Un colegio catalán puede perder la autorización por no dar Ciudadanía

Rebelión en las aulas fue una película que interpretó Sidney Poitier y cuenta cómo un profesor de raza negra tiene que batallar para intentar ganarse a unos estudiantes rebeldes en un barrio popular de Londres. Lo que está pasando en el colegio barcelonés Loreto-Abat Oliba, de ideario católico, es una rebelión en toda regla, pero en este caso motivada por la oposición frontal no contra un profesor sino contra la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía. La Generalitat recuerda al colegio que la materia es obligatoria y que no impartirla puede llegar a comportar la retirada del perm...

Rebelión en las aulas fue una película que interpretó Sidney Poitier y cuenta cómo un profesor de raza negra tiene que batallar para intentar ganarse a unos estudiantes rebeldes en un barrio popular de Londres. Lo que está pasando en el colegio barcelonés Loreto-Abat Oliba, de ideario católico, es una rebelión en toda regla, pero en este caso motivada por la oposición frontal no contra un profesor sino contra la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía. La Generalitat recuerda al colegio que la materia es obligatoria y que no impartirla puede llegar a comportar la retirada del permiso al centro para dar la ESO.

"La asignatura alternativa que da el centro no existe", dice la Generalitat

"Que digan cómo se adapta a nuestro ideario", replica el centro católico

El asunto ha entrado en una batalla que las dos partes presumen puede ser larga. El colegio Loreto-Abat Oliba es un centro concertado (subvencionado por la Administración pública) y está ubicado en el barrio barcelonés de Pedralbes, uno de los más ricos de Barcelona. El centro dice que la asignatura choca con su ideario. Pertenece a la Fundación Abat Oliba, que forma parte de la Asociación Católica de Propagandistas, vinculada a la Universidad San Pablo CEU.

La pugna empezó hace casi dos meses, cuando arrancó el curso. 43 familias que tienen hijos en 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) objetaron en contra de esta materia, que la Ley Orgánica de Educación ha fijado como obligatoria. En cambio, 17 familias del centro no pusieron ninguna pega a que se impartiera la asignatura.

Hasta la fecha, la Generalitat de Cataluña no ha conseguido que las familias se echen atrás. Esta asignatura, que obedece a una directiva europea, aborda desde una optica plural las nuevas familias, las parejas, las uniones homosexuales, la globalización y el medio ambiente, entre otras cosas. La jerarquía eclesiástica y el PP también se han mostrado en contra de esta materia. Aseguran que invade competencias formativas que deben corresponder sólo a las familias.

La situación se ha complicado. El centro envió las objeciones de las familias hace más de un mes. A principios de octubre, el Departamento de Educación de la Generalitat volvió a instar al colegio a impartir esta materia obligatoria. Pero el colegio recuerda que el artículo 16 de la Constitución garantiza la libertad de creencias y que los poderes públicos deben tenerlas en cuenta. El centro ha presentado ahora un recurso que pivota sobre tres ejes. El primero, que la Generalitat le diga cómo se adapta la asignatura a su propio proyecto educativo. El segundo, que en el caso de que hubiera alguna contradicción entre la materia y alguno de sus objetivos y contenidos se le diga cómo puede "suprimirlos". Y el tercero, que la Generalitat le indique qué tipo de atención alternativa deben recibir los alumnos que no acuden ahora a esta clase.

De momento, para los objetores el centro dice que está impartiendo una asignatura alternativa que ha bautizado como Educación para la Vida Social y Política "en la que se explica la estructura política pero sin incidir en temas morales", recalca el centro. "Esta asignatura no existe porque está fuera del currículo escolar", responde la Generalitat.

Ahora la situación está en un periodo de espera, pero las cosas pueden pasar a otro estadio. El Departamento de Educación de la Generalitat dice que no quiere amagar con retirar la ayuda económica del concierto educativo; insiste en que la negativa del centro puede llevarle a algo peor, a perder la autorización para impartir el título oficial de la ESO.

En Cataluña, éste es el único caso de objeción que ha trascendido contra Educación para la Ciudadanía. La Generalitat afirma que el número de objeciones contra la nueva asignatura apenas es el 0,07% de los 67.000 alumnos que han empezado a cursar la materia en esta comunidad.