España reconoce "la dificultad añadida" y busca soluciones

El Gobierno español moduló ayer su respuesta al resultado del referéndum holandés, para separarla del mensaje rotundo lanzado el domingo tras el no francés, en el sentido de que el proceso de ratificación de la Constitución europea debía seguir a toda costa mientras no sean al menos seis los países que se hayan pronunciado en contra.

El comunicado, hecho público anoche por la Dirección de Información del Ministerio de Asuntos Exteriores, en nombre del Gobierno, omite esta vez cualquier referencia a que las ratificaciones deben seguir, reconoce "la dificultad añadida" que el ...

El Gobierno español moduló ayer su respuesta al resultado del referéndum holandés, para separarla del mensaje rotundo lanzado el domingo tras el no francés, en el sentido de que el proceso de ratificación de la Constitución europea debía seguir a toda costa mientras no sean al menos seis los países que se hayan pronunciado en contra.

El comunicado, hecho público anoche por la Dirección de Información del Ministerio de Asuntos Exteriores, en nombre del Gobierno, omite esta vez cualquier referencia a que las ratificaciones deben seguir, reconoce "la dificultad añadida" que el no holandés implica para la Constitución y expresa el compromiso del Gobierno para buscar soluciones a "la situación creada".

El Gobierno español es consciente de que "el resultado negativo" de la consulta realizada ayer en Holanda "supone una dificultad añadida al proceso de ratificación y entrada en vigor de la Constitución europea", se lee, en efecto, en el comunicado.

"El Gobierno español reafirma su compromiso con el proyecto europeo y asumirá un papel activo en la búsqueda de soluciones a la situación creada", concluye el texto.

Esta toma de posición contrasta con la inmovilidad de la presidencia luxemburguesa, que anoche no se movió un ápice del mensaje de que las ratificaciones deben proseguir.

La referencia en el comunicado español a "la situación creada" y a la necesidad de buscarle soluciones implica, por otro lado, que no basta para salir del atolladero la simple aplicación de los principios previstos en la propia Carta Magna frente a dificultades como la actual. Del comunicado de ayer, cabe deducir que hay que pasar de las vías legales y recurrir al diálogo político.

El Gobierno español debería, prepararse, por tanto, a marchas forzadas para tener un papel activo en el debate sobre el futuro de la Unión y de su Constitución maltrecha que se abrirá en el Consejo Europeo de los próximos 16 y 17 de junio, en Bruselas. Es un paso poco grato, ya que, cuanto más amplio sea ese debate, menos tiempo habrá para cerrar el muy improbable acuerdo sobre el marco presupuestario de la UE relativo al septenio 2007-2013.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dejó, sin embargo, abierta la puerta a otras estrategias cuando, por la tarde, sostuvo en las Cortes que el proceso de ratificación de la Constitución deberá continuar en todo caso.