Marbella, segundo acto

La trama de corrupción político-urbanística de Marbella, enmarcada en la Operación Malaya, dista mucho de haber tocado fin. La policía detuvo ayer a otras 30 personas, entre ellas dos empresarios andaluces muy conocidos, así como el ex jefe de policía, el ex secretario del Ayuntamiento y 13 ex concejales marbellíes, por presuntos delitos de cohecho y prevaricación. En marzo pasado, cuando se destapó el escándalo, fueron encarceladas otras 28, de las que 11 continúan en prisión, incluidos el cabecilla, Juan Antonio Roca, asesor municipal de Urbanismo, la alcaldesa, Marisol Yagüe, y la primera t...

La trama de corrupción político-urbanística de Marbella, enmarcada en la Operación Malaya, dista mucho de haber tocado fin. La policía detuvo ayer a otras 30 personas, entre ellas dos empresarios andaluces muy conocidos, así como el ex jefe de policía, el ex secretario del Ayuntamiento y 13 ex concejales marbellíes, por presuntos delitos de cohecho y prevaricación. En marzo pasado, cuando se destapó el escándalo, fueron encarceladas otras 28, de las que 11 continúan en prisión, incluidos el cabecilla, Juan Antonio Roca, asesor municipal de Urbanismo, la alcaldesa, Marisol Yagüe, y la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos. Todo ello forzó a que el pasado abril se constituyera, no sin poco esfuerzo y algunas batallas de partidos, una gestora que dirigirá la ciudad hasta las elecciones municipales de mayo de 2007.

Curados de espanto desde hace ya demasiado tiempo, los marbellíes deben al menos felicitarse de una cosa: la Fiscalía Anticorrupción y la policía comienzan a funcionar con eficacia para extirpar en lo posible el tumor, originado por esa perfecta simbiosis entre política y construcción que alentó Jesús Gil a principios de los noventa, y que imparablemente creció luego con la connivencia y/o negligencia de partidos, jueces y policías. Ahora, de lo que se trata es de que las autoridades judiciales y policiales saquen el máximo provecho de la abundante información recogida de los registros de las dependencias municipales y cuentas intervenidas durante estos tres meses pasados.

Lo más sobresaliente de este segundo acto es la ramificación del escándalo a otras provincias andaluzas (Málaga, Córdoba, Granada y Sevilla) y la detención de 13 constructores, entre ellos dos conocidos promotores inmobiliarios de Córdoba y Granada. Todo ello no hace más que evidenciar el enorme grado de implicación de industriales de la construcción no marbellíes en la trama. Uno de ellos, el cordobés Rafael Gómez, estaba ya en el punto de mira cuando estalló el escándalo, pero aseguró que el único vínculo que le unía a Roca era jugar al póquer en la finca de un amigo. Gómez es una figura polémica en su ciudad. Los Verdes y el PSOE han denunciado un presunto trato de favor del Ayuntamiento que gobierna Rosa Aguilar, de Izquierda Unida, hacia él. Marbella no es el único enfermo de ese mal que afecta, pero no sólo, a la Costa del Sol y el litoral levantino: el cáncer de la corrupción urbanística, de la que son cómplices los gobiernos locales recalificando terrenos, y que está degradando el paisaje y la salubridad sin que nada ni nadie se decida a ponerle coto.