El juez envía a prisión a la cúpula de la filatélica Afinsa por estafa masiva

El juez Santiago Pedraz ordenó ayer el ingreso en la prisión de Soto del Real (Madrid) de Juan Antonio Cano, presidente de Afinsa, del ex presidente Albertino de Figueiredo y de los consejeros Carlos de Figueiredo y Vicente Martín Peña, así como del proveedor de sellos Francisco Guijarro, por su presunta participación en un delito masa (fraude masivo) de estafa y otro de falsificación de cuentas anuales. El magistrado revocó los poderes del consejo de administración y nombró a un inspector de la Agencia Tributaria como administrador judicial, mientras Afinsa designaba a uno de los interventore...

El juez Santiago Pedraz ordenó ayer el ingreso en la prisión de Soto del Real (Madrid) de Juan Antonio Cano, presidente de Afinsa, del ex presidente Albertino de Figueiredo y de los consejeros Carlos de Figueiredo y Vicente Martín Peña, así como del proveedor de sellos Francisco Guijarro, por su presunta participación en un delito masa (fraude masivo) de estafa y otro de falsificación de cuentas anuales. El magistrado revocó los poderes del consejo de administración y nombró a un inspector de la Agencia Tributaria como administrador judicial, mientras Afinsa designaba a uno de los interventores.

El juez sostiene que hay un elevado riesgo de fuga y quiere evitar la destrucción de pruebas

El equipo jurídico de Afinsa, dirigido por el bufete Cuatrecasas, estudia la conveniencia de presentar un recurso contra la decisión del juez, pero mientras tanto, sostuvo que toda la operación es un "bluff" y que no hay estafa alguna. "Se trata", precisaron los letrados Santiago Milans del Bosch y Joaquín Burkhalter, "de una diferente interpretación de la naturaleza jurídica de los contratos entre Afinsa y sus clientes. Para Hacienda es un préstamo y tiene naturaleza financiera, mientras que para Afinsa se trata de una compraventa con pacto de retrocesión".

"La causa del problema", insistieron los letrados, "es que la actividad comercial de Afinsa no está regulada ni por el Banco de España ni por la CNMV".

El juez Pedraz considera que la investigación está en una fase muy inicial, pero a pesar de todo ordenó la prisión de los cinco imputados para eludir el "elevado riesgo de fuga" y para "evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba", cuyo riesgo es "todavía muy alto", puesto que faltan numerosas diligencias que practicar.

El magistrado destaca que "las penas previstas para los delitos imputados" -delito masa de estafa, contra la Hacienda Pública y falsificación de cuentas anuales- "podrían sobrepasar ampliamente los seis años" de prisión, lo que "podría aconsejar la huida de los imputados ante el temor a su imposición". Además, el juez recuerda "los vínculos económicos de los querellados con el exterior, la existencia de sociedades patrimoniales y las posibles salidas de fondos fuera de España", lo que constataría el elevado riesgo de fuga.

El auto recoge, sin embargo, la indicación del fiscal Alejandro Luzón, de que la medida de prisión no se prolongará más allá de lo necesario y que se valorará el mantenimiento de la medida cautelar una vez que se practiquen todas las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos, entre los que figuran el desprecinto de la sede central de Afinsa, lo que podría producirse el próximo martes.

Durante toda la mañana, los imputados defendieron ante el juez que su negocio era correcto y que no había perjuicio para nadie. Precisaron que el valor de los sellos que vendían era el de mercado y que no había estafa alguna.

Únicamente, los directivos de Afinsa reconocieron que su proveedor Francisco Guijarro les había vendido en una ocasión una partida de sellos manipulados, o quizá falsos. Pero que una vez que lo advirtieron, le obligaron a recomprar los timbres. Añadieron que en ese momento deberían haber denunciado los hechos, pero que finalmente no lo hicieron.

Guijarro, al que se encontraron 10 millones de euros en un zulo en su chalet de La Moraleja, admitió haber cometido un delito fiscal, pero también sostuvo que el valor de los sellos era el de mercado y rechazó la existencia de estafa.

Sin embargo, el juez aprecia que existen sólidos indicios racionales de criminalidad relativos a la comisión de un delito grave y un peligro serio de fuga, y "ello aun cuando los imputados de Afinsa den una explicación coherente del negocio".

Pero afirma Pedraz que "el informe de la Agencia Tributaria es contundente (máxime al concluir que Afinsa estaría en quiebra al tener un déficit patrimonial de 1.105.916.800 euros en el año 2004, siendo presumiblemente superior en el 2005), siendo al efecto el principal dato que obra en actuaciones y que implica directamente a los imputados".

El juez señala que quedan diligencias fundamentales por practicar, "a las que debe añadirse que existen otras sedes y lugares todavía no determinados, como posibles bienes a embargar o bloquear, siendo significativo que en el día de ayer apoderados no determinados intentaron disponer de los saldos (aproximadamente 1.500.000 euros) de unas cuentas de sociedades participadas por Afinsa al 100 % (Oikia y Munimer), cuentas de las que este Juzgado no tenía constancia, alegando los mismos que eran para pagar las fianzas de las personas que habían sido detenidas (cuando este Juzgado no ha fijado fianza alguna)".

También resulta significativo para el juez que a Francisco Guijarro se le hayan ocupado 10 millones de euros, los cuales según su declaración fueron satisfechos por Afinsa por los sellos que les vendía en el período entre 1998 y 2003. Si, de acuerdo con los datos de Hacienda, argumenta el juez, Guijarro habría vendido a Afinsa sellos por importe de 57.884.084 euros, resultaría que "si Afinsa compraba los sellos al 8 % del valor que luego fijaba al cliente, la conclusión es que Guijarro los adquiriría al 2 %, lo que avalaría en parte el informe de Hacienda, dando lugar al delito de estafa imputado, dada la consecuente sobrevaloración".