Razón demográfica y pensiones

La base que se presenta como incuestionable en todos los planteamientos sobre la necesidad de recortar y reformar las pensiones es siempre la cuestión demográfica. En la actualidad se está debatiendo el Plan de Previsión Social Complementaria para Euskadi y sigue en el cajón, aparcada pero no retirada, la propuesta de revisión de la base de cálculo de la jubilación a toda la vida laboral como mecanismo de garantía de una mayor proporcionalidad entre el esfuerzo contributivo y la cuantía de pensiones. La razón demográfica justifica la mercantilización de una parte de nuestro sistema de pensione...

La base que se presenta como incuestionable en todos los planteamientos sobre la necesidad de recortar y reformar las pensiones es siempre la cuestión demográfica. En la actualidad se está debatiendo el Plan de Previsión Social Complementaria para Euskadi y sigue en el cajón, aparcada pero no retirada, la propuesta de revisión de la base de cálculo de la jubilación a toda la vida laboral como mecanismo de garantía de una mayor proporcionalidad entre el esfuerzo contributivo y la cuantía de pensiones. La razón demográfica justifica la mercantilización de una parte de nuestro sistema de pensiones. La pregunta es: ¿Son incuestionables las cuestiones demográficas?

Es obvio que la población va a envejecer, y que la prolongación de la vida hará que la proporción de personas mayores aumente. Pero la magnitud y efectos de este proceso varían mucho según las distintas proyecciones de población que se escojan. Las proyecciones del INE a partir del censo de 1991 nos presentaba tres escenarios de población (alto, medio y bajo) de aquí a 2050, con una variación de resultados impresionante: La población total en 2050, según el escenario alto o bajo, oscila entre 35,5 y 46,7 millones de personas (el 32%). En el más alto, la población en 2050 habrá crecido respecto a la actual en 5,8 millones de personas; en el más bajo, se habría reducido en 5,4 millones. La nuevas proyecciones del INE a partir del censo de 2001 desbaratan estos datos y dan una población de hasta 53 millones en la parte alta. Es mucha diferencia. Las proyecciones de los datos de Euroestat, OCDE, OIT, ONU tienen como fuente el INE. Sin embargo, los datos utilizados casi nunca están al día, y más desde que la fuerte entrada de inmigrantes, que ha desbaratado las proyecciones más optimistas. Así, en 2001 se calculaban 170 inmigrantes/año. Pero en 2004 nos situamos en torno a los 300.000/año. Esto nos presenta un cambio demográfico muy importante.

Es poco responsable que se busquen los peores escenarios sobre crecimiento, empleo o evolución demográfica

Lo mismo sucede con una de la variables claras para calcular el peso relativo de las pensiones en el largo plazo: la relación entre población en edad de trabajar (entre 20 y 65 años) y jubilada (mayor de 65 años). De la primera dependerá el volumen y evolución del empleo, y de la otra, el volumen de pensiones. El fenómeno generalmente aceptado es el inevitable aumento del peso de la población jubilada sobre la que trabaja, de cuya relación y de la evolución estimada de la productividad se deriva el volumen de recursos del PIB que requerirá el gasto en pensiones. De hecho, entre 2025 y 2050 se producirá un fenómeno histórico: un gran aumento de la población de mayor edad, junto a los efectos sobre el mercado laboral de la actual caída hasta niveles desconocidos de la tasa de natalidad. El primero de los factores es, sin duda, perfectamente previsible y predeterminado, pero el segundo no lo es tanto.

Y aquí entran las posibles políticas para corregir, al menos parcialmente, la futura tendencia a la baja de la mano de obra. El que hoy Francia y algunos países nórdicos tengan una mayor tasa de fecundidad obedece principalmente a la fuerte inversión en políticas de apoyos a las familias. Si cualquier medida de tipo natalista surte efectos a largo plazo, la demora en aplicar estas políticas, juega también en contra de la estabilidad en el sistema público de pensiones. El gasto en estas políticas debería considerarse con perspectiva inversora: lo que ahora se gasta proporcionara un mayor crecimiento económico futuro.

A esto hay que añadir la capacidad de los inmigrantes para variar las previsiones demográficas. Su revisión al alza retrasa el momento en que la evolución de la población en edad de trabajar comienza a reducirse y amortigua el efectos de la caída del empleo. Así, más población en edad de trabajar, junto a una elevada tasa de empleo elevarían el crecimiento económico y, a igual aumento de la productividad, reducen el peso de las pensiones en el PIB o, alternativamente, aumentan la cuantía de las pensiones que se podría atender.

Los rotundos fracasos en las predicciones a corto plazo sobre la evolución del gasto en pensiones, empleo, población e, incluso, en la variable más predecible de todas, el número de pensionistas, deberían moderar las permanentes previsiones para dentro de cuatro o cinco décadas. Me parece poco responsable que en ciertos estudios -como el último de la Consejería de Trabajo, en su diagnóstico para justificar el Plan de Previsión Social complementaria- se busquen los peores escenarios posibles sobre crecimiento, empleo o evolución demográfica. Como conclusión a los argumentos demográficos, me parece muy negativo su concepción de fondo, que hace a los pensionistas futuros responsables de hacer frente y soportar la caída actual de la tasa de natalidad. El reparto social e intergeneracional de sus consecuencias no aparece en el análisis. Además, si se considera transitorio el problema de la baja natalidad, no debería amparar cambios estructurales o permanentes del sistema de protección social. ¿Por qué las proyecciones se detienen en 2050? Si se extienden, se vería que el problema tiene un carácter transitorio porque, si se aborda ya la recuperación de la natalidad, sus consecuencias habrían desaparecido a partir de 2050.

Cuanto más se estudia en detalle el problema demográfico, y sus implicaciones económicas asociadas, menos se entiende el determinismo, que sólo se explica ante la unilateralidad de las reformas que se proponen (siempre en las pensiones públicas y nunca en las restantes variables), y más se percibe el margen de maniobra en muchas otras políticas. El Informe conjunto de la Comisión Europea y del Consejo sobre la adecuación y la viabilidad de las pensiones (03-03-2003), recoge una nueva proyección de gasto del 15,8% ante los nuevos datos aportados por España, que sin embargo hace unas proyecciones de gasto del 16,6% del PIB (pensiones de funcionarios incluidas). Pero ambas proyecciones son sobre una previsión de población de 42 millones y no sobre la reciente de 53 millones. Es una cifra perfectamente asumible que nos sitúa en el volumen de gasto que dedican varios países de la UE a este capítulo. Este es el reto de la convergencia social. Que no se utilice la demografía para alejarnos de ella.

Carlos Trevilla Acebo es representante de UGT en el CES vasco.