Un nuevo reto para la Unión Europea

La negociación del presupuesto comunitario para el periodo 2007- 2013 sitúa a la Unión Europea ante un momento decisivo para el propio proceso de integración comunitaria. La ampliación a 10 nuevos países, culminada en mayo del año pasado, supuso un aumento considerable de las disparidades regionales en la Unión y ahora es preciso lograr un acuerdo presupuestario que nos dote de los recursos suficientes para integrar a los nuevos Estados miembros en las políticas de solidaridad europeas. Al mismo tiempo, el nuevo marco financiero que se va a discutir estos días en el Consejo Europeo debe garant...

La negociación del presupuesto comunitario para el periodo 2007- 2013 sitúa a la Unión Europea ante un momento decisivo para el propio proceso de integración comunitaria. La ampliación a 10 nuevos países, culminada en mayo del año pasado, supuso un aumento considerable de las disparidades regionales en la Unión y ahora es preciso lograr un acuerdo presupuestario que nos dote de los recursos suficientes para integrar a los nuevos Estados miembros en las políticas de solidaridad europeas. Al mismo tiempo, el nuevo marco financiero que se va a discutir estos días en el Consejo Europeo debe garantizar un reparto equitativo del esfuerzo financiero asociado al proceso de ampliación.

Para España, la negociación ha venido condicionada por dos decisiones que se adoptaron durante la anterior legislatura. La primera fue aprobar la ampliación de la Unión sin una cláusula de salvaguardia que asegurase a nuestro país un escenario financiero razonable una vez que los países del centro y el este de Europa se convirtieran en Estados miembros de pleno derecho. La segunda fue aceptar en el año 1999, cuando se negociaron las Perspectivas Financieras hoy en vigor, un aumento muy considerable de la contribución española al denominado cheque británico, en un momento en que países como Alemania, Países Bajos, Suecia o Austria reducían la suya considerablemente.

Como era de esperar con estos antecedentes, la propuesta inicial de la Comisión, presentada en febrero de 2004, no resultó precisamente favorable para los intereses españoles, toda vez que incluía una caída demasiado rápida y pronunciada de los recursos procedentes de Europa. Se trataba de una propuesta que exigía de nuestro país un esfuerzo excesivo a la hora de colaborar a la financiación de la ampliación.

¿De dónde surgían las dificultades para nuestro país? Fundamentalmente, de dos fuentes. La primera, el no reconocimiento del denominado "efecto estadístico" en el ámbito nacional. Pese a que España continuaba estando por debajo del 90% de la renta per cápita de la UE de los Quince, la incorporación de nuevos países con niveles reducidos de bienestar hacía que nuestro país superase artificialmente esa cifra, con la consiguiente pérdida del Fondo de Cohesión.

La segunda fuente del problema era el mantenimiento del cheque británico tal y como quedó configurado en 2000. Dado que el cheque cubre una parte del saldo negativo del Reino Unido con el presupuesto comunitario y que este saldo negativo aumenta como consecuencia de la ampliación, el resultado de la incorporación de 10 nuevos países a la Unión es un aumento considerable de la cuantía de ese cheque, circunstancia que perjudica especialmente a nuestro país en la medida en que financiamos una parte excesiva de esa compensación al Reino Unido.

Teniendo en cuenta las circunstancias anteriores, el Gobierno ha construido su posición negociadora sobre dos pilares esenciales. Nuestro país defiende una política estructural fuerte, como elemento clave para asegurar un nivel suficiente de cohesión económica y social en la Unión Europea. Al mismo tiempo, este objetivo tiene que ser compatible con un reparto equilibrado de la mayor carga financiera que inevitablemente surge como consecuencia de la incorporación de nuevos países al proceso de integración comunitaria.

España es consciente de que su situación económica relativa es hoy mucho mejor que en el año 2000 y que esta circunstancia debe reflejarse en una disminución sensible de nuestro saldo con el presupuesto comunitario. No nos encontramos ante un fenómeno nuevo: la diferencia entre lo que recibimos y aportamos al presupuesto de la Unión viene ya estrechándose de manera muy importante desde 2003. Lo que no es equilibrado es que el deterioro del saldo se produzca de forma demasiado abrupta y que nuestro país soporte una parte no equitativa del esfuerzo financiero asociado al proceso de ampliación de la Unión Europea.

Debíamos pues avanzar en los dos elementos que ya se han mencionado y que eran los que estaban detrás de lo que en Europa pasó a conocerse como problema español. El objetivo del Gobierno fue intentar mantener el Fondo de Cohesión durante un periodo adicional y conseguir algún resultado positivo en relación con el cheque británico.

Fruto de intensas negociaciones, España logró que la última propuesta presentada por la Presidencia luxemburguesa en el Consejo Europeo de junio de este año reflejara resultados importantes para nuestro país, que mejoraban la propuesta inicial de la Comisión. Nuestro país consiguió por primera vez que la Unión reconociera el efecto estadístico en el ámbito nacional, garantizando así que España continuaría recibiendo recursos del Fondo de Cohesión durante varios años después de 2007. En un contexto complicado por las presiones de los países más ricos, se mantuvieron además los regímenes transitorios para nuestras regiones y se garantizó, asimismo, que la Política Agraria Común no sufriría modificaciones de importancia durante el periodo 2007-2013.

Fueron logros significativos, sin duda, pero todavía insuficientes para resolver completamente el problema español. Por esta razón España no aceptó la propuesta de la Presidencia luxemburguesa y considera claramente mejorable el último documento presentado por la actual Presidencia británica, a pesar de que incluye una extensión del periodo transitorio del Fondo de Cohesión hasta el final de las próximas Perspectivas Financieras.

España está convencida de la necesidad de llegar a un acuerdo que fortalezca a Europa y que permita extender la solidaridad a los nuevos Estados miembros. Pero estamos también plenamente legitimados para exigir un acuerdo equitativo, que asegure que nuestro país va a seguir siendo receptor neto de fondos durante las próximas Perspectivas Financieras.

Si se logra un acuerdo razonable en relación con el cheque británico, el resultado final de la negociación será positivo para España. Y, a diferencia de lo que ocurrió en el año 2000, estaremos ante un acuerdo que no sólo será bueno para nuestros intereses durante el periodo 2007-2013 sino que nos situará en una posición favorable cuando tengamos que negociar las siguientes Perspectivas Financieras a partir del año 2014.

En primer lugar, porque se reducirá la cuantía del cheque y, con ello, se controlarán las aportaciones a realizar por España al presupuesto comunitario. En segundo lugar, porque el peso que se da en estas Perspectivas Financieras a todo lo relacionado con la innovación tecnológica es completamente coherente con la necesidad que tiene nuestro país de reducir nuestro retraso en este campo.

Pedro Solbes es vicepresidente económico del Gobierno.