30.000 empresas deberán adaptarse a la nueva ley de suelos contaminados
Más de 30.000 empresas que están registradas en la Comunidad de Madrid tendrán que adaptarse a la nueva normativa que regulará la ley de contaminación del suelo en España. La nueva ley obliga a las empresas a dar más información al Gobierno regional sobre sus actividades. El plazo que tienen las compañías para adaptarse a la nueva ley será de un máximo de dos años. En España, el número de empresas afectadas por esta modificación supera las 60.000, y casi la totalidad de las empresas pertenecen a Madrid y Cataluña.
Según informó ayer la Cámara de Comercio de Madrid, la nueva ley, que sus...
Más de 30.000 empresas que están registradas en la Comunidad de Madrid tendrán que adaptarse a la nueva normativa que regulará la ley de contaminación del suelo en España. La nueva ley obliga a las empresas a dar más información al Gobierno regional sobre sus actividades. El plazo que tienen las compañías para adaptarse a la nueva ley será de un máximo de dos años. En España, el número de empresas afectadas por esta modificación supera las 60.000, y casi la totalidad de las empresas pertenecen a Madrid y Cataluña.
Según informó ayer la Cámara de Comercio de Madrid, la nueva ley, que sustituye al Plan Nacional de Suelos Contaminados español (PNSC), afectará directamente a unas 30.000 empresas madrileñas del sector industrial y de servicios, así como a 7.000 del País Vasco y entre 25.000 y 28.000 de Cataluña.
La normativa, que estará vigente hasta 2015, indica que estas empresas están obligadas a presentar a la comunidad autónoma correspondiente un informe preliminar sobre la situación del suelo que ocupan y hacer constar en el Registro de la Propiedad el desarrollo de actividades potencialmente contaminadoras.
También establece una lista de 104 actividades industriales potencialmente contaminantes del suelo y una doble relación de sustancias potencialmente contaminantes del suelo. De ellas, 60 se refieren a la salud humana y 54 a los ecosistemas.
España, Alemania y Holanda son los únicos países que contemplan de forma jurídica y técnica el problema de los suelos contaminados "en toda su amplitud"; sin embargo, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente citados por la Cámara de Comercio, la Administración española, junto a la alemana, es la que menos fondos ha invertido en descontaminación de suelos hasta el momento.
España y Alemania, según esos datos, invirtieron 0,2 euros per cápita al año, mientras que Holanda invirtió 40 euros; Dinamarca, 17 euros; Bélgica, 14 euros, y Austria, 9 euros.
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