Bruselas quiere reducir el cultivo de azúcar en los países del sur
El Ministerio de Agricultura y el sector se unen frente a la propuesta
Ni transferencias de cuotas entre los países miembros, ni recorte proporcional de las mismas. Bruselas ha optado, según la propuesta de reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) para el azúcar, por alentar las políticas de abandono del cultivo. Así lo prevé, fundamentalmente, para los países del sur de la Unión Europea, incluyendo España, y otros como Irlanda o Hungría, como el mejor instrumento para eliminar los excedentes de azúcar en el seno de la UE. La medida responde a los intereses de los productores de Alemania y Francia, los países con mayores rendimientos y excedentes, y per...
Ni transferencias de cuotas entre los países miembros, ni recorte proporcional de las mismas. Bruselas ha optado, según la propuesta de reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) para el azúcar, por alentar las políticas de abandono del cultivo. Así lo prevé, fundamentalmente, para los países del sur de la Unión Europea, incluyendo España, y otros como Irlanda o Hungría, como el mejor instrumento para eliminar los excedentes de azúcar en el seno de la UE. La medida responde a los intereses de los productores de Alemania y Francia, los países con mayores rendimientos y excedentes, y perjudicaría a los menos competitivos y e incluso deficitarios.
En España, Administración y sector desarrollan, desde hace un año, una campaña para modificar las propuestas de la actual comisaria Mariann Fischer. No se ha tirado la toalla y se espera mejorar el documento. Ambas partes coinciden en que esta propuesta puede suponer la desaparición del cultivo en los países con los menores rendimientos.
Para el secretario general de Agricultura, Fernando Moraleda, Bruselas quiere ir mucho más lejos de las exigencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y no contempla el impacto negativo que tendría esa reforma sobre amplias zonas del territorio. Frente a una cuota de 17,4 millones de toneladas, la producción de azúcar comunitario suele rondar los 20 millones, lo que supone unos elevados excedentes, sobre todo, en los países del norte, parte de los cuales se colocan con ayudas en el exterior.
Ante las exigencias de la OMC de eliminar apoyos para esas exportaciones y una mayor apertura de fronteras, Bruselas se ha planteado como primer objetivo reducir la producción por la vía de incentivar el abandono en los países menos productores. En esa línea, la propuesta de reforma se concreta, entre otros, en puntos como reducir en dos años el precio de intervención del azúcar un 39% y un 43% en los precios de la remolacha. Como hizo ya la UE en otros cultivos, ese recorte sólo se compensará a los cultivadores en un 60% mediante ayudas directas como pago único.
Otras compensaciones
La rebaja de los precios se interpreta como una medida encaminada a desanimar el cultivo en las zonas con menores rendimientos. Por otra parte, la fijación de un alto porcentaje de pagos desacoplados (cobrar sin cultivar) como pago único a razón de 12,5 euros por tonelada, supone la posibilidad de percibir casi 1.000 euros por hectárea, lo que puede animar a miles de remolacheros a cobrar esa ayuda y dedicar la tierra a otros cultivos.
La propuesta contempla, igualmente, una prima añadida de 4,6 euros por tonelada de cuota remolachera que abandone el agricultor en el primer año de la reforma. En la estrategia para lograr abandonos, igualmente se contemplan compensaciones para el cierre de plantas y venta de cuotas por parte de las industrias a razón de 730 euros por tonelada el primer año, 625 en el segundo, 520 el tercero y 420 el cuarto año.
Para el desarrollo de este proceso de ajuste, la propuesta contempla aplicar una tasa por tonelada de cuota de azúcar de 126,4 euros el primer año, 91 euros el segundo año y 64,5 euros el tercer año, lo que supondría un fondo de reestructuración de unos 4.000 millones de euros.
La OMC decidió en octubre del año pasado considerar ilegales las subvenciones comunitarias a la exportación de azúcar, decisión ratificada en abril por el tribunal de arbitraje de la OMC.