España cede para alcanzar un compromiso iberoamericano sobre migraciones
La cumbre propone el reconocimiento de plenos derechos para los inmigrantes 'sin papeles'
El Gobierno español hizo ayer concesiones con el fin de que la XVI Cumbre Iberoamericana, inaugurada anoche en Montevideo, pudiera llegar a un consenso sobre el tema central del encuentro, titulado Migraciones y desarrollo. En concreto, la delegación española, presidida por el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, renunció a que el documento final estableciera una distinción más clara entre inmigrantes en situación legal e ilegal. El compromiso de Montevideo garantiza "plenamente" los derechos de todos los inmigrantes, independientemente de que tengan o no los papeles en regla...
El Gobierno español hizo ayer concesiones con el fin de que la XVI Cumbre Iberoamericana, inaugurada anoche en Montevideo, pudiera llegar a un consenso sobre el tema central del encuentro, titulado Migraciones y desarrollo. En concreto, la delegación española, presidida por el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, renunció a que el documento final estableciera una distinción más clara entre inmigrantes en situación legal e ilegal. El compromiso de Montevideo garantiza "plenamente" los derechos de todos los inmigrantes, independientemente de que tengan o no los papeles en regla.
"Es imperativo (...) que las políticas migratorias respeten plenamente los derechos humanos de los migrantes, en el marco del ordenamiento jurídico de cada Estado, independientemente de su condición migratoria", se lee, en efecto, en el punto 4 de la declaración aprobada ayer por los cancilleres, que hoy recibirá el respaldo de los líderes. El apartado 21 precisa que "todo migrante debe gozar, conforme al ordenamiento jurídico de cada Estado, de la observancia de las leyes laborales que le son aplicables, incluyendo los principios y derechos laborales contenidos en la Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo".
"Migrar no es un delito, por lo que los Estados no desarrollarán políticas orientadas a criminalizar al migrante", reza el punto 17 de esta declaración, centrada indudablemente en la protección del trabajador como sujeto de derechos y eventual "víctima" -nunca "sujeto activo de conducta penal"- de las redes de traficantes de hombres.
Para llegar a esta formulación, que reduce a las referencias a las legislaciones nacionales la base para que los Estados introduzcan restricciones, fue preciso "una intensa acción diplomática", en expresión de un asistente a las reuniones, capaz de acercar posiciones entre los dos lados del Atlántico. Colombia y México llevaron la voz latinoamericana. España fue su interlocutor y la voz de los países receptores de estos flujos humanos que, en 2005, totalizaron la cifra de casi 25 millones de emigrados, de los que cerca del 50% son mujeres, frente a los 21 millones registrados cinco años antes, sobre una población total de 523 millones.
1,2 millones en España
Cerca de 18 millones se encuentran en EE UU, de modo que a Europa sólo llega una pequeña parte de la corriente. En España hay 1,2 millones de latinoamericanos censados. En Portugal son 75.000. Holanda e Irlanda suman otras partes destacadas de un contingente suficientemente significativo como para que Moratinos evocara en Buenos Aires, la víspera de su llegada a Montevideo, la posibilidad de que la UE vuelva a implantar el visado de turismo a latinoamericanos.
Aunque Argentina, Costa Rica y Venezuela tengan un cierto perfil de países receptores de unas migraciones intracontinentales que han movido a unos tres millones de latinos, España es, en el contexto iberoamericano, el paradigma del país de destino, en minoría frente al claro perfil de países de origen que presentan Colombia, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay.
No es extraño, por ello, que Moratinos declarara ayer a la prensa local que "no hay que asustarse ante un llamamiento a la emigración legal" o que, en una breve comparecencia ante los medios, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hubiera de responder a preguntas sobre presuntos "hostigamientos" de inmigrantes en los aeropuertos españoles y reiterar que "España es un país en el que se trata bien al inmigrante".
Esa disparidad de situaciones explica que el Compromiso de Montevideo, un compendio sin valor normativo de principios que se pretenden comunes, no incluya ni una mención a las repatriaciones de sin papeles y tenga un tono general muy distinto de los convenios bilaterales que se están firmando con los países africanos. Aquí también se habla de la lucha contra las mafias y del control de flujos, pero no se menciona la "corresponsabilidad" entre países de origen y destino, y preocupan, sobre todo, el abaratamiento de las remesas y otras medidas que puedan favorecer la prosperidad de los emigrantes y de sus países de origen.
Por otra parte, Moratinos restó importancia a las ausencias de jefes de Estado y de Gobierno que ha habido en este encuentro de Uruguay y subrayó que la "comunidad iberoamericana avanza" con esta nueva reunión.
La cita de Montevideo ha vuelto a tener significativas ausencias pese a los esfuerzos que desplegó España el pasado año en Salamanca para invertir esta tendencia de los últimos años. Hasta el momento han excusado su participación, por diferentes motivos, los mandatarios de Brasil, Nicaragua, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Cuba y Perú.
A última hora de ayer también se confirmó la ausencia del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien decidió no asistir a la cita debido a la proximidad de las elecciones presidenciales en su país. El mandatario argentino, Néstor Kirchner, cuya participación también llegó a estar en entredicho, arribó tarde y no estuvo presente en la ceremonia de apertura de la cumbre.
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