La calidad condicionará el 30% de los fondos de las universidades andaluzas
Se premiará a los campus que creen más empresas o tengan más Erasmus
Las universidades andaluzas se jugarán el 30% de su financiación pública en función de los resultados que obtengan en investigación, formación e innovación. El modelo de financiación que aprobó ayer el Consejo Andaluz de Universidades es el primero en España en el que una parte tan importante de los recursos anuales de los campus dependerá de los resultados que acrediten sus rectores. Tener alumnos bilingües puede suponer hasta un 1,5% de la financiación, y los méritos de los profesores puntuarán con un máximo de un 2,5%.
El modelo andaluz basado en vincular la financiación pública de l...
Las universidades andaluzas se jugarán el 30% de su financiación pública en función de los resultados que obtengan en investigación, formación e innovación. El modelo de financiación que aprobó ayer el Consejo Andaluz de Universidades es el primero en España en el que una parte tan importante de los recursos anuales de los campus dependerá de los resultados que acrediten sus rectores. Tener alumnos bilingües puede suponer hasta un 1,5% de la financiación, y los méritos de los profesores puntuarán con un máximo de un 2,5%.
El modelo andaluz basado en vincular la financiación pública de las universidades a los objetivos conseguidos recibió en septiembre el aval de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, quien aseguró que esta propuesta "encaja perfectamente" con la que el Gobierno pretende plantear a todas las universidades españolas. Los rectores de las nueve universidades públicas andaluzas también estaban de acuerdo desde hace meses con que sus recursos dependieran en parte de los resultados que pudieran acreditar cada año, pero la negociación entre los campus y la Junta encalló al definir cuánto iban a jugarse con este sistema y, sobre todo, hasta cuánto se comprometía el Gobierno autonómico a incrementar su aportación ordinaria a las universidades.
Al final, la Junta ha aceptado aumentar hasta el 76% la partida para gasto ordinario y que en 2011, cuando vence el modelo aprobado ayer, las nueve universidades reciban un 1,5% del PIB andaluz, frente al 0,96% que han acordado para 2007 (1.401,7 millones de euros). No obstante, mientras la financiación pública es la que sustenta hoy casi todo el presupuesto de los campus, la Junta quiere que esa dependencia sea menor dentro de cinco años, por lo que una de las metas que establece el nuevo modelo es que, en 2001, sólo un 70% de la financiación proceda del Gobierno andaluz. Las universidades deberían obtener el 30% restante de sus recursos de otros fondos públicos y privados.
Del total de la financiación que aporte la Junta, el 30% (más de 400 millones de euros en 2007) quedará vinculado a objetivos de calidad. No obstante, los rectores cuentan con una cláusula de salvaguarda que les garantiza que todas las universidades contarán cada año, como mínimo, con lo mismo que el curso anterior más la subida del IPC.
En la práctica, lo que se tendrán que ganar a pulso los campus es el crecimiento anual de su presupuesto. Pero si se aplican, este incremento puede llegar a suponer hasta el 30% del dinero del que dispongan cada curso. En esa financiación vinculada a objetivos, la calidad de la formación que ofrezca cada universidad determinará el 60%; los resultados de sus trabajos de investigación, el 30%; y el grado de innovación que apliquen a su gestión, el 10%.
Para cada uno de estos apartados, se han establecido casi medio centenar de indicadores. Aunque individualmente ningún criterio contará más del 3%, la suma de aspectos como la participación de los docentes en programas internacionales (0,75%), el número de alumnos bilingües (1,5%), el número de empresas de base tecnológica que consiga crear cada campus (1,5%) o el número de licenciados que tengan un trabajo de su especialidad dos años después de acabar los estudios (2%) empezarán a puntuar para determinar el dinero del que van a disponer los rectores.
Las universidades y la Junta se han comprometido también a que, dentro de cinco años, la participación de la mujer en los órganos de gestión y dirección de la Universidad no sea inferior al 40% (hoy hay ocho rectores y una rectora) o a que el 5% del profesorado y el 10% del alumnado proceda de otros países (el doble, aproximadamente, del porcentaje actual).