Condenada una antigua lechería por enfermar a 90 personas hace 11 años
El presidente de una cooperativa lechera de Écija (Sevilla) ha sido condenado a un año y tres meses de cárcel y a pagar indemnizaciones que totalizan 208.139 euros a 23 consumidores por un brote de una enfermedad ganglionar derivada de una defectuosa esterilización de la leche. Como consecuencia de la contaminación, unas 90 personas de Écija y su comarca desarrollaron la enfermedad conocida como adenitis tuberculosa, pero sólo 23 llegaron al juicio, en el que reclamaron cuatro años de cárcel para dos procesados.
Los hechos ocurrieron a partir del 1 de agosto de 1994, cuando un control o...
El presidente de una cooperativa lechera de Écija (Sevilla) ha sido condenado a un año y tres meses de cárcel y a pagar indemnizaciones que totalizan 208.139 euros a 23 consumidores por un brote de una enfermedad ganglionar derivada de una defectuosa esterilización de la leche. Como consecuencia de la contaminación, unas 90 personas de Écija y su comarca desarrollaron la enfermedad conocida como adenitis tuberculosa, pero sólo 23 llegaron al juicio, en el que reclamaron cuatro años de cárcel para dos procesados.
Los hechos ocurrieron a partir del 1 de agosto de 1994, cuando un control ordinario detectó la presencia de fosfatasa en la leche, posible indicación de un mal funcionamiento de la máquina depuradora. Pese a ello, las bolsas con el producto fueron distribuidas a los consumidores.
El fallo del Juzgado Penal 11 de Sevilla impone a E.C.M., presidente de la cooperativa, un año y tres meses de cárcel y otros dos años y tres meses de inhabilitación para ejercer "cualquier profesión, oficio o comercio relacionado con la producción y distribución de leche".
Por su parte, el trabajador M.G.R., supuestamente responsable de que la leche ya pasteurizada se mezclase con la cruda, ha sido condenado a seis meses de prisión y a un año y medio de inhabilitación para el ejercicio de cualquier trabajo relacionado con la producción lechera.
La condena por delitos contra la salud pública, en concurso con 23 delitos de lesiones, recoge la atenuante de dilaciones indebidas en la administración de justicia por los 11 años que el caso ha tardado en juzgarse.
El juez impone el pago de distintas indemnizaciones de entre 6.000 y 19.000 euros a los perjudicados, la mayor de ellas a una mujer que estuvo un año enferma y además le ha quedado como secuela un perjuicio estético por un ganglio que dejó una cicatriz.