Dos empresas del concejal de Economía de El Puerto mantienen impagos con la Hacienda local

Al menos dos empresas en las que figura como apoderado el concejal de Economía del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), Jaime Pombo, de Independientes Portuenses (IP), han mantenido impagos con la hacienda local, lo que obligó al equipo técnico de recaudación a establecer un recargo por demora de un 20% y advertir del inicio de la vía ejecutiva para reclamar el abono de los haberes. La deuda con la Hacienda local de las empresas representadas por el edil, Factor Inmobiliario del Sur y Gestión Arenillas S.A., ascendía a finales de 2005 a 17.468 euros.

Las sociedades, dedicad...

Al menos dos empresas en las que figura como apoderado el concejal de Economía del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), Jaime Pombo, de Independientes Portuenses (IP), han mantenido impagos con la hacienda local, lo que obligó al equipo técnico de recaudación a establecer un recargo por demora de un 20% y advertir del inicio de la vía ejecutiva para reclamar el abono de los haberes. La deuda con la Hacienda local de las empresas representadas por el edil, Factor Inmobiliario del Sur y Gestión Arenillas S.A., ascendía a finales de 2005 a 17.468 euros.

Las sociedades, dedicadas a la construcción y a la promoción inmobiliaria, fueron reclamadas por no hacer frente a sus obligaciones de pago en materia de plusvalías municipales, según constan en los decretos 4.490 al 4.510 emitidos por el Ayuntamiento. De hecho, estos decretos fueron firmados por el propio alcalde portuense, Hernán Díaz Cortés (IP), ya que la intervención del Ayuntamiento advirtió que el concejal de Economía no podía tramitar documentación municipal relativa a empresas en las que tenía intereses personales.

El hecho fue denunciado ayer por el candidato del Partido Andalucista a la alcaldía portuense, Antonio Jesús Ruiz Aguilar, quien expresó su sospecha de que otras diez empresas vinculadas con Jaime Pombo, ya sea por razones familiares o societarias, se encuentren en la misma situación de impago.

En estos casos, la información no ha podido ser confirmada porque, según el portavoz andalucista, el equipo de gobierno "nos ha impedido el acceso a la documentación, a pesar de tratarse de expedientes públicos". Según Ruiz Aguilar "desde que comenzamos a reclamar documentación relativa al estado de las cuentas de empresas vinculadas con el concejal no nos han vuelto a autorizar el acceso a los decretos, a pesar de haber registrado dos solicitudes reclamando el derecho a seguir viéndolos".

Ruiz Aguilar recordó que el acceso a documentos públicos es un derecho que "no sólo está recogido en la Constitución, sino que incluso figura en el Reglamento de Participación Ciudadana aprobado por el propio gobierno local".

El PA, en la actualidad sin representación municipal, reclamó una certificación de la tesorería municipal para conocer "con claridad y con datos" el estado de pago, a fecha de hoy, de todas las sociedades privadas relacionadas con el edil.

El portavoz calificó de "inmoral" que el concejal de Economía, "quien incluso ha ordenado el embargo de cuentas de ciudadanos por débitos mucho menores, intente eludir sus propias obligaciones de pago", por lo que pidió que dimita o sea cesado de sus actuales responsabilidades políticas "para evitar situaciones tan alarmantes como esta".

El caso del concejal de Economía enrarece aún más la situación del gobierno local portuense, donde el propio alcalde ha sido condenado a siete años de inhabilitación para cargo público por ser considerado culpable de un delito de prevaricación. La sentencia se encuentra recurrida ante la Audiencia de Cádiz.

La portavoz de IU, Pepa Conde, aseguró que estos hechos demuestran "que la descomposición que está sufriendo Independientes Portuenses es vergonzosa" y mostró su sorpresa "por el hecho de que personas vinculadas con empresas privadas puedan estar en el Ayuntamiento manejando una situación de privilegio".

Por su parte, el portavoz del PP, Aurelio Sánchez, manifestó ayer que "quedamos pendientes de las explicaciones que ofrezca el concejal" y censuró que IP "entienda el Ayuntamiento como un cortijo en el que quieren imponer sus propias leyes particulares sin tener las mismas obligaciones que el resto de ciudadanos".

Ninguno de los dos partidos que comparten responsabilidad de gobierno en el Ayuntamiento, IP y PSOE, valoraron ayer los hechos.

Por su parte, el edil denunciado reconoció ayer a través de un comunicado que ostenta desde el año 2001 el cargo de apoderado de las empresas, propiedad de su padre, Jaime Pombo Abarca, aunque asegura que "que ni tiene ni ha tenido ninguna participación accionarial, ni salarial en dichas sociedades". El edil aseguró que su participación en las sociedades es "fruto de una relación natural de confianza padre-hijo" y no aclara si la deuda contraída por Factor Inmobiliario del Sur y Gestión Arenillas con la hacienda local ha sido ya satisfecha. En relación con las dudas planteadas respecto al resto de las empresas bajo sospecha en las que concejal figura como administrador, según el mismo reconoció, Pombo afirmó que "no mantienen ningún proceso administrativo en vía ejecutiva ni de apremio por asuntos de deudas con el Ayuntamiento".