Cientos de inmigrantes sin papeles reclutados en Portugal trabajan de obreros en la costa valenciana

Cientos de inmigrantes trabajan sin papeles en la construcción de urbanizaciones y complejos turísticos en la costa valenciana. La desarticulación, el pasado martes, de una de las redes llevó a la detención de sesenta inmigrantes en el complejo Marina d'Or, en Oropesa. La red reclutaba a obreros moldavos, rusos, ucranios y brasileños en Portugal. El Gobierno cree que no es, ni mucho menos, "un caso único". Decenas de afectados abarrotaron ayer en Castellón el local donde Comisiones Obreras (CC OO) les convocó para informarles de sus derechos.

"La legislación española os reconoce unos de...

Cientos de inmigrantes trabajan sin papeles en la construcción de urbanizaciones y complejos turísticos en la costa valenciana. La desarticulación, el pasado martes, de una de las redes llevó a la detención de sesenta inmigrantes en el complejo Marina d'Or, en Oropesa. La red reclutaba a obreros moldavos, rusos, ucranios y brasileños en Portugal. El Gobierno cree que no es, ni mucho menos, "un caso único". Decenas de afectados abarrotaron ayer en Castellón el local donde Comisiones Obreras (CC OO) les convocó para informarles de sus derechos.

"La legislación os reconoce unos derechos laborales tengáis o no permiso de residencia"

"La legislación española os reconoce unos derechos laborales tengáis o no permiso de residencia". Ésta fue la principal idea que Luis Poveda, secretario de inmigración de Fecoma-CC OO del País Valenciano, quiso transmitir ayer al centenar largo de personas que se congregó en la sede del sindicato en Castellón, procedentes de Oropesa. Después de la operación desplegada por el Cuerpo Nacional de Policía y la Inspección de Trabajo en el complejo Marina d'Or, que acabó con la detención de 60 trabajadores por incumplimiento de la ley de extranjería, el subdelegado del Gobierno en Castellón, Juan María Calles, aseguró que tanto la policía como la inspección de Trabajo "tienen la percepción de que la red no es un caso único". Tampoco descartó nuevas operaciones contra la utilización clandestina de trabajadores en la construcción.

CC OO convocó ayer en Castellón el encuentro, a través de octavillas distribuidas en las obras. Con cierta prudencia fueron acudiendo los primeros, sobre todo moldavos, ucranios y brasileños, hasta que, finalmente, la sala prevista se quedó pequeña para albergar a todos. Algunos de ellos no accedieron hasta que otros compañeros, desde dentro, les aseguraron que todo transcurría con normalidad. "Solo hay periodistas, los del sindicato y algún abogado", les comunicaron.

Entre los asistentes se encontraban algunos de los que el martes fueron detenidos, por estar en España en situación irregular traídos como "trabajadores desplazados" por la empresa Rolarte Construcciones Do Marao, que les reclutó en Portugal, y a los que se ha abierto un expediente de expulsión. Poveda les informó de que cuentan con unos derechos laborales y que en el caso de que, tras la operación desplegada por la policía, sean despedidos pueden presentar demandas por despido improcedente.

Con un traductor de ruso como ayuda, varios representantes del sindicato fueron explicando las posibilidades de que disponen. Les informaron sobre la opción de tramitar una autorización de residencia a través de una fórmula del reglamento de la Ley de Extranjería como es el arraigo laboral. Esta exige la permanencia continuada en España durante un período mínimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales y demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a un año. La mayoría de ellos cumplen este requisito. Sin embargo, desde que entró en vigor el reglamento, en agosto de 2005, en la provincia de Castellón no se ha formulado ninguna petición en este sentido, tal como señalaron los dirigentes sindicales. "Acumulad pruebas", les sugirió Poveda, a la vez que insinuó que si conocen la existencia de otras redes de contratación ilegal las denuncien.

Las detenciones y la intervención de abogados y sindicatos han desvelado que muchos de los trabajadores arrestados, aunque carecen de papeles, se encuentran en Oropesa desde hace años. Esto demuestra que, tal como señaló Poveda, "podrían haber sido regularizados en el último proceso extraordinario abierto por el Gobierno español o podían haber reclamado el arraigo laboral" que les proporciona una autorización de residencia. El problema, en este caso, es que creían que estaban en una situación regularizada. Algunos de sus contratos establecen, incluso, cómo sus actividades profesionales podían desempeñarse en Portugal, en la Comunidad Valenciana o "en Oropesa". Y en las "nóminas" de algunos de ellos aparecen retenciones de la Seguridad Social portuguesa. "Somos conscientes de que hay muchos en estas condiciones", añadió Poveda.