Graves incidentes en Haití tras la muerte de 25 emigrantes en un camión
La ONU y España niegan que los 'cascos azules' dispararan contra la multitud
En Juana Méndez, cerca del paso fronterizo de Dajabón, la tensión desembocó en tragedia durante la madrugada del viernes. Una multitud de haitianos esperaba los cadáveres de sus 25 compatriotas, que regresaban en el mismo camión donde murieron el martes asfixiados en su intento de entrar en República Dominicana. Varios cascos azules españoles y policías haitianos vigilaban la zona. La multitud se negó a aceptar un entierro en fosa común y comenzaron los incidentes. Hubo disparos al aire y dos haitianos muertos.
Todo comenzó cuando unas cinco mil personas cercaron el camión con lo...
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En Juana Méndez, cerca del paso fronterizo de Dajabón, la tensión desembocó en tragedia durante la madrugada del viernes. Una multitud de haitianos esperaba los cadáveres de sus 25 compatriotas, que regresaban en el mismo camión donde murieron el martes asfixiados en su intento de entrar en República Dominicana. Varios cascos azules españoles y policías haitianos vigilaban la zona. La multitud se negó a aceptar un entierro en fosa común y comenzaron los incidentes. Hubo disparos al aire y dos haitianos muertos.
Todo comenzó cuando unas cinco mil personas cercaron el camión con los cadáveres y lanzaron palos y piedras, exigiendo que los cadáveres fuesen identificados y enterrados de forma individual. El contingente de la ONU comenzó a disparar al aire para mantener el orden. Los disturbios, que se prolongaron durante varias horas, se saldaron con dos haitianos muertos por bala y siete heridos.
Tanto la Misión de la ONU para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) como el Ministerio de Defensa español negaron ayer que los disparos procedieran de los efectivos españoles allí desplegados. "No nos consta que hayan sido nuestros hombres, aunque estamos a la espera de más información", aseguró el portavoz de la ONU, Damián Onses-Cardona.
El comandante del batallón español que intervino en el incidente de Juana Méndez, Andrés F. Gacio, se desplazó ayer desde su base en Fort Liberté, al norte del país, al lugar de los hechos para recabar más datos. Gacio está al mando de 200 militares españoles y otros 164 cascos azules marroquíes, que vigilan el trafico de armas y de droga en esa zona vecina a República Dominicana.
La versión del Gobierno haitiano se hará publica en las próximas horas. El jefe de gabinete del primer ministro, Jean Junior Joseph, declaró ayer a este periódico que aún no dispone de fuentes fiables para confirmar que los disparos provenían de un agente de inmigración haitiano.
Sólo dos de los ataúdes pudieron ser descargados. El resto fue llevado de regreso a territorio dominicano con la escolta de miembros del contingente internacional y fueron enterrados en una fosa común en la República Dominicana, en la localidad vecina de Guayuco. Un millón de haitianos trabaja ilegalmente en el país vecino, en su mayoría en campos de cana de azúcar.
"Estamos indignados por el trato hacia nuestros compatriotas. El trafico inhumano de personas es lo que nos enfurece, y la culpa es de los gobiernos haitiano y dominicano, que son incapaces de resolver el problema", declaró Colette Lespinasse, dirigente de la organización de derechos humanos haitiana GARR (Grupo de Apoyo a los Repatriados Refugiados).
Debido a los incidentes, las autoridades dominicanas han ordenado el cierre de la frontera y el aumento de la vigilancia. La medida seguirá vigente hasta que la situación vuelva a la normalidad.
La comisión nombrada por el presidente dominicano, Leonel Fernández -quien prometió castigar a los culpables por "hechos tan lamentables que han provocado la pérdida de vidas"- sostuvo ayer la primera reunión para analizar lo ocurrido el martes.
Francisco Domínguez Brito, procurador general de la República (equivalente al ministro de Justicia), declaró que "todo aquel que sea responsable o haya participado de alguna manera en esta acción criminal será sancionado, sin importar la naturaleza de sus funciones o roles". Se investiga la posible implicación de autoridades civiles, de militares y de empresarios en la operación de tráfico de ilegales. Hasta el momento, han sido detenidos el conductor del camión, su asistente y una tercera persona. Se busca a otras cuatro señaladas por supervivientes.
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