Rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por los nacionalistas contra la Ley de Dependencia

El proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (Ley de Dependencia), que pretende asegurar el derecho de las personas que no se valgan por sí mismas a recibir atención pública -abonando los beneficiarios, en términos generales, parte de su coste-, superó ayer su primer trámite parlamentario. El Congreso de los Diputados rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasuna (EA) y Convergència i Unió (CiU). Estos grupos consideran que el texto presentado por el Gobierno, con el ...

El proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (Ley de Dependencia), que pretende asegurar el derecho de las personas que no se valgan por sí mismas a recibir atención pública -abonando los beneficiarios, en términos generales, parte de su coste-, superó ayer su primer trámite parlamentario. El Congreso de los Diputados rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasuna (EA) y Convergència i Unió (CiU). Estos grupos consideran que el texto presentado por el Gobierno, con el apoyo de Izquierda Verde (IU-IV) y Esquerra Republicana de Catalunya, vulnera las competencias en materia de Servicios Sociales de las comunidades autónomas. Sólo votaron a favor de las enmiendas los grupos que las habían presentado, mientras el Partido Popular se abstuvo. El PP aseguró que ésta "no es una buena ley", pero han preferido optar por intentar mejorarla durante su tramitación, dijo María Salom.

El portavoz de CiU, Carles Campuzano, además de abundar en lo que considera una clara invasión de competencias, defendió el texto alternativo que su grupo presentó a la cámara. CiU propone que la asistencia a las personas dependientes se introduzca en el sistema de financiación autonómica. Además, considera que debe ser el beneficiario quien decida qué servicio o prestación quiere recibir y cómo. Por su parte, el PNV calificó el proyecto de ley de "manifiestamente inconstitucional" porque pretende "expoliar las competencias exclusivas" de las autonomías, aseguró Emilio Olabarría. Por último, Begoña Lasagabaster, de EA, criticó la financiación "insuficiente" de la futura ley.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, defendió el proyecto que, asegura, "creará un derecho subjetivo y universal" que se convertirá en "el cuarto pilar del estado de bienestar". Afirmó que no vulnera las competencias autonómicas y emplazó a todos los grupos parlamentarios a buscar acuerdos cuando continúe el proceso de tramitación del texto. Eso será, previsiblemente, después del verano, cuando se empiecen a debatir el medio millar de enmiendas parciales presentadas por BNG (164), PP (143), CiU (70), EA (15), PSOE (14) y Coalición Canaria (7). También han presentado medio centenar de enmiendas, que probablemente se consensuarán con el PSOE, los grupos de IU-IV y Esquerra Republicana de Catalunya.