Los chalés ilegales amenazan la categoría de Medina Azahara ante la Unesco
Peligra la inclusión del conjunto arqueológico en la zona Patrimonio de la Humanidad
El Icomos, que es el organismo asesor de la Unesco encargado del control del patrimonio, alertó ayer de los posibles perjuicios que podría suponer la regularización y consolidación de las viviendas ilegales del entorno protegido de Medina Azahara. Según esta organización, la consolidación de las casas podría implicar que la Unesco "no incluyera al conjunto arqueológico como zona BIC (Bien de Interés Cultural) en la ampliación de Córdoba como ciudad Patrimonio de la Humanidad". Los representantes de la Unesco rechazan la consolidación de las viviendas.
Víctor Fernández y Mónica Luengo, e...
El Icomos, que es el organismo asesor de la Unesco encargado del control del patrimonio, alertó ayer de los posibles perjuicios que podría suponer la regularización y consolidación de las viviendas ilegales del entorno protegido de Medina Azahara. Según esta organización, la consolidación de las casas podría implicar que la Unesco "no incluyera al conjunto arqueológico como zona BIC (Bien de Interés Cultural) en la ampliación de Córdoba como ciudad Patrimonio de la Humanidad". Los representantes de la Unesco rechazan la consolidación de las viviendas.
Víctor Fernández y Mónica Luengo, especialistas de Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos), se reunieron ayer con los responsables de la Junta de Andalucía (Antonio Márquez) y de la Consejería de Cultura (Mercedes Mudarra) en Córdoba. Están elaborando un informe sobre la situación de las viviendas ilegales que hay en el entorno protegido de Medina Azahara (unas 240 casas repartidas en tres urbanizaciones).
El estudio, que no es vinculante para las administraciones, pero que se remitirá a la Unesco, estará concluido en 15 días. Pero ayer Icomos ya adelantó algunos de los perjuicios que podrían acarrear los planes municipales para dotar de agua a una de las parcelaciones y la petición realizada por IU y PP de reducir la protección del conjunto arqueológico para que en un futuro las casas se puedan legalizar. Según indicó Fernández, los proyectos del Ayuntamiento implican una consolidación de las parcelas ilegales, lo que podría provocar que la Unesco "no incluyera al conjunto arqueológico como zona BIC [Bien de Interés Cultural] en la ampliación de Córdoba como ciudad Patrimonio de la Humanidad".
Icomos ha propuesto que Medina Azahara también sea considerada Patrimonio de la Humanidad, un rango que ya tiene el casco histórico de Córdoba. Medina Azahara, que comenzó a construirse en el siglo X, se encuentra dentro de la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial. Según Fernández, esto supone que la ciudad palatina está en algo parecido a una "lista de espera". "Cualquier cuestión que afecte a la gestión de Medina Azahara puede tener influencia en su declaración como bien Patrimonio de la Humanidad", añadió. El especialista de Icomos indicó que "como criterio de gestión no es el más adecuado consolidar las urbanizaciones ilegales".
Fernández y Luengo no quisieron ayer pronunciarse tajantemente sobre la idoneidad de la propuesta de traslado de los parcelistas ofrecida por la Junta al Consistorio. "No podemos adelantar si esa será una de las recomendaciones de Icomos hasta que esté concluido el informe", sostuvo Fernández, quien insistió en que la premisa de partida es que esas casas "son ilegales".
El Icomos pretende reunirse con la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), para mostrarle sus inquietudes y recabar más información. La regidora se refirió ayer al manifiesto "en defensa del ámbito patrimonial de Medina Azahara" firmado por alrededor de 450 catedráticos y especialistas en arqueología y conservación de España y Europa. Aguilar dijo estar "completamente de acuerdo" con el texto, en el que se exige a las administraciones que se apliquen de forma "inmediata y contundente" las acciones "necesarias para promover la recuperación del territorio afectado" por las parcelaciones. Sin embargo, ésa no es la posibilidad que baraja el Ayuntamiento, que pide que se reduzca la protección del conjunto porque, según Aguilar, "no se puede dejar de pensar" en las familias que viven ilegalmente allí.
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