El Gobierno da marcha atrás en la aplicación de la ley antitabaco

La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, admitió ayer que aún no se ha decidido sobre quién recaerá la responsabilidad de aplicar la ley antitabaco. Esta declaración supone una marcha atrás con respecto a la decisión de Asuntos Sociales, que atribuyó dicha potestad a los ayuntamientos.

La aparente rectificación del Gobierno reabre el debate sobre qué administración es la competente para vigilar el cumplimiento de la norma antitabaco e imponer las sanciones. Azkarate afirmó que el informe jurídico del Ejecutivo atribuye estas funciones a los ayuntamientos, pero precisó que sólo en...

La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, admitió ayer que aún no se ha decidido sobre quién recaerá la responsabilidad de aplicar la ley antitabaco. Esta declaración supone una marcha atrás con respecto a la decisión de Asuntos Sociales, que atribuyó dicha potestad a los ayuntamientos.

La aparente rectificación del Gobierno reabre el debate sobre qué administración es la competente para vigilar el cumplimiento de la norma antitabaco e imponer las sanciones. Azkarate afirmó que el informe jurídico del Ejecutivo atribuye estas funciones a los ayuntamientos, pero precisó que sólo en los supuestos recogidos en la ley vasca de drogodependencias, aprobada en 1998. No obstante, añadió que para determinar quién se encargará de sancionar por consumir tabaco en lugares prohibidos "es necesario un desarrollo normativo que ahora no tenemos".

La decisión de trasladar la responsabilidad a los municipios, anunciada la semana pasada en dicho informe por la consejería de Asuntos Sociales, fue duramente contestada por los ayuntamientos de las tres capitales vascas, que expresaron su malestar por endosarles toda la responsabilidad sin consultarles y, en todo caso, reclamaron recursos humanos y económicos para hacer frente a esta nueva tarea.

La portavoz del Gobierno explicó que su informe establece dos posibilidades para regular en Euskadi la ley antitabaco. La primera sería la modificación de la ley de drogodependencias y la segunda, mantener la redacción actual y estudiar qué desarrollo normativo necesita la reglamentación de ámbito nacional.

Azkarate pidió "tranquilidad" para "evitar polémicas que no nos van a llevar a ningún sitio" y para poder "consensuar entre todos cuáles son las medidas más inteligentes y sencillas" para garantizar la aplicación de la ley. A su juicio, la sociedad está cumpliendo "de manera ejemplar" la prohibición de fumar en todos los centros de trabajo, públicos y privados, y las restricciones de consumo en bares y restaurantes. Finalmente, Azkarate indicó que el Gobierno se tomará el tiempo necesario para esclarecer la incertidumbre que rodea a este asunto. Dijo que se celebrarán reuniones con las instituciones afectadas, aunque no se han fijado todavía fechas porque "no es bueno andar con demasiadas prisas".

Ante la situación que se ha generado, el PSE-EE pidió ayer la comparecencia urgente del consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, para que explique en el Parlamento por qué no se está haciendo cumplir la ley antitabaco y se ha desviado toda la competencia sancionadora en los entes locales. La parlamentaria socialista Coral Rodríguez tachó de "escandalosa" la "inhibición del Gobierno" al poner de "pantalla" a los ayuntamientos.

El descontento entre los alcaldes va en aumento. Ayer se sumaron al coro de las protestas los alcaldes de Eibar, Iñaki Arriola, y el de Barakaldo, Tontxu Rodríguez, ambos socialistas. Los de Portugalete, Bergara e Idiazabal también son contrarios a las pretensiones del Gobierno.