La Policía sospecha que Roca recibió en la cárcel información sobre sus sociedades

Los investigadores del caso Malaya sospechan que el principal imputado en la causa contra la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, recibe en prisión información sobre las sociedades vinculadas a él e intervenidas por el juez Torres. La Policía se incautó en octubre de 2006 de cuatro "informes de crisis" redactados por Gonzalo Astorqui, supuesto testaferro de Roca imputado por blanqueo, en los que se detalla la situación de varias de las compañías de Roca tras su arresto. Astorqui tenía preparado un cuestionario con las respuestas que debía dar al juez si era detenido.

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Los investigadores del caso Malaya sospechan que el principal imputado en la causa contra la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, recibe en prisión información sobre las sociedades vinculadas a él e intervenidas por el juez Torres. La Policía se incautó en octubre de 2006 de cuatro "informes de crisis" redactados por Gonzalo Astorqui, supuesto testaferro de Roca imputado por blanqueo, en los que se detalla la situación de varias de las compañías de Roca tras su arresto. Astorqui tenía preparado un cuestionario con las respuestas que debía dar al juez si era detenido.

Los agentes del grupo de Blanqueo encontraron los cuatro informes -elaborados entre el 30 de abril y el 5 de octubre de 2006- en el ordenador de Astorqui, considerado por la Policía como el "contable" de Juan Antonio Roca y ex administrador de algunas de sus empresas. Los informes hacen referencia a una serie de sociedades como Masdevallía, Condeor o One Properties, intervenidas por el juez Torres al entender que forman parte del entramado societario bajo el que se parapeta la fortuna de Roca, que el juez estima en "cientos de millones".

En los informes, cuyo destinatario no especifica la Policía, se detallan aspectos financieros y funcionales de las sociedades. Astorqui no se limita a describir el estado de cuentas y los problemas con los acreedores, sino que solicita instrucciones a su interlocutor. Así, en el caso del hotel Los Alcázares, situado en la localidad murciana del mismo nombre, Astorqui aconseja vender el establecimiento y pregunta un "precio de venta de salida para la negociación" y un "precio mínimo de venta".

Los agentes de blanqueo señalan en su escrito al juez Torres que "tanto Astorqui como José Manuel Vázquez [su abogado] y Julio Bazo [también imputado] están manteniendo una serie de reuniones en Madrid, pudiéndose determinar que entre las personas con las que mantienen contacto está el abogado de Roca, José Aníbal Álvarez". Varios párrafos más adelante, los policías dan cuenta de una conversación entre Astorqui y Vázquez, en la que éste le pide a su cliente el teléfono del letrado de Roca. "No se descarta que de algún modo se hubiese estado informando indirectamente a Juan Antonio Roca de la situación de las sociedades intervenidas y de las actuaciones judiciales que sobre ellas han recaido", afirman los agentes.

Según la Policía, Astorqui sospechaba -acertadamente- que su teléfono móvil estaba siendo pinchado por la Policía, por lo que "no era habitual que (...) hablara de las detenciones de la operación Malaya" y "cuando salía algún tema que lo relacionaba de algún modo, intentaba mantenerse al margen, restándole importancia y realizando algún tipo de comentario exculpatorio".

Entre la documentación encontrada, los investigadores destacan "un formulario con las respuestas a las posibles preguntas que el juez pudiera efectuarle en caso de resultar detenido". El redactor del formulario le indica al considerado contable de Roca que diga que no sabía que éste tuviera pendientes asuntos penales. En el caso de Masdevallía, de la que Astorqui era administrador, la respuesta correcta era la siguiente: "Ni me dijeron ni me preocupé por saber si Roca era el dueño de la empresa".

Los cerca de 4.000 folios sobre los que el juez Torres levantó el miércoles el secreto de sumario señala, ofrece nuevos detalles sobre la investigación. El promotor José Miguel Villarroya imputado en el caso Malaya, regaló al ex alcalde marbellí Julián Muñoz una vivienda a cambio de favores urbanísticos en la concesión de licencias para varias promociones en 1998 y 1999. El magistrado indica en un auto que el empresario vendió a Muñoz una vivienda de la promoción La Pepina de Marbella sin que el ex regidor tuviera que abonar ninguna cuantía. Villarroya, que quedó en libertad bajo una fianza de 500.000 euros tras declarar ante el juez, era titular de la sociedad Azalea Beach, que desarrolló la promoción de La Pepina y obtuvo otras licencias de obras gracias a la intervención de Julián Muñoz, que se encuentra en prisión preventiva.

El juez Torres ha dirigido comisiones rogatorias a paraísos fiscales como la Isla de Man o Suiza para conocer el entramado societario fuera de España de los imputados en el caso Malaya.