Democracia y Constitución europea
El sí del pueblo luxemburgués del pasado domingo abre un nuevo capítulo en el proceso de ratificación de la Constitución Europea. Muestra, tras las aprobaciones de los Parlamentos chipriota y maltés y en vísperas del belga, que la reflexión no excluye la acción, antes bien la refuerza si se tiene un objetivo claro. Bienvenido sea, pues, el debate.
Aprobar la Constitución no consiste simplemente en pasar los engorrosos trámites de sellar y ratificar un complejo texto. Se trata de una apuesta muy fuerte que requiere esfuerzo y dedicación. El precedente de los Estados Unidos es ilus...
El sí del pueblo luxemburgués del pasado domingo abre un nuevo capítulo en el proceso de ratificación de la Constitución Europea. Muestra, tras las aprobaciones de los Parlamentos chipriota y maltés y en vísperas del belga, que la reflexión no excluye la acción, antes bien la refuerza si se tiene un objetivo claro. Bienvenido sea, pues, el debate.
Aprobar la Constitución no consiste simplemente en pasar los engorrosos trámites de sellar y ratificar un complejo texto. Se trata de una apuesta muy fuerte que requiere esfuerzo y dedicación. El precedente de los Estados Unidos es ilustrativo, con una tormentosa ratificación en los 13 Estados tras la Convención de Filadelfia en la que fue decisiva la batalla por el Estado de Nueva York. En efecto, sus representantes abandonaron la Convención y no votaron el texto, el gobernador estaba en contra y hubo un intento de secesión para gozar de su mayor prosperidad. Los Federalist Papers fueron el instrumento de combate de Hamilton, Madison y Jay para ganar la batalla en la prensa. Nueva York sólo se rindió tras la novena ratificación, en este caso sin referendos.
Decir que Europa está en crisis no requiere un ojo clínico particularmente agudo. Cosa muy diferente es el posible tratamiento, porque las crisis son puntos de inflexión, momentos de cambio crucial y de decisión: ¿es ésta una crisis terminal que justificaría ahorrar sufrimientos a un enfermo agonizante o, por el contrario, es una crisis de madurez que se abre paso gracias al primer debate político general sobre Europa? En mi opinión, puede ser una gran oportunidad para consolidar la Unión Europea como primera democracia supranacional de Estados y ciudadanos o, si no, retroceder a una simple zona de librecambio.
Con innegable maestría política, Blair ha presentado el programa semestral de la Presidencia británica en el Parlamento Europeo centrando sus prioridades en "la reforma económica y la justicia social, la seguridad y la estabilidad y el papel de Europa en el mundo" y colocando de modo significativo "las perspectivas financieras y la reforma de la Política Agrícola Común" en cabeza (www.eu2005.gov.uk). Conste que la más estimable iniciativa de la Presidencia británica es su ofensiva africana, de cancelación de la deuda y sobre el cambio climático. Dos omisiones significativas en el programa: cómo fomentar la reflexión sobre la Constitución y qué hacer con el cheque británico. Silencios que se comprenden: el primero, porque pone el dedo en la llaga del debate existencial de la sociedad británica desde hace medio siglo; el segundo, por razones tácticas. El programa consiste en abrir o reabrir debates cuando no es esto lo que ha faltado en las instancias políticas de la Unión Europea en los últimos años; el problema es más bien saber concluirlos con decisiones y aplicarlas.
En cuanto a las medidas concretas a adoptar, es significativo que serían más eficaces si la Constitución estuviera en vigor. Tres prioridades son ilustrativas:
- La seguridad y estabilidad es la primera, de dramática actualidad. En la lucha contra el terrorismo es importante avanzar en el Plan de Acción de La Haya, en particular con la aprobación del mandato de arresto europeo. Ahora bien, la configuración del espacio de libertad, seguridad y justicia tal como está en la Constitución supondría un poderosísimo refuerzo en los planos policial y judicial para luchar contra el terrorismo, la criminalidad internacional o el tráfico de personas en la inmigración ilegal.
- La reforma económica y la justicia social, capítulo en el que se plantea una primera cuestión sobre la que Blair fue especialmente prudente, al no formar parte el Reino Unido por el momento del Club del Euro, aunque tenga pendiente también un referéndum sobre su entrada. Es evidente que la Eurozona es el núcleo decisivo en términos de política económica y social, aunque se comparta por todos la estrategia de Lisboa, revisada a mitad de camino con el Informe Kok.
La realidad no es, sin embargo, tan maniquea como pretenden los que presentan una dinámica economía británica frente a un anquilosado bloque continental. Las economías más competitivas de Europa siguen siendo las nórdicas, y los resultados británicos en términos de crecimiento y empleo no están muy lejanos de los españoles. Quizá la cuestión no sea tanto proclamar las virtudes de un modelo en el que "si los desreguladores tuvieran razón, Gran Bretaña debería tener un vibrante sector privado, reclutando entusiásticamente trabajadores adicionales" como han señalado J. Edmonds y A. Glyn sino la de una buena política expansionista al viejo estilo keynesiano, consistente en masivas inversiones en hospitales, escuelas y sistemas de transporte a partir del año 2000 que han dinamizado una economía que pierde productividad y base manufacturera.
En todo caso, el programa de la Presidencia británica menciona tres temas legislativos concretos en los que tiene posiciones contrastadas con el Parlamento Europeo: el tiempo de trabajo, la liberalización de los servicios y REACH (regulación de productos químicos). Su flexibilidad será una útil medida sobre su voluntad de codecidir democráticamente cuestiones muy sensibles, en un momento en que precisamente la Constitución define y consagra por primera vez el modelo social europeo.
- Las perspectivas financieras es otro frente que el Gobierno británico ha decidido no sólo mantener abierto sino ampliar. De un ejercicio plurianual que inventamos en los ochenta para hacer frente a los nuevos desafíos se ha pasado a un perverso mecanismo que rompe con todas las reglas de transparencia y solidaridad exigibles. Así, el plazo 2007-13 no coincide con ningunas elecciones, lo cual permitiría un debate sobre ingresos y gastos elemental en todo sistema democrático. No les falta razón a los nuevos socios que sufrieron otrora la planificación quinquenal cuando se quejan de que ahora la tienen septenal, agravada por acuerdos como el relativo a la política agrícola desde 2002 hasta 2013, que afecta a casi la mitad del presupuesto. En este punto, la Unión Europea está jugando una partida en las negociaciones de la Ronda de Doha que deben concluir en diciembre en Hong Kong en donde es el único interlocutor que ha puesto sus cartas sobre la mesa, seguramente conviene esperar a que lo hagan los EE UU, Japón, Brasil, India, China y otros para avanzar. La única salida a esta situación es lograr un acuerdo transitorio hasta las próximas elecciones europeas, incluido el cheque británico, para plantear las prioridades de gasto a los ciudadanos. Opción apuntada tímidamente por el presidente de la Comisión y con más firmeza por el primer ministro húngaro. En este terreno también el texto constitucional contiene avances importantes como el someter también los gastos agrícolas a la codecisión del Parlamento Europeo aunque no se haya logrado integrar plenamente el tema impositivo en las competencias comunitarias.
En todo caso, el sí luxemburgués tiene el valor de devolver la confianza en la tesis ganadora: son ya mayoría absoluta los Estados que han ratificado la Carta Magna y también los ciudadanos (proporción que se eleva al 60% en el caso de la Eurozona). Pero, sobre todo, vuelve a dar sentido a uno de los procesos más sugestivos y revolucionarios (como revolución tranquila) de nuestra época: la creación de una democracia supranacional con dimensión continental entre Estados y ciudadanos.
Para lograrlo, hay que ganar la batalla de demostrar la utilidad del Tratado Constitucional para la afirmación de principios, valores y objetivos comunes, en especial los de progreso político, social y prosperidad económica y la necesidad de un sistema más eficaz que supere las insuficiencias del actual y proporcione seguridad adicional. Tony Blair, que ha proclamado reiteradamente su voluntad de colocar al Reino Unido en el corazón de Europa, tiene una oportunidad de oro para aprovechar esta baza si reorienta su Presidencia con la inclusión de la Constitución como norte de su acción.
Enrique Barón Crespo es presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo.