La UE aprueba la utilización de las lenguas cooficiales en ocho instituciones comunitarias
España financiará el coste de las traducciones, que ascenderá a 1,5 millones de euros anuales
Los ciudadanos que emplean las lenguas cooficiales españolas -catalán/valenciano, gallego y euskera- podrán dirigirse en ellas a las instituciones comunitarias. Europarlamentarios y representantes de Gobiernos autónomos podrán usarlas también en los foros de Bruselas, según el acuerdo alcanzado ayer por los Veinticinco en Luxemburgo. Una vez concluidos los necesarios ajustes administrativos, el nuevo derecho podrá ejercitarse a partir de octubre. La decisión fue tomada por el Consejo de Ministros de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, tras el pacto alcanzado por los embajadores.
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Los ciudadanos que emplean las lenguas cooficiales españolas -catalán/valenciano, gallego y euskera- podrán dirigirse en ellas a las instituciones comunitarias. Europarlamentarios y representantes de Gobiernos autónomos podrán usarlas también en los foros de Bruselas, según el acuerdo alcanzado ayer por los Veinticinco en Luxemburgo. Una vez concluidos los necesarios ajustes administrativos, el nuevo derecho podrá ejercitarse a partir de octubre. La decisión fue tomada por el Consejo de Ministros de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, tras el pacto alcanzado por los embajadores.
La aceptación de la petición que España elevó hace exactamente seis meses al Consejo fue presentada como "casi un milagro" por Alberto Navarro, secretario de Estado para la Unión Europea y gran impulsor de la propuesta. Para el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, fue "el mejor regalo que se podía hacer para celebrar el 20 aniversario de la firma de adhesión" de España a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE).
Las autoridades españolas tuvieron que luchar hasta ayer por la mañana para que se reconociera su tesis de que "el uso de la lengua materna es casi un derecho humano", según explicó Alberto Navarro. Holanda fue el último país en retirar sus objeciones, después de que antes lo hicieran Austria y Francia.
Fue decisivo para acabar con esas resistencias el hecho de que las lenguas vernáculas estén reconocidas constitucionalmente como cooficiales en España y que el Estado español -a través de la Administración central y de las autonómicas- vaya a correr con los gastos adicionales que suponga el nuevo régimen, estimados por las autoridades españolas en un máximo de 1,5 millones de euros anuales.
Documentos y discursos
Las lenguas vernáculas españolas no son reconocidas como lenguas oficiales de la Unión Europea, aunque ayer se introdujo el irlandés (gaélico) en el reglamento que concede a ese lengua el carácter de oficial y de trabajo en la Unión y fija en 21 las lenguas oficiales de la UE (para España, el castellanop) a partir de 2007. Pero sí se podrán usar de forma oficial. Eso supone, como había pedido España, que los ciudadanos puedan dirigirse en su lengua materna a las instituciones; que haya traducción oficial de los documentos jurídicos importantes, aquellos aprobados por codecisión del Consejo y Parlamento Europeo, entre ellos directivas y reglamentos, y que se pueda hablar en las lenguas minoritarias en las sesiones plenarias de la Eurocámara, en el Comité de las Regiones y en el Consejo de Ministros, cuando acompañe al Gobierno un consejero autonómico. En total, serán ocho los órganos o instituciones comunitarias que admitirán el uso de las lenguas cooficiales españolas.
Ahora, España debe establecer acuerdos con las distintas entidades comunitarias. El Parlamento Europeo será el último con el que se negociará porque es donde mayor resistencia existe al agravamiento de la Babel europea.
El Gobierno tiene preparado el borrador de Real Decreto que atribuye a un órgano de la Administración, probablemente la Secretaría de Estado para Asuntos Europeos, la misión de coordinar el nuevo régimen de comunicación. Los ciudadanos que escriban a las entidades europeas en lengua vernácula deberán dirigir la carta a ese organismo, que remitirá a Bruselas el texto en la lengua original junto a una copia en español. El organismo responderá en castellano y enviará la respuesta al ente público español, que la traducirá a la lengua cooficial y la hará llegar al ciudadano.