Hoy todos no somos iguales ante la ley

Respetar y cumplir la ley es una obligación de todo ciudadano en una sociedad democrática. Si ese ciudadano es un representante político con responsabilidades institucionales en gobiernos o en parlamentos, su deber aumenta porque dispone de una facultad que la ciudadanía ha depositado en él para, si lo cree conveniente, modificar, mejorar, elaborar o anular leyes. Las sentencias de los tribunales, cuando son firmes, deben ser cumplidas por los sentenciados y, en su defecto, ejecutadas por quienes las dictan a través de los instrumentos democráticos que están al servicio del Poder Judicial.
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Respetar y cumplir la ley es una obligación de todo ciudadano en una sociedad democrática. Si ese ciudadano es un representante político con responsabilidades institucionales en gobiernos o en parlamentos, su deber aumenta porque dispone de una facultad que la ciudadanía ha depositado en él para, si lo cree conveniente, modificar, mejorar, elaborar o anular leyes. Las sentencias de los tribunales, cuando son firmes, deben ser cumplidas por los sentenciados y, en su defecto, ejecutadas por quienes las dictan a través de los instrumentos democráticos que están al servicio del Poder Judicial.

El Concierto Económico y los representantes políticos no estamos ni al margen, ni por encima de los tribunales. Los ciudadanos nos respetamos si somos iguales ante la ley, si tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Si, por el contrario, el estatus o el poder permiten distinciones, el resultado final será el de sálvese quien pueda.

No extraña que el PNV desafíe a los tribunales, pero sí que lo haga un partido como el PP

Lo sucedido el pasado lunes, día 13, en las Juntas Generales de Álava pone de manifiesto un desajuste en el comportamiento democrático del Gobierno de la Diputación Foral y en el pleno de su Cámara parlamentaria que es necesario corregir cuanto antes. Hace algunos años el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular tomaron la decisión de reducir el tipo del Impuesto sobre Sociedades del 35% al 32,5%. Aquella decisión tuvo el voto contrario del Partido Socialista, pero fue una decisión democrática y como tal la aceptamos. En fechas posteriores la federación de empresarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja, apoyados por el Partido Popular desde el Gobierno de La Rioja, inician un proceso judicial contra esta reducción del impuesto y finalmente consiguen una sentencia firme del Tribunal Supremo. En la citada sentencia no se da ninguna posibilidad de interpretar qué sucede con el tipo del Impuesto del 32,5%, porque directamente lo anula, devolviéndolo a su origen anterior del 35%. Con esta sentencia, el Gobierno Foral de Álava del PP, envía a las Juntas Generales un Decreto Normativo de Urgencia Fiscal, enfrentándose con el Tribunal Supremo y volviendo a legislar en el 32,5%.

Ante esta propuesta del Gobierno Foral, los socialistas solicitamos que no se traslade más inseguridad jurídica en sus obligaciones tributarias, que no se desafíe al Tribunal Supremo y que el Gobierno foral proceda a la retirada del decreto, el respeto y cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. Y, de no ser así, que se pudiera visualizar mediante votación nominal pública que nosotros estábamos en contra de formalizar un acto de supuesta prevaricación.

A partir de aquí se han sucedido las opiniones, las iras y los nerviosismos de algunos, sin estar claro el por qué. Se supone que los equivocados somos los socialistas. Se supone que el diputado general de Álava, su gobierno y su partido, como no podía ser de otra forma, han actuado bien, dentro de la legalidad con respeto a las leyes y tribunales. Entonces, ¿por qué preocuparse de que los socialistas vayamos a la Fiscalía?

Probablemente el nerviosismo y la preocupación del diputado general de Álava y de su diputado de Hacienda proviene de que saben que se han enfrentado al Tribunal Supremo, saben que han utilizado su poder político, su poder público, para saltarse la sentencia y para burlar la ley si lo que esta dice no les conviene.

No extraña que el Partido Nacionalista Vasco desde su estrategia soberanista desafíe a los tribunales y pretenda echarles un pulso, sería uno más. Sí resulta extraño que lo haga el Partido Popular, ese partido de la ley y el orden. Aumenta la extrañeza cuando además lleva días liderando la opinión de ese desafío. El PP viene a decirnos que, por dinero, sí esta justificado perder los principios y agredir al Estado de Derecho.

Cualquier otra interpretación o comentario es puro fuego de artificio para, con su ruido, tratar de encubrir que, de momento, todos no somos iguales ante la ley.

Juan Carlos Prieto es portavoz del PSE-EE en Álava.