Los bolivianos luchan por su petróleo

La propiedad de los hidrocarburos ha generado los mayores conflictos sociales en Bolivia. Sólo en el último año y medio, esta cuestión forzó la salida de dos presidentes en uno de los periodos de mayor enfrentamiento civil en la historia del país. El problema sigue latente. La reciente dimisión del presidente Carlos Mesa tras la última revuelta, y la designación del ex presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, como nuevo jefe del Estado, sólo ha sido una salida a la crisis antes de que desembocara en una guerra civil. Bolivia ha ganado un poco de tiempo. Rodríguez, como él mismo ha di...

La propiedad de los hidrocarburos ha generado los mayores conflictos sociales en Bolivia. Sólo en el último año y medio, esta cuestión forzó la salida de dos presidentes en uno de los periodos de mayor enfrentamiento civil en la historia del país. El problema sigue latente. La reciente dimisión del presidente Carlos Mesa tras la última revuelta, y la designación del ex presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, como nuevo jefe del Estado, sólo ha sido una salida a la crisis antes de que desembocara en una guerra civil. Bolivia ha ganado un poco de tiempo. Rodríguez, como él mismo ha dicho, hará las reformas legales necesarias para la convocatoria de unas elecciones de las que salgan renovados todos los poderes públicos. Parece que la patata caliente del gas y el petróleo pasará al Gobierno siguiente.

Si la nacionalización del sector se lleva a cabo, será la tercera en la historia del país

Nueve de las 13 principales organizaciones sindicales, indígenas y campesinas bolivianas piden la nacionalización de los hidrocarburos, con lo que hay pocas posibilidades de que el tema se enfríe. "La propiedad del gas y del petróleo nunca ha dejado de ser del Estado boliviano", explica Ronald Fesi, portavoz de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, que aglutina a las petroleras que operan en el país. "Por tanto, la nacionalización que se exige es, en realidad, una expropiación de los activos de las compañías. No sabemos qué va a suceder. La ley energética que se aprobó hace casi un mes da de plazo hasta noviembre para modificar los contratos firmados por las compañías extranjeras con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pero las empresas todavía no han sido convocadas a ninguna reunión para discutir los cambios".

"Aún no está claro cuál es la pretensión de los movimientos sociales. No hay una propuesta única", dice Carlos Arce, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). "Si se analizan las diferentes demandas, se concluye que para los manifestantes la última ley de Hidrocarburos no garantiza suficientemente la propiedad del Estado sobre el gas y el petróleo. Creen que la carga fiscal de las empresas no llega al 50%, que las petroleras conservan demasiado poder sobre los órganos de control estatales y que la propiedad pública sobre los hidrocarburos se incrementa a medias. La mitad del negocio, la exploración y producción, sí pasan a YPFB, pero las de mayor valor añadido, la de refino y comercialización, no. YPFB debería poder exportar no sólo materia prima, sino también gasolinas y gasóleos, como hacen otras estatales como la brasileña Petrobras o la venezolana PDVSA", añade Arce.

Fuentes de Repsol YPF han señalado que, como todos, ahora hay que dar un respiro al nuevo Gobierno y que esperarán a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. La petrolera hispanoargentina es, junto a Petrobras, el grupo extranjero con mayor presencia en Bolivia entre los 25 que suscribieron contratos para la explotación del gas y petróleo. Entre 1996 y 2004, estos grupos extranjeros invirtieron unos 3.500 millones de dólares, casi la mitad del PIB boliviano. Este auge petrolero fue el que colocó a las reservas de gas de Bolivia en el segundo puesto entre las de América del Sur, sólo por detrás de Venezuela.

Los detractores de la nacionalización sostienen que si se lleva a cabo, Bolivia no sólo perderá la inversión extranjera que necesita para seguir desarrollando su sector, sino que, además, quedará al margen de los grandes proyectos energéticos regionales. En estos días se ha hablado mucho en La Paz sobre las conversaciones de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay con Perú para comprar el gas del yacimiento de Camisea. Brasilia y Buenos Aires quieren asegurarse otro proveedor aparte de Bolivia, calificado de inseguro. En cambio, los que están a favor de refundar YPFB creen que sólo con una petrolera estatal fuerte, Bolivia podrá participar en el proyecto impulsado por Venezuela, Argentina y Brasil para crear una gran empresa regional llamada Petrosur.

Si la nacionalización del sector de hidrocarburos se lleva a cabo, será la tercera en la historia del país. El primer desengaño de Bolivia con una petrolera extranjera data de 1936. Tras la derrota en la guerra con Paraguay, el Gobierno boliviano no sólo reprochó a la Standard Oil de Nueva Jersey (hoy ExxonMobil), una de las empresas del imperio petrolero de John Rockefeller, no haberle ayudado suministrándole carburantes, sino que además la acusó de venderle petróleo a sus enemigos. Con los activos de la compañía estadounidense, Bolivia creó YPFB. Una segunda nacionalización se produjo en 1969 con la expulsión de la también estadounidense Gulf Oil a raíz de una supuesta jugarreta desleal de la compañía con el contrato de suministro de gas a Argentina. El tercer intento también tiene un origen fuertemente patriótico, puesto que el detonante fue el intento de exportar gas a EE UU a través de Chile, el país que arrebató a Bolivia la salida al mar tras la guerra de 1879.