide el informe, es uno de los que sufre mayor saturación. "Establece marcas asombrosas, atendiendo en varios casos a cuatro pacientes en siete minutos". Pero, sin duda, uno de los déficits más clamarosos y "preocupantes", a juicio de la entidad, es la falta de pediatras en los centros de salud. Un médico de esta especialidad tiene una media de 2.000 tarjetas infantiles cuando la ratio óptima oscila entre 900 y 1.200.
Para Adepa, el capítulo de salud mental, es "alarmante". No todos los hospitales cuentan con servicio de psiquiatría. Una condición que deja en una clara situación de indefensión a las familias que no pueden costear los cerca de 1.500 euros que vale de media ingresar a un paciente en un centro privado.
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