El juzgado eleva a 520 millones las fianzas del 'caso' Hidalgo

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, Manuel Martín Hernández-Carrillo, ha fijado en más de 520 millones de euros las fianzas que deberán abonar 10 imputados por blanqueo de capitales en el caso Hidalgo como garantía de sus responsabilidades pecuniarias por presunto delito contra la Hacienda Pública.

En el auto, el juez acuerda retirar la administración judicial de las distintas sociedades mercantiles afectadas por esta medida una vez que se haga efectivo el pago de la cuantía, establecida en virtud de los avances elaborados "con precisión suficiente" por la...

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, Manuel Martín Hernández-Carrillo, ha fijado en más de 520 millones de euros las fianzas que deberán abonar 10 imputados por blanqueo de capitales en el caso Hidalgo como garantía de sus responsabilidades pecuniarias por presunto delito contra la Hacienda Pública.

En el auto, el juez acuerda retirar la administración judicial de las distintas sociedades mercantiles afectadas por esta medida una vez que se haga efectivo el pago de la cuantía, establecida en virtud de los avances elaborados "con precisión suficiente" por la Agencia Tributaria sobre las cuotas defraudadas por los imputados.

El magistrado establece que la fianza objeto de aseguramiento será el triple de lo "presumiblemente defraudado", con objeto de "cubrir la cuantía de la indemnización", por lo que fija en más de 171 millones de euros la cantidad que deberá abonar el empresario David Shamoon y en más de 75 millones la correspondiente al abogado Rafael Cruz Conde.

Entre los imputados a los que el juez exige también una garantía de pago ante sus posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de un delito fiscal se encuentran cinco letrados del despacho de abogados Cruz-Conde, cuya suma de las cantidades a abonar supera los 60 millones de euros.

El juez solicita además cuantías de 73,5 millones de euros y más de 68 millones a dos directivos del grupo Shamoon por las supuestas defraudaciones a la Hacienda Pública producidas en dos sociedades mercantiles en las que son administrades.

El auto establece que la administración judicial se mantendrá hasta que los imputados abonen las fianzas o aseguren las cuantías fijadas en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y advierte de que en el caso de no cumplir con esta obligación se procederá al embargo de sus bienes para cubrir la indemnización.

El juez, que sustituye provisionalmente al magistrado titular de este juzgado, Francisco Javier de Urquía, suspendido al ser investigado en una causa desgajada del caso Malaya, señala que las cuantías fijadas son "provisionales en atención al estado de la investigación y susceptibles de ser incrementadas conforme avance la misma".

En la investigación de este caso se han practicado 23 detenciones y se han intervenido unos 92 millones de euros depositados en 632 cuentas de 22 entidades bancarias.