Trabajo anuncia avances en el diálogo sobre la Ley de Dependencia

El Gobierno y todas las comunidades autónomas abordaron ayer por primera vez la creación del futuro sistema nacional de atención a la dependencia. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se mostró satisfecho al constatar la "voluntad común" de las comunidades de participar en el sistema y aportarle recursos. Algunos consejeros mostraron reticencias sobre aspectos como la financiación y el respeto a las competencias.

El ministro Caldera y 17 consejeros autonómicos se reunieron ayer por espacio de tres horas en la conferencia sectorial de Asuntos Sociales con un solo pla...

El Gobierno y todas las comunidades autónomas abordaron ayer por primera vez la creación del futuro sistema nacional de atención a la dependencia. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se mostró satisfecho al constatar la "voluntad común" de las comunidades de participar en el sistema y aportarle recursos. Algunos consejeros mostraron reticencias sobre aspectos como la financiación y el respeto a las competencias.

El ministro Caldera y 17 consejeros autonómicos se reunieron ayer por espacio de tres horas en la conferencia sectorial de Asuntos Sociales con un solo plato fuerte: el anteproyecto de Ley de Dependencia aprobado por el Gobierno a finales del pasado diciembre. El texto prevé establecer el derecho de las personas que no se valen por sí mismas (dependientes) a recibir atención. La financiación de los cuidados (preferentemente públicos) correrá a cargo de la Administración central, las autonómicas y del beneficiario. Éste abonará una parte del coste del servicio. Su aportación dependerá del nivel de renta y patrimonio de que disponga el beneficiario y del tipo de cuidado que reciba.

Al término del encuentro, Caldera se mostró satisfecho de la "voluntad común" de todas las comunidades de participar en el sistema y de aportarle recursos. "Todas las instituciones van a cooperar para construir un nuevo sistema", dijo. Añadió que se garantizará a todos los españoles los mismos servicios. La iniciativa del Gobierno prevé que la Administración Central y las autonómicas (entre cuyas competencias figuran los servicios sociales) aporten la misma financiación para atender a las personas que no se valen por sí mismas (más de un millón, según el Gobierno). El ministro agradeció las aportaciones hechas por los consejeros y se mostró abierto a la posibilidad de incorporarlas antes de enviar el proyecto de ley al Parlamento, previsiblmente en primavera.

Diálogo para mejorar

Los consejeros se mostraron dispuestos a dialogar para mejorar la iniciativa del Gobierno, pero también expusieron pegas. El consejero vasco, Javier Madrazo (Izquierda Unida), criticó la "invasión de competencias". Añadió que hay tiempo para buscar un acuerdo y se manifestó optimista. En la misma línea, la consejera catalana Anna Simó (de ERC), precisó que lo que construye la ley "no es un sistema nacional de atención a la dependencia, sino un subsistema dentro del sistema público de servicios sociales". Aseguró que Cataluña hará las "aportaciones jurídicas, políticas y técnicas necesarias para tener una buena ley". Simó consideró que los convenios plurianuales para la financiación (criticados por el PP) son una "fórmula adecuada al sistema competencial existente". No obstante, apostó por un reparto más equitativo de las cargas financieras entre el Estado y las Comunidades.

Desde las comunidades gobernadas por el PP, la consejera valenciana Alicia de Miguel, destacó la importancia de contar con un sistema de atención a la dependencia y coincidió con el aspecto planteado por su homóloga catalana. Concretó que en torno al 72% de la financiación correrá a cargo de las comunidades y de los usuarios. Tanto ella como la consejera madrileña, Beatriz Elorriaga, consideraron que se trata de "una ley de mínimos" mejorable. Esta última aseguró que la posición del ministro es "demasiado triunfalista", pero y calificó la reunión de enriquecedora porque hay unanimidad para que salga adelante el proyecto, pese a su complejidad.

La consejera murciana, Cristina Rubio, también popular, estimó que la Ley de Dependencia "no garantiza" las prestaciones básicas de las personas dependientes. Añadió que se deben definir claramente cuáles serán sus derechos. Esta opinión va en la línea de la expresada el martes por la responsable de política social del PP, Ana Pastor, para quien la norma carece de concreción. El PP, partidario de un pacto de Estado sobre dependencia, lamenta que no se haya consultado a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

Caldera anunció que se estudiará la inclusión de los niños discapacitados de menos de tres años entre los beneficiarios de la atención (el PP criticó que el anteproyecto los deje fuera). Dijo también que se celebrará una nueva conferencia sectorial antes que el proyecto vaya al Congreso.