Fabra se niega a responder a la juez y al fiscal

El presidente del PP de Castellón y de la Diputación Provincial, Carlos Fabra, se acogió ayer a su derecho constitucional a no responder a las preguntas formuladas en el interrogatorio judicial sobre el presunto delito fiscal del que le acusa la Agencia Tributaria. Fabra eludió responder tanto a las cuestiones de la acusación pública (abogado del Estado y fiscal Anticorrupción) como a las de la acusación popular (Unión de Consumidores) e, incluso, a las de la titular del juzgado número 1 de Nules, donde se instruye el procedimiento por la posible comisión de uno o varios delitos contra la Admi...

El presidente del PP de Castellón y de la Diputación Provincial, Carlos Fabra, se acogió ayer a su derecho constitucional a no responder a las preguntas formuladas en el interrogatorio judicial sobre el presunto delito fiscal del que le acusa la Agencia Tributaria. Fabra eludió responder tanto a las cuestiones de la acusación pública (abogado del Estado y fiscal Anticorrupción) como a las de la acusación popular (Unión de Consumidores) e, incluso, a las de la titular del juzgado número 1 de Nules, donde se instruye el procedimiento por la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración Pública y por un presunto delito fiscal.

La comparecencia se requirió tras la denuncia de fraude fiscal que sostiene que, en el ejercicio de 1999, el presidente del PP de Castellón dejó de ingresar cuotas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por 150.000 euros. Además, según la inspección, Fabra registró un incremento patrimonial que no se corresponde con sus ingresos y no ha justificado los medios de pago de una parcela que compró en una urbanización ubicada junto a un campo de golf, en el término castellonense de Borriol.

Carlos Fabra alegó, para negarse a declarar, que la juez de Nules no es competente en la instrucción de la causa, y sostuvo que está pendiente de resolución un recurso tras la consideración de la propia juez de que existe una conexión entre los hechos por los que está siendo investigado (el presunto cobro de favores políticos) y su posible fraude a Hacienda. En la mañana de ayer, este recurso, ante la Audiencia Provincial de Castellón, no estaba presentado. Fabra tiene de plazo hasta el viernes para presentarlo.

Durante los minutos que Fabra estuvo en la sala, únicamente el abogado de la acusación popular representada por la Unión de Consumidores, Virgilio Latorre, y el letrado que defiende a Vilar, también encausado por la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración Pública, formularon preguntas pese a saber que no iban a obtener respuesta. Latorre quiso dejar constancia de su interés por que Fabra detallara los ingresos en efectivo, cifrados en 600.000 euros, cuya procedencia no ha justificado, así como de por qué realizaba los ingresos fraccionados ya que, en la mayoría de las ocasiones, se efectuaban de 500.000 en 500.000 pesetas, cantidad a partir de la cual los bancos han de comunicar la operación al Banco de España para contabilizarla a efectos fiscales.

El abogado de Vilar, Juan Navarro, se quedó sin respuesta a su pregunta de si los ingresos en efectivo efectuados en julio y septiembre son fruto del dinero que le entregó el empresario a Fabra por la mediación para lograr la autorización de sus productos fitosanitarios. Con su negativa a declarar, el presidente de la Diputación de Castellón ha ganado alrededor de tres meses, tiempo que tardará en resolverse el recurso que anuncia que presentará ante la Audiencia provincial.

Con un homenaje convocado por su entorno en los próximos días, Fabra no se presentó ayer rodeado del elenco de cargos públicos y orgánicos que le acompañaron en otras declaraciones. A la salida, en medio del tumulto con los periodistas, uno de sus guardaespaldas golpeó a un redactor gráfico.