ERC amenaza con la destitución a sus altos cargos si encubren a quien no pague la cuota

La norma de cobro a dirigentes y empleados de la Generalitat se aprobó por unanimidad

Esquerra Republicana aprobó la semana pasada una modificación de su normativa interna que permite a la dirección del partido destituir a los cargos de la formación que tengan bajo su responsabilidad en las administraciones públicas a trabajadores que se nieguen a pagar cuotas al partido y no lo denuncien. El secretario de organización, Xavier Vendrell, introdujo esta modificación en una reunión en la que las bases le impidieron someter a votación otro punto que endurecía y ampliaba a cargos técnicos y funcionarios de áreas gobernadas por ERC la obligación de pagar cuotas.

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Esquerra Republicana aprobó la semana pasada una modificación de su normativa interna que permite a la dirección del partido destituir a los cargos de la formación que tengan bajo su responsabilidad en las administraciones públicas a trabajadores que se nieguen a pagar cuotas al partido y no lo denuncien. El secretario de organización, Xavier Vendrell, introdujo esta modificación en una reunión en la que las bases le impidieron someter a votación otro punto que endurecía y ampliaba a cargos técnicos y funcionarios de áreas gobernadas por ERC la obligación de pagar cuotas.

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La reunión del Consejo Nacional de Esquerra celebrada el sábado de la semana pasada vino precedida por un intenso debate entre las diferentes familias del partido en el sentido de garantizar el cobro de las aportaciones a la formación y aclarar y delimitar qué cargos y trabajadores de la administración deben pagar cuotas en función de lo establecido en su Carta Financiera.

Para ello el secretario de organización, Xavier Vendrell, presentó una propuesta de resolución que fue aprobada por los militantes y a la ha accedido EL PAÍS. Establece que: "Aquellas personas, electas o designadas, que no cumplan con sus obligaciones y encubran las situaciones descritas anteriormente [impago de cuotas entre otros aspectos] se considerarán, también, no merecedoras de la confianza del partido y, por tanto, no adecuadas para ocupar el cargo. En este momento deberán ser cesados de sus responsabilidades".

Ello obliga a los altos cargos de Esquerra Republicana a cesar a empleados de su área de gobierno si éstos, por su condición de no funcionarios, entran dentro del grupo de personas sujetas a pagar cuotas al partido y no cumplen con esta supuesta obligación. En este caso, el alto cargo encubridor de las situaciones de impago, podrá ser cesado. También podrán ser cesadas personas que no pongan en conocimiento de la dirección del partido supuestas situaciones de impago de la cuota en su entorno, tengan o no responsabilidades sobre los que no paguen.

El Consejo Nacional también dio luz verde a otra modificación de la Carta Financiera: "Cualquier persona, en un área de gobierno de Esquerra de ámbito local, comarcal, regional, nacional y en órganos estatales o internacionales, que sea beneficiada a nivel salarial por la designación, propuesta, contratación, ascenso o aumento de atribuciones realizada a instancias de ERC o por un cargo público electo designado por el partido, deberá someterse a la Carta Financiera y muy concretamente, a su artículo 9". Este artículo es el que establece las cuantías a pagar, algo que depende del nivel de ingresos de cada persona y que oscila entre el 4% y el 24% de su salario neto.

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Pero a pesar de establecer estos cambios en la Carta Financiera, el secretario de organización y finanzas no logró el apoyo suficiente para introducir otra modificación que, de haberse aprobado, abría la puerta a cobrar también a funcionarios.

El segundo punto de la resolución, que saltó del articulado sin ni siquiera someterse a votación reza: "Nadie podrá ampararse en la condición de no afiliado, técnico o en el carácter de su relación laboral o funcionarial a efectos de no cumplir con los compromisos y el espíritu de la Carta Financiera". Es decir, la cuota obligatoria se pretendía ampliar de los altos cargos y los empleados también a los funcionarios. Parte de la militancia consideró excesivo el nivel de detallismo que pretendía introducir Vendrell y, en aras del consenso, el secretario de organización republicano retiró este punto.

Ayer, en declaraciones a este periódico, Vendrell aseguró que promovió estos cambios en el redactado de la Carta Financiera para "clarificar las cosas" y para que "si pasaba lo que ha acabado pasando quedara claro que yo, como secretario de organización y finanzas, me limitaba a ejecutar lo que me ha encargado la dirección del partido". Vendrell destacó que los cambios en dicha carta fueron aprobados "por unanimidad" y que el punto segundo no llegó ni a someterse a votación. "Fue retirado con anterioridad", afirmó.

El secretario general de Esquerra, Joan Puigcercós, reiteró ayer que la obligación de pagar sólo afecta a cargos del partido en la administración y no a funcionarios. También quiso defender ERC recurriendo a la polémica del 3%, de presunta financiación ilegal de Convergència i Unió a través del cobro de comisiones en obras públicas, informa Oriol Aymí. "Hay quien hasta ahora se ha financiado con las famosas comisiones del 3%", dijo Puigcercós, que arremetió ayer especialmente contra CiU también por haber recibido 20,2 millones de euros en donaciones anónimas entre 1991 y 2002. "Estas donaciones son legales, pero nadie se cree que vengan de la buena voluntad de las personas o del patriotismo catalán", argumentó.

El secretario general de ERC, Joan Puigcercós.EFE

Peticiones de dimisión

El Partido Popular no dudó ayer en calificar de "impuesto revolucionario" las cuotas que Esquerra exige a sus cargos de confianza y a algunos trabajadores de la Generalitat. El portavoz parlamentario del PP catalán, Daniel Sirera, pidió la dimisión del secretario general del primer consejero, Xavier Vendrell, por haber enviado las cartas exigiendo estas cuotas como secretario de Organización y Finanzas del partido. Para el secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, el contenido de las misivas es "indecente en términos democráticos". El PP considera que podría existir un delito de extorsión, mientras que Convergència i Unió considera probable que existe uno por vulneración de la ley de Protección de Datos.

CiU sugirió ayer a la fiscalía que investigue el caso. El portavoz de Convergència, David Madí, que tuvo que dimitir como secretario de Comunicación del Gobierno de Jordi Pujol por un escándalo de falsificación de encuestas, también instó al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, a "tomar cartas en el asunto". Esta posición no es compartida por el PSC, que considera que son los republicanos, y no el Gobierno, los que deben explicarse. Sin embargo, el portavoz del PSC, Miquel Iceta, lamentó que los métodos de financiación de Esquerra "tienden a confundir la institución y el partido".

El PSOE también se distanció de ERC al asegurar que la Carta Financiera de los republicanos "no tiene nada que ver con las costumbres de los socialistas", aunque pidió "respeto" para Esquerra.

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