San Sebastián y Vitoria rechazan que los municipios asuman las sanciones por fumar

El informe jurídico del Gobierno que atribuye a los municipios las sanciones por fumar en los lugares prohibidos por la ley Antitabaco ya ha provocado una reacción contraria en dos de los principales ayuntamientos vascos. San Sebastián y Vitoria criticaron ayer que se traslade otra carga más a los consistorios y reclamaron más medios materiales y humanos. El Ayuntamiento de Bilbao todavía está analizando el informe. Representantes de las tres capitales se reunirán el próximo lunes en San Sebastián para estudiar esta cuestión. La asociación municipal Eudel ha convocado otra cita para el jueves...

El informe jurídico del Gobierno que atribuye a los municipios las sanciones por fumar en los lugares prohibidos por la ley Antitabaco ya ha provocado una reacción contraria en dos de los principales ayuntamientos vascos. San Sebastián y Vitoria criticaron ayer que se traslade otra carga más a los consistorios y reclamaron más medios materiales y humanos. El Ayuntamiento de Bilbao todavía está analizando el informe. Representantes de las tres capitales se reunirán el próximo lunes en San Sebastián para estudiar esta cuestión. La asociación municipal Eudel ha convocado otra cita para el jueves con técnicos de las principales corporaciones.

"Nos quieren pasar el mochuelo a nosotros", se quejó el primer edil de Vitoria, Alfonso Alonso. El informe jurídico que encargó el Departamento de Asuntos Sociales, del que depende la Dirección de Drogodependencias, determina que los ayuntamientos son los competentes para imponer las sanciones por fumar en lugares no permitidos, mientras que las competencias de inspección recaen en todos los poderes públicos.

El alcalde vitoriano sostuvo que un informe jurídico encargado a la asesoría de su Ayuntamiento concluye "todo lo contrario" que el del Ejecutivo: que la corporación "no tiene que asumir ninguna responsabilidad". Censuró que otras instituciones hagan las leyes y los consistorios paguen "siempre".

Alonso esgrimió la tradicional queja de los municipios: que se les encomiendan servicios nuevos, pero no reciben las partidas económicas precisas para atenderlos. "Nosotros no podemos fijar horarios de bares, pero tenemos que controlarlos y ahora tenemos que sancionar a los que fuman donde no deben cuando la ley no hablaba para nada de los ayuntamientos", se quejó.

El alcalde de Vitoria se mostró decidido a que la ley se cumpla en cualquier instalación municipal, pero rechazó hacerse "cargo de todo". "Eso hay que discutirlo", agregó. Alonso puso el ejemplo de las ayudas de emergencia social impulsadas por el Gobierno: "Resulta que pone el 10% del dinero que hace falta y el resto, nosotros".

El Ayuntamiento donostiarra tampoco está de acuerdo con la tarea de imponer sanciones. Exige, si no le queda más remedio que asumir esa responsabilidad, un aumento de los recursos humanos y materiales para hacer frente a esa labor. El concejal delegado de Sanidad y Medio Ambiente, Denis Itxaso, señaló ayer que debe ser Eudel quien analice "en profundidad" si los ayuntamientos cuentan con suficientes recursos para proceder al control de una ley de cuya capacidad sancionadora se harían cargo.

Convocatoria de Eudel

El próximo lunes ya está prevista una reunión conjunta de los responsables de Sanidad de las tres capitales para analizar qué repercusiones puede acarrear el informe del Ejecutivo, que aún no ha recibido oficialmente el consistorio donostiarra.

Itxaso explicó que a la hora de controlar la aplicación de la ley Antitabaco hay que tener en cuenta dos supuestos: el control en las instalaciones de titularidad municipal y en los locales privados. "En ambos casos, el volumen de trabajo que se generará desborda los medios de que dispone actualmente éste y cualquier otro ayuntamiento, por lo que reclamamos un aumento de los recursos de los municipios para hacer frente a esta situación", subrayó.

En el caso de los locales privados, el Ayuntamiento de San Sebastián deduce que la Guardia Municipal sería la encargada de las labores de inspección y apertura del expediente sancionador, mientras la dirección de Sanidad impondría la sanción.

En cuanto a las instalaciones municipales, el consistorio ha encargado un informe jurídico y, según su borrador, quien encienda un cigarro en un espacio municipal será responsable de dicho acto y podrá ser sancionado. La vigilancia corresponderá al arrendatario de la instalación o al organizador del evento que se esté celebrando en ese momento. El propietario de la instalación, en este caso el Ayuntamiento, únicamente tendrá la obligación de advertir mediante carteles y señales la prohibición de fumar.

Un portavoz del Ayuntamiento de Bilbao precisó que el informe del Gobierno está aún en fase de estudio por la alcaldía y el área de Sanidad. "Estamos analizando los pros y los contras". Eudel ha convocado a técnicos de los principales ayuntamientos vascos a una reunión en Bilbao el próximo jueves, en el que se analizará cómo se debe actuar.