El Gobierno de Prodi trata de liberalizar el sector del comercio minorista en Italia
El Gobierno italiano lanzó ayer su segunda oleada de liberalizaciones. Si la primera, en junio, apuntó a los taxistas, los abogados y los farmacéuticos (sin que hasta la fecha, tras grandes protestas corporativas, se hayan registrado cambios perceptibles en esos ámbitos), la actual muestra un similar tono minimalista: esta vez se intenta incrementar la competencia entre quiosqueros, peluqueros, agentes inmobiliarios y expendedores de gasolina, entre otros.
El decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros se dirige a mejorar ciertos servicios y a acabar con un puñado de las muc...
El Gobierno italiano lanzó ayer su segunda oleada de liberalizaciones. Si la primera, en junio, apuntó a los taxistas, los abogados y los farmacéuticos (sin que hasta la fecha, tras grandes protestas corporativas, se hayan registrado cambios perceptibles en esos ámbitos), la actual muestra un similar tono minimalista: esta vez se intenta incrementar la competencia entre quiosqueros, peluqueros, agentes inmobiliarios y expendedores de gasolina, entre otros.
El decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros se dirige a mejorar ciertos servicios y a acabar con un puñado de las muchísimas regulaciones que encorsetan el comercio. Una ley de la inmediata posguerra establece, por ejemplo, que no pueden existir dos peluquerías cercanas entre sí, y que los peluqueros no pueden trabajar ni el domingo ni el lunes. Otra vieja ley reserva a los quioscos la exclusiva de la venta de periódicos. Las gasolineras poseen también la exclusiva de la venta de gasolina. El Gobierno de Romano Prodi aspira a poner fin a esas limitaciones. Si el decreto-ley no naufraga por las reacciones corporativas, en cuestión de meses los italianos podrán cortarse el pelo en lunes y abastecerse de combustible y prensa en los supermercados.
También se suprimirá la ley que, como ocurre con las peluquerías, establece distancias mínimas entre un cine y otro.
Otra medida afectará a La Posta, el servicio público de correos. Si un ciudadano envía un paquete y el paquete se extravía, debe pagar para recuperarlo. Ésa es la situación actual. En el futuro, si la reforma sale adelante, el ciudadano tendrá derecho a recuperar gratuitamente el paquete que no llegó a su destino y, en caso de pérdida, podrá incluso exigir una indemnización.