El laberinto del Estatuto catalán

El resultado de la votación del Pleno del Congreso que debatirá hoy la aceptación a trámite de la propuesta de nuevo Estatuto aprobada por el Parlamento catalán el pasado 30 de septiembre no arroja mayores dudas: se da por descontado que la Cámara tomará en consideración -con el pronunciamiento en contra del PP- la iniciativa autonómica. Pero esa mayoría de escaños no se mantendrá necesariamente unida a lo largo de las sucesivas etapas del camino que recorrerá la propuesta. La tramitación del proyecto de ley orgánica quedará sometida a las singularidades procesales de las reformas de los Estat...

El resultado de la votación del Pleno del Congreso que debatirá hoy la aceptación a trámite de la propuesta de nuevo Estatuto aprobada por el Parlamento catalán el pasado 30 de septiembre no arroja mayores dudas: se da por descontado que la Cámara tomará en consideración -con el pronunciamiento en contra del PP- la iniciativa autonómica. Pero esa mayoría de escaños no se mantendrá necesariamente unida a lo largo de las sucesivas etapas del camino que recorrerá la propuesta. La tramitación del proyecto de ley orgánica quedará sometida a las singularidades procesales de las reformas de los Estatutos aprobados a comienzos de la transición según el artículo 151 de la Constitución: la ponencia conjunta de la Comisión Constitucional estará formada -en el Congreso y en el Senado- por dos equipos de trabajo, uno de los cuales será designado por el Parlamento catalán. De añadidura, la Asamblea de la comunidad autónoma podría retirar su propuesta si no estuviese conforme -por mayoría absoluta- con las enmiendas introducidas en el nuevo Estatuto. El texto finalmente aprobado deberá ser sometido a referéndum en Cataluña antes de ser sancionado por el Rey.

Esa barroca tramitación no sólo crea una contraposición fáctica de legitimidades entre el Parlamento catalán (que aprobó el nuevo Estatuto por una abrumadora mayoría) y las Cortes Generales (en el caso de que rechazasen la propuesta o la enmendasen sustantivamente), sino que además dibuja un laberinto idóneo para todo tipo de emboscadas, inversiones de las alianzas y cambios de pareja durante el itinerario legislativo. Esas presumibles maniobras no serían tanto deslealtades políticas como la consecuencia de que los grupos parlamentarios partidarios hoy de tomar la propuesta en consideración podrían discrepar mañana -unos contra otros o dentro de su organización- sobre la justificación de las eventuales enmiendas.

De los cuatro grupos que aprobaron el nuevo Estatuto en el Parlamento catalán, sólo los nacionalistas -CiU y ERC- tienen asegurada la disciplina de voto de sus diputados por razones de dependencia jerárquica. Esa coherencia interna de cada formación nacionalista no se extiende, sin embargo, a las relaciones con sus competidores en el terreno ideológico: las discrepancias entre CiU y ERC respecto a las enmiendas votadas en las Cortes servirían como arma de combate en futuras guerras electorales. Aunque la lealtad partidista le presta un aparente monolitismo, el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso cuenta en sus filas con 21 diputados que obtuvieron el 14-M sus escaños en las listas del PSC; además de haber votado el 30 de septiembre la propuesta del Parlamento catalán, el PSC es el eje del Gobierno tripartito (formado por los socialistas, ERC e ICV) y el principal impulsor del nuevo Estatuto. Dado que la Ejecutiva del PSOE -de la que forman parte dos dirigentes del PSC- se comprometió a enmendar drásticamente la propuesta, es probable que los socialistas catalanes padezcan durante su tramitación un prolongado ataque de esquizofrenia política.

Sobre el trasfondo de las tensiones en el seno del Grupo Socialista (según que sus parlamentarios hayan sido elegidos en Cataluña o en el resto de España) y de las conflictivas relaciones de los nacionalistas catalanes entre sí y con el PSOE (un factor divisorio capaz de provocar unas elecciones autonómicas y generales anticipadas), el PP intentará sacar el máximo provecho del turbulento panorama regalado por los hados. Los dirigentes populares parecen vacilar entre el boicoteo parlamentario a la tramitación de la propuesta, la presentación de enmiendas meramente propagandísticas y la participación activa en la Comisión Constitucional. Si Zapatero tendrá hoy la oportunidad de fijar de manera inequívoca la posición del Gobierno sobre la modificación del nuevo Estatuto, Mariano Rajoy también dispondrá de una buena ocasión para aclarar si el principal partido de la oposición está dispuesto a recorrer en compañía de los restantes grupos el incierto camino de la negociación sobre el Estatuto de Cataluña o prefiere mantenerse en el laberinto de la soledad.