EE UU rebaja drásticamente la petición de multa a las tabaqueras
El Gobierno pasa de pedir 106.000 millones a 8.150 por fraude
La Administración que preside George Bush acaba de dar un gigantesco paso atrás en su particular batalla legal contra las tabaqueras, al reducir de 106.000 millones de euros a 8.150 millones la sanción financiera con la que quería castigar a la industria por engañar durante décadas a los consumidores. Además, reduce de 25 a cinco años la duración del programa para ayudar a los fumadores a abandonar el tabaco.
El inesperado cambio de estrategia del Departamento de Justicia se produce cuando el megajuicio que se celebra en Nueva York contra las grandes tabacaleras Philip Morris, R....
La Administración que preside George Bush acaba de dar un gigantesco paso atrás en su particular batalla legal contra las tabaqueras, al reducir de 106.000 millones de euros a 8.150 millones la sanción financiera con la que quería castigar a la industria por engañar durante décadas a los consumidores. Además, reduce de 25 a cinco años la duración del programa para ayudar a los fumadores a abandonar el tabaco.
El inesperado cambio de estrategia del Departamento de Justicia se produce cuando el megajuicio que se celebra en Nueva York contra las grandes tabacaleras Philip Morris, R. J. Reynolds, Brown & Williamson Tobacco, British American Tobacco, Lorillard Tobacco y Liggett Group entra en su recta final, con la presentación de las conclusiones por las partes en litigio. El proceso arrancó en 2004 y los 106.000 millones de euros de multa que se pidieron debían servir para financiar un programa de abandono del tabaco.
Pero el Gobierno estadounidense plantea ahora sobre la mesa recaudar sólo una pequeña fracción de la sanción original que pedía originalmente contra los fabricantes de cigarrillos, a los que acusó de haber conspirado durante más de medio siglo para ocultar a los estadounidense los peligros vinculados al consumo de tabaco.
La acción del Departamento de Justicia ha sembrado la sorpresa entre los abogados de la defensa, que se encuentran ahora con que 97.000 millones de euros han desaparecido finalmente de la mesa. La sanción inicial queda así en 8.150 millones de euros, aunque podría aumentar en el veredicto que cerrará el complejo proceso.
Otra consecuencia es que se rebaja considerablemente la duración del programa de ayuda a los consumidores para que abandonen el tabaco, que originalmente estaba concebido para 25 años y que ahora queda en cinco. Un cambio de estrategia que ha sido bien acogido por las tabacaleras y que podría, según indican diversos expertos, ser fruto de un pacto del Gobierno con la industria.
Negativa
Pero las compañías tabacaleras siguen negando que hubieran establecido tal conspiración con el propósito de defraudar a los fumadores estadounidenses. Además, señalan que la juez de distrito que lleva el caso, Gladys Kessler, tiene las manos atadas a la hora de decidir cualquier tipo de sanción contra ellas.
Sin embargo, la fiscal Sharon Eubanks asegura que el Gobierno -que ha utilizado en el proceso como principal testigo al profesor Michael Fiore- está en posesión de evidencias de que la industria tabacalera mantuvo durante 50 años un esquema para engañar al público estadounidense.
"Las verdades a medias y el engaño continúan todavía hoy", remacha Eubanks. Washington sigue manteniendo como castigo que las tabacaleras tengan que desarrollar una campaña educativa a largo plazo para reducir el consumo de tabaco entre los jóvenes, así como que sufran la restricción de prácticas comerciales como los descuentos, o que se les obligue públicamente a que adviertan de los riesgos de fumar. Y se pide a la juez Kessler que supervise además que las compañías aplican la sentencia, para que actúe en consecuencia si no se respetan los términos del veredicto.
La industria tabacalera no ha sido la única sorprendida por el cambio de estrategia decidido por del Gobierno. La juez Kessler ha solicitado que se examine si existen precedentes en los que el Departamento de Justicia haya dado un paso atrás en su petición original. La Administración no ha facilitado por el momento explicación alguna a ese tipo de cuestiones planteadas por Kessler.
Las partes litigantes tienen previsto comparecer ante el tribunal hoy, pero la decisión final de Kessler podría tardar aún en producirse varias semanas o incluso algunos meses. Y no se descarta que el caso pudiera ser elevado a un tribunal superior.