El PP lleva a la Fiscalía de Málaga la muerte "masiva" de peces en el río Guadiaro

El PP presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía de Málaga para que investigue la muerte "masiva" de peces ocurrida el pasado 14 de septiembre en un tramo del río Guadiaro a su paso por el término municipal de Jimera de Líbar (Málaga), zona catalogada como Lugar de Interés Comunitario. Allí se recogieron 12.000 kilogramos de peces muertos, en concreto barbos y bogas, según se lee en la denuncia.

Tras la intervención de las autoridades medioambientales se comprobó que habían muerto todos los peces existentes en ese tramo del río. Como prueba, el PP ha aportado una noticia publicada en u...

El PP presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía de Málaga para que investigue la muerte "masiva" de peces ocurrida el pasado 14 de septiembre en un tramo del río Guadiaro a su paso por el término municipal de Jimera de Líbar (Málaga), zona catalogada como Lugar de Interés Comunitario. Allí se recogieron 12.000 kilogramos de peces muertos, en concreto barbos y bogas, según se lee en la denuncia.

Tras la intervención de las autoridades medioambientales se comprobó que habían muerto todos los peces existentes en ese tramo del río. Como prueba, el PP ha aportado una noticia publicada en un medio de comunicación que destacaba cómo "en el pueblo huele a productos químicos y no se ve nada igual desde hace 15 años, cuando unos vertidos provocaron una mortandad similar de peces".

Por encargo del Ayuntamiento de Jimera de Líbar, el veterinario de Salud Ambiental, Álvaro de los Ríos, elaboró un informe en el que apunta a una posible disminución drástica del oxígeno como causa de la muerte: "El hecho de que el índice de mortalidad haya alcanzado el 100% de la población y de que el tiempo de acción no haya superado las 24 horas hace pensar en una sustancia que tanto por la cantidad como por la letalidad tenga un origen industrial, descartando por lo tanto las pequeñas empresas y ganaderías de la zona".

La alcaldesa de Jimera de Líbar, María Teresa Domínguez (PP) y el diputado provincial popular, Francisco Salado, reclaman al Ministerio Público que aclare si estos hechos pudieran ser constitutivos de un delito contra el medioambiente, ante la "pasividad" de los organismos públicos responsables.