La Eurocámara concluye que algunos Gobiernos aceptaron y ocultaron el secuestro de sospechosos

Los esfuerzos de eurodiputados de países implicados en el programa de secuestros e interrogatorios clandestinos del espionaje estadounidense por rebajar sus conclusiones no lograron echar por tierra el contenido del informe de los vuelos de la CIA, aprobado ayer por amplia mayoría en el Parlamento Europeo. El texto condena que "algunos países europeos hayan aceptado y ocultado" el secuestro de al menos 21 sospechosos de terrorismo y su traslado a cárceles secretas, donde se les interrogó en muchos casos bajo tortura.

El informe cifra en "al menos 1.245" los vuelos de los servicios secre...

Los esfuerzos de eurodiputados de países implicados en el programa de secuestros e interrogatorios clandestinos del espionaje estadounidense por rebajar sus conclusiones no lograron echar por tierra el contenido del informe de los vuelos de la CIA, aprobado ayer por amplia mayoría en el Parlamento Europeo. El texto condena que "algunos países europeos hayan aceptado y ocultado" el secuestro de al menos 21 sospechosos de terrorismo y su traslado a cárceles secretas, donde se les interrogó en muchos casos bajo tortura.

El informe cifra en "al menos 1.245" los vuelos de los servicios secretos estadounidenses que sobrevolaron territorio europeo. Considera "inverosímil" que los Gobiernos de los países europeos no estuvieran al tanto, y pide a la UE que aplique sanciones políticas a aquellos países en los que se demuestre que violaron los principios fundamentales de la Unión.

El socialista italiano, Claudio Fava, encargado de redactar el informe, abrió ayer el encendido debate en la Eurocámara que se prolongó durante dos horas y media, y que dejó claro que los noes a su texto tuvieron que ver sobre todo con el deseo de no dañar las relaciones transatlánticas.

Washington defiende su programa de rendiciones [entregas extrajudiciales], como una herramienta indispensable en la "guerra contra el terror" declarada tras los atentados del 11-S. El propio presidente George W. Bush reconoció el pasado mes de septiembre la existencia de una red de cárceles secretas en la que EE UU ha interrogado y confinado a sospechosos de terrorismo sin garantías judiciales.

"Los 21 casos de detenciones extrajudiciales son sólo la punta del iceberg", indicó Fava, convencido de que poco a poco saldrán a la luz nuevas pruebas del extenso programa de rendiciones. "No podemos mirar hacia otro lado como han hecho muchos Gobierno europeos", agregó. "No podemos mirar para otro lado, como han hecho los Gobiernos europeos", señaló el ponente, que consideró una "falacia" el argumento de que las prácticas estadounidenses se justifiquen en aras de prevenir atentados terroristas.

Un año de investigaciones

El llamado informe Fava resume un año de investigaciones de la comisión temporal del Parlamento Europeo por el que han desfilado víctimas del llamado programa de rendiciones puesto en marcha por EE UU tras el atentado del 11-S, políticos -entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos-, abogados, Organizaciones no Gubernamentales y periodistas que han contribuido a las pesquisas.

A pesar de que estos trabajos de la Eurocámara no obligan jurídicamente a los Estados, los hallazgos de la comisión se han convertido en los últimos meses en un foco de presión, que en el caso de Portugal ha desembocado en una investigación judicial. España, Italia y Alemania tienen también en marcha procesos judiciales.

Los eurodiputados de uno y otro color han intensificado en los últimos días las presiones al ponente del informe para limar la redacción de aquellos párrafos que aludían a sus países. Estos esfuerzos no han logrado desvirtuar la esencia del texto de Fava, pero en algunos casos como el alemán o el británico, sí han conseguido rebajar las críticas a sus respectivos Gobiernos.

El socialista Wolfgang Kreissl-Dörfler, el principal artífice de las presiones alemanas, según diversas fuentes parlamentarias, explicó a este diario que "le compete a Alemania determinar el grado de conocimiento en el caso del secuestro de Jaled el Masri y de Murat Kurnaz". Este convencimiento es el que le ha llevado a amenazar, según las mismas fuentes con no apoyar el informe si no quedaba por escrito que "hasta la fecha, la investigación de la comisión

han demostrado que el Gobierno alemán no estuvo implicado en el secuestro [de El Masri]". La enmienda se aprobó y los socialistas alemanes bendijeron el texto.

En total, 382 eurodiputados votaron a favor del informe, 256 lo hicieron en contra y 74 se abstuvieron.

Los socialistas europeos apoyaron en bloque el texto, así como los Verdes y la inmensa mayoría de los liberales. Los liberales rumanos se abstuvieron, tras recibir por la mañana una llamada de su primer ministro instándoles a no apoyar el texto, según fuentes de su grupo.

El liberal Ignasi Guardans mostró sin embargo un apoyo sin fisuras a Fava. "Ustedes no pueden combatir el terrorismo con una guerra sucia en nuestro nombre. No pueden hacerlo en nuestro nombre, porque no nos representan cuando luchan contra el terrorismo de esta manera", señaló durante el debate.

Culpabilizar a EE UU

Los populares, que consideran que el trabajo de Fava destila rechazo a EE UU, votaron divididos aunque mayoritariamente en contra. "De nada sirve un documento donde lo que se busca es culpabilizar a EE UU", estimó el italiano Jas Gawronski. Los populares españoles -salvo seis, que se abstuvieron- votaron en contra, siguiendo las directrices de la dirección del partido, según fuentes parlamentarias. Votó contra el informe el popular Agustín Díaz de Mera, quien explicó a este diario que pese a estar "muy en contra de Guantánamo", opina que el informe trata de convertir "especulaciones en hechos probados".

El informe dedica además duras palabras al Consejo Europeo y espera del máximo órgano de representación de los Estados que "ejerza presiones sobre todos los Gobiernos implicados, para que faciliten información completa y detallada" y, si procede "encargue una investigación independiente sin demora". Pide además a las instituciones comunitarias que apliquen sanciones si se demuestra que algún Estado ha violado los principios fundamentales de la Unión Europea.