Columna

España se mueve

Después de nueve meses de declaraciones y contradeclaraciones, con el presidente Zapatero en el papel de árbitro discreto que contempla sin inmutarse los desahogos de los demás, el debate territorial se acerca a la hora de los alumbramientos de los Estatutos, en que cada cual deberá asumir sus responsabilidades. La votación, el próximo día 30, del plan Ibarretxe en el Parlamento vasco, es la señal de partida de un año en que buena parte de la tensión política se concentrará en la renovación del marco institucional de la democracia.

El período de gestación aporta algunas novedades...

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Después de nueve meses de declaraciones y contradeclaraciones, con el presidente Zapatero en el papel de árbitro discreto que contempla sin inmutarse los desahogos de los demás, el debate territorial se acerca a la hora de los alumbramientos de los Estatutos, en que cada cual deberá asumir sus responsabilidades. La votación, el próximo día 30, del plan Ibarretxe en el Parlamento vasco, es la señal de partida de un año en que buena parte de la tensión política se concentrará en la renovación del marco institucional de la democracia.

El período de gestación aporta algunas novedades significativas. Por primera vez, ha sido Cataluña y no el País Vasco la que ha llevado la voz cantante. La llegada al poder del tripartito catalán significó el cumplimiento de la alternancia, algo que parecía imposible en las comunidades históricas gobernadas por los nacionalistas. El cambio se hizo en clave derecha-izquierda, con lo cual rompía la línea fronteriza que separaba a nacionalistas y no nacionalistas, sobre la que se había construido la hegemonía del nacionalismo conservador. Roto este tabú, la alternancia era posible y el juego se abría considerablemente. Y si las potencialidades de la apertura se vieron frenadas es porque, de momento, Pasqual Maragall se ha dejado llevar por la inercia de la repetición y ha dejado de lado la deconstrucción y renovación del imaginario nacionalista.

Cataluña aparece como protagonista de la revisión del marco institucional de la democracia, cuando en realidad el cambio más importante se ha producido en el País Vasco: el fin del tabú de la imbatibilidad de ETA. La imposibilidad de acabar policialmente con ETA ha sido uno de los grandes tópicos de la democracia española. Este tabú se ha desvanecido, y hay que reconocer a Aznar y a Zapatero la parte de mérito que les corresponde. Ahora está muy extendida -tanto como antes la contraria- la idea de que ETA es vulnerable, está muy desmantelada y ha entrado en un período lento pero irreversible de desguace. Un paso insuficiente pero necesario para que el bloqueado juego político del País Vasco pueda abrirse.

Veinticinco años después, la democracia española somete a revisión sus reglas del juego. Las sociedades cambian y el entorno también: que las leyes se adapten a los tiempos forma parte de las obligaciones de los políticos. ¿Es necesaria esta movida? Podría dar la impresión de que responde más a intereses de la superestructura política (el cerrado complejo político-mediático) que a preocupaciones de la sociedad. Algunos de los argumentos que se han dado son débiles. La necesidad de lo local para equilibrar el poder de lo global tiene más de coartada, de discurso de buena conciencia para disimular la impotencia de la política, que de realidad. El argumento generacional -nuevas generaciones renuevan el edificio que la generación de la transición construyó- choca con la extensa biografía de algunos de los protagonistas y con la escasa novedad de muchos de los argumentos. La presentación de la reforma como reparación de las insuficiencias del proceso constitucional sólo tendría sentido si se trabajara en claves realmente actuales y no en la repetición de los viejos tópicos.

La renovación del marco institucional es posible y deseable si contribuye a desdramatizar el concepto de soberanía y a favorecer la segunda revolución laica (la separación de nación, cultura, lengua y Estado) conforme a un horizonte real de integración europea; a crear los cauces adecuados para la paulatina y real incorporación de pleno derecho de los nuevos ciudadanos que vienen del extranjero; a conseguir la vertebración democrática interna de las comunidades históricas, empezando por la vasca, ejemplo dónde los haya de fracaso en la construcción de una sociedad integrada; y a construir un sistema de relación entre las comunidades autónomas que acabe con la antipática pretensión de las naciones históricas de ser manifiestamente distintas de las demás.

Toda comunidad tiene derecho a desear para sí el máximo poder posible, pero no a impedir que los demás lo tengan, como si la limitación de los demás fuera condición necesaria para asegurar la plenitud propia. España se mueve. Es hora de empezar a concretar hacia dónde. El presidente Zapatero ha demostrado que es capaz de romper tabús del españolismo rancio. Sería bueno saber hasta dónde está dispuesto a llegar. Para que las piezas del puzzle encajen se tendrán que pulir muchas aristas o ampliar muy significativamente los límites del tablero.

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