Buen condiciona el apoyo al Impuesto de Sociedades a modificaciones en el IRPF

El portavoz del PSE en las Juntas Generales de Guipúzcoa, Miguel Buen, confirmó ayer que su partido no votará a favor de un tipo general del Impuesto de Sociedades del 30%. El grupo socialista se mostró dispuesto a abstenerse en la votación del proyecto, lo que posibilitaría su aprobación, pero puso sobre la mesa un paquete de condiciones que incluye una mejora de las deducciones por creación de empleo y modificaciones en el IRPF. Si prosperase esta última propuesta, se ahondaría en las diferencias fiscales entre territorios, después de que la Diputación guipuzcoana (PNV y EA) haya roto la uni...

El portavoz del PSE en las Juntas Generales de Guipúzcoa, Miguel Buen, confirmó ayer que su partido no votará a favor de un tipo general del Impuesto de Sociedades del 30%. El grupo socialista se mostró dispuesto a abstenerse en la votación del proyecto, lo que posibilitaría su aprobación, pero puso sobre la mesa un paquete de condiciones que incluye una mejora de las deducciones por creación de empleo y modificaciones en el IRPF. Si prosperase esta última propuesta, se ahondaría en las diferencias fiscales entre territorios, después de que la Diputación guipuzcoana (PNV y EA) haya roto la unidad en el Impuesto de Sociedades con un tipo dos puntos superior al de Álava y Vizcaya.

El diputado de Hacienda y Finanzas, Pello González, de EA, expuso ayer a los grupos junteros el proyecto del Impuesto de Sociedades aprobado la pasada semana por el gobierno guipuzcoano. La norma contempla un tipo general del 30% (el todavía vigente es del 32,6%), frente al 28% que rige desde el pasado mes de marzo en Álava y Vizcaya. El gravamen aprobado para las pymes es del 24% (el actual oscila entre el 30 y el 32,5%), en este caso idéntico al que se aplica en los otros dos territorios.

González insistió en la idea de que el proyecto aprobado no satisface al cien por cien ni al PNV, que abogaba por un tipo general del 28%, ni a EA, que apostaba de partida por un 32%. Pero subrayó que ambas formaciones han llegado a un acuerdo ante la "urgencia" de contar con una nueva norma, aún sabiendo que tiene "el defecto de la desarmonización" con los otros dos territorios.

En este sentido, hizo hincapié también en que la presión fiscal será en realidad "similar" a la existente en Álava y Vizcaya, gracias al cuadro de deducciones que contempla el proyecto, que premia sobre todo las inversiones en innovación, además de en materias como el mecenazgo, el respeto al medio ambiente, las nuevas tecnologías, la prevención de riesgos laborales y la formación profesional.

Tras estas explicaciones, y consciente de que los partidos que sustentan el Ejecutivo foral están en minoría en la Cámara provincial (suman 23 de los 51 junteros), el diputado de Hacienda y Finanzas volvió a apelar a "la responsabilidad" de los grupos para sacar adelante el proyecto en las próximas semanas.

Pero ese llamamiento tiene hoy por hoy un único receptor práctico: el PSE, que no votará a favor de un tipo general del 30%. En su programa defendía el 31%, según aclaró ayer Buen. Pero sí está dispuesto a facilitar su aprobación con la abstención, siempre y cuando se tomen en cuenta sus condiciones, que se han ido endureciendo.

El grupo socialista ha exigido desde el principio una mejora del "bloque social" del impuesto. Y ayer Buen lo volvió a hacer al condicionar su abstención a que se mejoren las deducciones por creación de empleo. El proyecto aprobado por el PNV y EA contempla la posibilidad de que las empresas se deduzcan hasta 3.000 euros por cada persona con dificultades de inserción laboral contratada. El PSE reclamó más deducciones en este capítulo y solicitó, además, que se establezcan descuentos para aquellas firmas que creen empleos estables, a fin de paliar la alta temporalidad.

El portavoz socialista se mostró sorprendido por un dato: alrededor del 50% de las empresas no declaran beneficios y, por tanto, no tributan por el Impuesto de Sociedades, que se aplica a las ganancias. "Es un porcentaje muy alto para que sea real", afirmó. Por ello, incluyó en sus requisitos la adopción de medidas para corregir esta situación y lograr que aumente el número de firmas que declaran impuestos.

Debate sereno

Pero el abanico de condiciones planteado ayer por el PSE traslada el debate más allá de la reforma del Impuesto de Sociedades. El grupo socialista solicitó que se aumente el Fondo Foral de Financiación Municipal hasta el 57%. Y pretende que se aborde también la reforma del IRPF en tres aspectos. Quiere que se beneficie a aquellas personas cuyos ingresos provienen del desempleo o de una paga por incapacidad. Lo mismo pide para quienes viven de un sueldo por incapacidad laboral y para aquellos que fueron jubilados de manera forzosa.

Si saliese adelante esta medida, se ahondaría en la desarmonizción fiscal en Euskadi, trasladándola el Impuesto de Sociedades al IRPF. Buen ya subrayó ayer que el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT, que reúne al Gobierno y las diputaciones) es un punto de encuentro para tratar de armonizar las políticas fiscales de los tres territorios, pero "no es un órgano de decisión". "Las Juntas Generales tienen capacidad de decidir cosas distintas", abundó.

En función de la respuesta que el PSE reciba a sus propuetas, su posición a la hora de votar "será una u otra", advirtió el portavoz socialista. El diputado de Hacienda y Finanzas dio la razón a Buen en su comentario sobre el OCT y le emplazó a "hablar con serenidad" de todas las cuestiones planteadas, aunque ya avanzó que la intención de la Diputación es aumentar el próximo año el Fondo Foral de Financiación Municipal - "el escenario que se plantea es el del 57%"- y abrir un debate sobre el IRPF.

González recibió el respaldo de su grupo y del PNV. El resto de partidos de la oposición mostró una vez más su rechazo al proyecto del Impuesto de Sociedades planteado. La portavoz del PP, Regina Otaola, adelantó que su grupo defenderá en las Juntas un tipo general del 28%, ya que considera que el 30% perjudica la competitividad de las empresas guipuzcoanas. EB y Aralar insistieron en que la reforma planteada es "antisocial e injusta" y que la presión fiscal recae cada vez más sobre los trabajadores.