El Gobierno navarro planteará un conflicto de competencias contra el Parlamento vasco

El Gobierno de Navarra presentará ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias contra el acuerdo del Parlamento vasco por el que se aprobó el plan Ibarretxe. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Ejecutivo navarro de UPN-CDN, Javier Caballero, calificó ayer de "bodrio jurídico" la propuesta de reforma del Estatuto vasco y aseguró que Navarra, comunidad expresamente citada en diversos artículos de la propuesta vasca, se defenderá con todos los instrumentos jurídicos del Estado de derecho a su alcance "contra esta grave vulneración" de sus competencias. Caba...

El Gobierno de Navarra presentará ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias contra el acuerdo del Parlamento vasco por el que se aprobó el plan Ibarretxe. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Ejecutivo navarro de UPN-CDN, Javier Caballero, calificó ayer de "bodrio jurídico" la propuesta de reforma del Estatuto vasco y aseguró que Navarra, comunidad expresamente citada en diversos artículos de la propuesta vasca, se defenderá con todos los instrumentos jurídicos del Estado de derecho a su alcance "contra esta grave vulneración" de sus competencias. Caballero añadió: "Que nos dejen en paz. Ningún primo de zumosol tiene que venir a salvarnos la vida".

El Ejecutivo navarro se reunió ayer en Pamplona tras las vacaciones navideñas y encomendó a sus servicios jurídicos la elaboración del requerimiento de incompetencia, el paso previo a la presentación del que será el segundo recurso navarro ante el Constitucional contra el proyecto nacionalista. El primero de ellos, contra su aprobación por el Gobierno vasco, fue presentado el 20 de enero de 2004. Catorce días antes Navarra había presentado un recurso contra la aprobación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El Gobierno navarro considera que tanto el acuerdo del Parlamento vasco como la precedente propuesta aprobada por el Ejecutivo vasco el 25 de octubre de 2003 son inconstitucionales y no se adecuan al orden de delimitación de competencias que establecen la Constitución española y la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.