El Tribunal de Cuentas denuncia el uso partidista de la publicidad de Trabajo en la etapa de Zaplana

Un anteproyecto del Tribunal de Cuentas, pendiente de alegaciones, denuncia que las campañas publicitarias sobre revalorización de pensiones promovidas por el Ministerio de Trabajo bajo mandato de Eduardo Zaplana, actual portavoz parlamentario del PP, sólo persiguieron "mejorar la imagen gubernamental", con " solapamiento indebido y previsible con la campaña electoral" del 14 de marzo de este año. Esta actuación, según el informe, podría suponer, al margen de su irregular contratación, una "desviación de poder" y una malversación, al haberse destinado fondos públicos a una finalidad distinta d...

Un anteproyecto del Tribunal de Cuentas, pendiente de alegaciones, denuncia que las campañas publicitarias sobre revalorización de pensiones promovidas por el Ministerio de Trabajo bajo mandato de Eduardo Zaplana, actual portavoz parlamentario del PP, sólo persiguieron "mejorar la imagen gubernamental", con " solapamiento indebido y previsible con la campaña electoral" del 14 de marzo de este año. Esta actuación, según el informe, podría suponer, al margen de su irregular contratación, una "desviación de poder" y una malversación, al haberse destinado fondos públicos a una finalidad distinta de la permitida por el ordenamiento jurídico: la mera publicidad institucional.

El Tribunal de Cuentas, tras analizar las campañas publicitarias de los principales organismos de Trabajo de 2002 a 2004 -42,8 millones de euros, en su mayoría adjudicadas bajo mandato de Zaplana, nombrado ministro en julio de 2002-, ve irregularidades en gran número de ellas, pero focaliza las más graves en las de revalorización de pensiones.

El informe denuncia que "una parte relevante de la publicidad institucional analizada en este informe ha sido realizada (directamente o mediante subcontratación) por empresas pertenecientes a un determinado grupo" al que pertenece también la empresa que realizó las campañas del PP en las elecciones autonómicas de 2003 en Canarias, Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana, lo que supone, advierte, un riesgo de "confusiones no deseables". La factura publicitaria de Trabajo pasó de 931.000 euros en 2002 a 16 millones en 2003 y 22,8 millones en el primer cuatrimestre de 2004.

El informe desgrana abundantes irregularidades en la contratación y ejecución de la campaña publicitaria sobre revalorización de pensiones de 2003. No debió ser adjudicada a dedo (negociado) y por urgencia, porque la subida era previsible, y lo prueba que la notificación por correo a cada pensionista, la única obligada por ley, fue contratada en noviembre de 2002 y por concurso.

Anuncios innecesarios

No era necesaria, además, porque cuando se inició la campaña publicitaria, 15 de enero de 2003, "ya habían sido distribuidas las notificaciones individuales a gran parte de los pensionistas, pues en el expediente consta que el 23 de enero ya habían sido enviadas todas". La campaña publicitaria sobre pensiones, que el antecesor popular de Zaplana, Juan Carlos Aparicio, nunca utilizó, costó 7,2 millones, y la postal, sólo 600.000 euros. El informe destaca que no se respetó el plazo mínimo de cuatro días para presentación de ofertas tras cursarse las invitaciones.

Con tan "inusual" brevedad de plazos, "resultaría determinante la ventaja que habría tenido cualquier empresa que, hipotéticamente, hubiera podido conocer de antemano, por pequeña que hubiese sido la diferencia de tiempo, la voluntad de celebrar este contrato". Asimismo, se censura que Trabajo impusiera "un número mínimo de inserciones publicitarias que debían tener lugar en determinados medios de comunicación, sin que semejante determinación estuviera basada en criterios técnicos".

El anteproyecto denuncia que el mensaje real de la campaña, "según la documentación obrante en el contrato", no era tanto informar a pensionistas como plasmar el mensaje de que la Seguridad Social "está en manos de buenos gestores que avalan su actuación con datos objetivamente positivos". En suma, "proyectar a la sociedad en general una imagen institucional favorable, de clara mejora con respecto del periodo de gobierno inmediatamente anterior a 1996".

Este mensaje subliminal bajo el difundido dicho y hecho se evidencia, para el auditor, por un documento aportado al equipo de Zaplana por la adjudicataria -Carat, presidida por el ex portavoz popular del Gobierno Miguel Ángel Rodríguez-, que detalla el leit motiv de la campaña: "contraponer el 'ahora' con la política del anterior Ejecutivo (PSOE)" El "antes" es pintado así: "El miedo (gestión del PSOE): crisis de la Seguridad Social, planes privados como única alternativa, percepción de desamparo, recibir una carta oficial puede ser una notificación de retirada de pensión". El "ahora" se traza así: "La seguridad (gestión PP), superávit de la Seguridad Social, respaldo de fondo de reserva, seguridad de la inversión, pensiones garantizadas".

Fines distintos

"Las señaladas actuaciones, que afectan negativamente a los principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y respeto al pluralismo político, tienen como inevitable consecuencia que los órganos y los titulares de los mismos que intervinieron en el procedimiento de contratación habrían podido haber incurrido en desviación de poder", al haber ejercido las potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. "Consiguientemente, los fondos públicos destinados a la financiación de la campaña de 2003, cuyos objetivos reales se han demostrado tan alejados del objeto del contrato, habrían cumplido una finalidad distinta de la permitida por el ordenamiento jurídico, que es la publicidad institucional". Esto, según el informe, podría dar lugar a una presunta malversación. "Todo ello, unido a las numerosas irregularidades detectadas en el procedimiento de contratación, podría dar lugar a la exigencia de las responsabilidades que resulten procedentes, a cuyos efectos, cuando, en su caso se proceda por el Pleno del Tribunal a su aprobación, se remitirán los hechos anteriormente descritos a la sección de Enjuiciamiento, sin perjuicio de su conocimiento por el fiscal".