Gómez de Liaño estudia recurrir por inconstitucionalidad

La lucha legal por los papeles de Salamanca ha registrado diversas iniciativas legales, promovidas por los partidarios de mantener el archivo en sus actuales condiciones, que de momento no han prosperado. La última es una declaración de intenciones de Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación y alejado de la carrera judicial hasta que el anterior Gobierno del PP le concedió el indulto, momento en que Liaño pasó a tener la excedencia. En declaraciones al diario Expansión, ...

La lucha legal por los papeles de Salamanca ha registrado diversas iniciativas legales, promovidas por los partidarios de mantener el archivo en sus actuales condiciones, que de momento no han prosperado. La última es una declaración de intenciones de Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación y alejado de la carrera judicial hasta que el anterior Gobierno del PP le concedió el indulto, momento en que Liaño pasó a tener la excedencia. En declaraciones al diario Expansión, Gómez de Liaño, que ha recibido el encargo de las Cortes de Castilla y León de litigar como abogado por la permanencia de los documentos en Salamanca, asegura que estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad. "Ante una ley, no cabe otra vía", ha declarado. De momento, asegura que se limita a "examinar qué camino sigue el anteproyecto de ley recién aprobado".

Ayer por la tarde este diario no consiguió establecer contacto con el juez en excedencia para contrastar sus intenciones. Liaño asegura al rotativo económico sentirse muy honrado de haber sido designado por el PP para defender esta "causa justa". "España es una unidad que algunos quieren desguazar. Eso está claro. Por intereses muy complejos, entre ellos económicos, pero sobre todo por un mal entendimiento de la historia de España... Yo creo que hay una gran torpeza. Algunos hablan de la balcanización de España", asegura el letrado, que, en otro momento, insiste en deslindar la vía política de la judicial: "En este asunto hay dos dimensiones: la política, que la ventilan los políticos, y la jurídica, que es la que me corresponde a mí".

El primer paso jurídico para evitar el traslado de alguno de los fondos del archivo a Cataluña lo dio el pasado 21 de marzo la Junta de Castilla y León presentando ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por parte del Ministerio de Cultura de declarar el archivo bien de interés cultural, prerrogativa que, en opinión de los promotores de la iniciativa, blindaría la unidad de los fondos. Pero el Tribunal Constitucional admitió el recurso del Gobierno contra tal intento de blindaje.

El 1 de mayo el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presentó una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos que le fueron confiscados durante la Guerra Civil. "Su unidad [del archivo] resulta esencial para una visión integral de los fondos y para preservar un archivo único de la memoria, triste, dura, terrible, pero memoria al fin de la Guerra Civil y de sus consecuencias", puede leerse en el texto.

El penúltimo capítulo de la vía judicial se produjo a principios de este mes cuando un juzgado de primera instancia de Salamanca rechazó una demanda presentada por el Grupo Municipal Popular contra el Gobierno.