El silencio no es respuesta

La decisión de que el Parlamento andaluz discuta, y se pronuncie sobre el Plan Ibarretxe, como había solicitado el Partido Popular, no supone, en contra de lo que apuntaban las primeras reacciones de rechazo a esta iniciativa, un órdago político ni llevar a nuestros diputados autonómicos a un debate que no es de su incumbencia.

El Parlamento, además de para elaborar leyes y controlar al Ejecutivo, debe servir para que quienes representan la voluntad popular se posicionen ante los temas que nos preocupan a los ciudadanos. Y los ciudadanos andaluces, hoy por hoy, al igual que los d...

La decisión de que el Parlamento andaluz discuta, y se pronuncie sobre el Plan Ibarretxe, como había solicitado el Partido Popular, no supone, en contra de lo que apuntaban las primeras reacciones de rechazo a esta iniciativa, un órdago político ni llevar a nuestros diputados autonómicos a un debate que no es de su incumbencia.

El Parlamento, además de para elaborar leyes y controlar al Ejecutivo, debe servir para que quienes representan la voluntad popular se posicionen ante los temas que nos preocupan a los ciudadanos. Y los ciudadanos andaluces, hoy por hoy, al igual que los del resto de las comunidades españolas, estamos preocupados por una ofensiva nacionalista de imprevisibles consecuencias y cuya resolución, sea cual sea, va a afectar no sólo al País Vasco, sino al conjunto de España.

Sería absurdo que el Parlamento andaluz, o el extremeño o el valenciano, perdiesen un solo minuto en posicionarse sobre la forma en que el Gobierno vasco administra sus recursos en materia sanitaria o de infraestructuras. Pero no lo es que los andaluces, a través de nuestro Parlamento, digamos lo que pensamos y se fijen posturas sobre algo que va mucho más allá de una mera gestión de competencias. Lo que Ibarretxe quiere imponer, sin consenso, apoyado por una exigua mayoría, alcanzada gracias al voto de tres diputados, marcados por una clara complacencia con el terrorismo de ETA. Es un proyecto que, como aspiración final declarada, implica una ruptura de nuestro Estado constitucional. Un Estado constitucional que todos los españoles, andaluces incluidos, aceptamos y votamos. Por tanto, esa pretendida ruptura de un Estado al que los andaluces jamás hemos cuestionado, sino que hemos respetado y defendido -y por el que muchos andaluces han sido asesinados dentro y fuera del País Vasco- nos afecta, y mucho, en nuestra condición, y en nuestra convicción, de españoles. Porque éste no es un problema de los vascos, que también, sino de todos los españoles.

A los ciudadanos nos afecta, no lo que nos dicen que nos tiene o no que afectar, sino todo aquello que, por una razón u otra, incorporamos a nuestro particular, y colectivo, catálogo de desvelos y preocupaciones. Y no hay duda de que el llamado Plan Ibarretxe nos ha pulsado una fibra sensible y tenemos que hablar de ello.

Cualquiera que no padezca un ataque de autismo, tiene que darse cuenta de que este tema está hoy en la calle, en los cafés, en las conversaciones entre amigos o conocidos, en las tertulias, en los medios de comunicación, e incluso entre las familias. Cuando eso ocurre, sea cual sea el análisis, es porque a la gente le interesa, quiere opinar y, en consecuencia, quieren saber que piensan aquellos que tienen la obligación de marcar las pautas políticas de su comunidad.

Ni se puede ni se debe sustraer al Parlamento andaluz, aunque no tenga capacidad de decisión legal sobre el tema, de un debate que está en la calle, porque eso sería, además de una renuncia vergonzosa, aislar aún más, a un Parlamento que lo que necesita es una gran dosis de revitalización y de encontrar conexiones, en tiempo real, con los problemas que se viven de sus puertas para afuera.

Está claro que Andalucía, a través de sus fuerzas políticas parlamentarias, tiene mucho que decir sobre algo que nos afecta a todos los andaluces, que queremos saber que piensan aquellos a quiénes dimos nuestros votos y otorgamos nuestra confianza para que administrasen nuestros intereses y diesen respuesta a nuestras preocupaciones. Y el silencio no es respuesta.

Pero es preciso, eso sí, que el debate se plantee desde la serenidad y desde nuestra profunda certeza de ser y sentirnos españoles, y evitar que esto se convierta en una ocasión más para abrir nuevas heridas partidistas. Andalucía es importante para los andaluces y también para todos los españoles, y este es el momento para dar un paso al frente y que, orgullosos como somos de nuestras señas de identidad, pongamos nuestra capacidad y nuestra fuerza democrática, sin dobles lenguajes, al servicio de un gran proyecto colectivo de convivencia y tolerancia.

Juan Ojeda Sanz ha sido eurodiputado por el PP.