España recibe con disgusto la propuesta final

El Gobierno español recibió anoche como un jarro de agua fría la última propuesta de la presidencia luxemburguesa sobre perspectivas financieras, que desatiende por completo los llamamientos del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a que España siga recibiendo fondos de cohesión durante al menos cinco años más. Las pequeñas mejoras en otros terrenos, como las ayudas a Canarias, no parecían suficientes para animar el tono conciliador español en la cumbre. No obstante, "hay un margen de negociación", declaró a este diario Alberto Navarro, secretario de Estado para Asuntos Europ...

El Gobierno español recibió anoche como un jarro de agua fría la última propuesta de la presidencia luxemburguesa sobre perspectivas financieras, que desatiende por completo los llamamientos del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a que España siga recibiendo fondos de cohesión durante al menos cinco años más. Las pequeñas mejoras en otros terrenos, como las ayudas a Canarias, no parecían suficientes para animar el tono conciliador español en la cumbre. No obstante, "hay un margen de negociación", declaró a este diario Alberto Navarro, secretario de Estado para Asuntos Europeos.

Fuentes gubernamentales presentan el Consejo como "uno de los más difíciles de la historia de la UE", en el que España, según dijo ayer en las Cortes Alberto Navarro, tiene "la posibilidad de jugar un importante papel", dada sus afinidades con las dos principales tendencias que se apuntan: la de impulsar el proyecto institucional y solidario en torno al maltrecho eje París-Berlín, que los españoles fueron los primeros en ratificar en referendo, y la del reformismo económico que promueve Tony Blair, un terreno en el que España también cuenta con resultados sólidos. El Gobierno defiende, además, a diferencia de Reino Unido, la política de cohesión que reclaman los nuevos socios del Este, a los que Blair dirige su proyecto político.

Pero España compite también por los fondos comunitarios con estos mismos países. Ello merma la capacidad de iniciativa y de tender puentes de Zapatero, en una profunda crisis de fondo que coincide con lo que se explica en Moncloa como "una negociación de suma cero". "Todo el mundo aspira a mejorar su saldo a costa de otros" en el debate sobre el marco presupuestario de la UE para el periodo 2007-2013, y España, con los más de 70.000 millones que recibió en concepto de ayudas durante el actual septenio, "puede ser un bocado goloso", dice un alto cargo. No es un misterio que España pretende morder en el llamado cheque británico.

La cumbre de hoy se presenta dominada por un debate "que incentiva el egoísmo y la vuelta a la defensa más primaria de los intereses nacionales, que es lo que menos necesitamos en estos momentos", añade la misma fuente. Ante esa negociación, el Gobierno ha fijado las siguientes posiciones:

- Prórroga. Por lo que se refiere al futuro de la Constitución, Zapatero sigue al eje franco-alemán. Es comprensivo con el hecho de que Jacques Chirac no haya apuntado aún ninguna salida al fracaso del referéndum francés y apoya la prórroga para ratificación hasta al menos noviembre de 2007, según dijo ayer Navarro. Subyace a esta posición la reivindicación de que todos los países tienen el mismo derecho a pronunciarse que los franceses y holandeses, pero, sobre todo, la convicción de que nada se podrá renegociar hasta después de las próximas presidenciales francesas, dentro de 22 meses. España apoya también que se celebre una cumbre informal y extraordinaria sobre el futuro de la UE a finales de octubre.

- Solución 'ad hoc'. En el caso de las perspectivas financieras, el Gobierno no tiene ninguna intención de mezclarse en los debates de las grandes cifras y principios, sino que pretende resolver estrictamente su problema con la solución ad hoc que le ofrece la presidencia luxemburguesa. Navarro volvió a dejar ayer claro que la propuesta de prorrogar dos años más la salida del fondo de cohesión es "insuficiente"; que España pedirá tres años más, y que, en términos de saldo neto con Bruselas, también aspira a lograr una cifra "notablemente superior" a los 5.000 millones que le ofreció la Comisión en su propuesta de febrero de 2004.

- Línea roja. Aunque el término veto se evita cuidadosamente, de las declaraciones de Zapatero, de su ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y de otros responsables españoles se deduce sin ambigüedades que la verdadera línea roja de la negociación es que España tiene que mantener su saldo positivo con Bruselas durante todo el septenio. La propuesta de la Comisión prevé que pase a ser contribuyente neto en 2013. Fuentes gubernamentales ya han subrayado que el Gobierno de José María Aznar acogió aquella propuesta positivamente. El Gobierno necesita un acuerdo financiero cuanto antes, para que la negociación no pase a basarse en las estadísticas de 2001-2013, que darían una España aún más rica que en 2000-2002, base de los cálculos actuales.

- Otros recursos. El Gobierno tratará de mejorar sus cuentas exigiendo la ampliación de otros conceptos de gasto, como las ayudas transitorias para salir del Fondo de Cohesión y de las ayudas estructurales; los fondos para Canarias como región ultraperiférica, y las ayudas para desarrollo rural y políticas de medio ambiente.

- Política Agrícola Común. España se opone junto a Francia a que se reabra el acuerdo sobre la PAC alcanzado hace tres años. En algunos medios gubernamentales se ha dado a entender que, como máximo, se podrían pensar en retocarlo para dar cabida a las agriculturas de Bulgaria y Rumania sin añadir nuevos recursos, un objetivo muy corto en relación con la reforma que piden los británicos.

- 'Cheque' británico. Portavoces gubernamentales han calificado de "anacrónica" la compensación que recibe Londres desde 1984. Navarro pidió ayer en las Cortes una solución más drástica que la propuesta por la presidencia luxemburguesa. El Gobierno exigirá, además, que el eventual ahorro en el cheque sirva para reducir las aportaciones al mismo, y no para compensar a otros países, como Holanda o Suecia, que quieren reducir sus contribuciones. España, tercer contribuyente al cheque británico, paga hoy por este concepto 700 millones de euros, que podrían duplicarse en el próximo periodo.