Bajo el síndrome de la nacionalización
Un escenario de inseguridad jurídica se expande por varios países de América Latina, donde empresas españolas llevan invertidos 87.700 millones, la novena parte del PIB nacional
La nueva ola de nacionalizaciones en América Latina, circunscrita hasta ahora a Venezuela y Bolivia y a los sectores del petróleo y el gas, pero que podría extenderse a otros países y a otras actividades económicas, ha sembrado la inquietud entre bancos y empresas españolas. Unos y otras llevan invertidos en Latinoamérica 87.700 millones de euros, una cifra que equivale a una novena parte del producto interior bruto nacional, y perciben ingresos anuales de esa región por un importe estimado de unos 47.000 millones.
Más del 95% del total de esas inversiones las han realizado siete compañ...
La nueva ola de nacionalizaciones en América Latina, circunscrita hasta ahora a Venezuela y Bolivia y a los sectores del petróleo y el gas, pero que podría extenderse a otros países y a otras actividades económicas, ha sembrado la inquietud entre bancos y empresas españolas. Unos y otras llevan invertidos en Latinoamérica 87.700 millones de euros, una cifra que equivale a una novena parte del producto interior bruto nacional, y perciben ingresos anuales de esa región por un importe estimado de unos 47.000 millones.
Más del 95% del total de esas inversiones las han realizado siete compañías (Repsol, Santander, BBVA, Telefónica, Endesa, Iberdrola y Gas Natural), y casi tres de cada cuatro euros desembolsados han ido a cuatro países (Argentina, Brasil, Chile y México).
Repsol YPF, que es la compañía más afectada por las nacionalizaciones (el 55% de sus activos está en América Latina), califica de "reto" la situación creada en Bolivia y Venezuela e insiste en negociar la aplicación del "nuevo proceso de gestión estatal de los recursos naturales", aunque advierte al tiempo que si no hay acuerdo entre la compañía y las autoridades defenderá sus derechos en los tribunales internacionales.
Bancos, empresas de telecomunicación y eléctricas resaltan que los decretos de nacionalización no afectan hasta ahora a su actividad, que ellos operan en países donde hay seguridad jurídica para el inversor, y que tienen voluntad de permanecer en la región y contribuir a su desarrollo económico.