Maragall tacha de "despropósito" presentar dos versiones en catalán de la Constitución europea

El primer encontronazo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña tuvo ayer como argumento la presentación en Bruselas de dos traducciones idénticas -una como catalana y otra como valenciana- de la Constitución europea. El presidente catalán, Pasqual Maragall, tachó de "despropósito" la decisión del Ejecutivo central y anunció que recurrirá a los tribunales. Cuatro traducciones, pero sólo tres lenguas. Ésta es la solución salomónica escenificada en Bruselas, cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, entregó al Consejo Europeo las versiones de la Carta europea...

El primer encontronazo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña tuvo ayer como argumento la presentación en Bruselas de dos traducciones idénticas -una como catalana y otra como valenciana- de la Constitución europea. El presidente catalán, Pasqual Maragall, tachó de "despropósito" la decisión del Ejecutivo central y anunció que recurrirá a los tribunales. Cuatro traducciones, pero sólo tres lenguas. Ésta es la solución salomónica escenificada en Bruselas, cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, entregó al Consejo Europeo las versiones de la Carta europea en los idiomas que gozan de cooficialidad dentro del Estado español.

El pasado octubre, la Generalitat de Cataluña decidió asumir como propia la traducción valenciana de la Constitución europea con la finalidad de cerrar la polémica sobre la unidad lingüística del catalán. Fuentes del Gobierno de Cataluña aseguran que existía el compromiso por parte del Ejecutivo central de presentar una sola versión en Bruselas, lo que consagraría por la vía de los hechos que el catalán y el valenciano son una sola lengua, como establece la Real Academia Española.

Los textos entregados al Consejo Europeo son los remitidos por las comunidades autónomas que reivindican en sus respectivos estatutos una lengua específica: País Vasco, Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana, informa Peru Egurbide desde Bruselas. Pero dos de ellos -los correspondientes a las dos últimas comunidades citadas- son idénticos.

Decidido a no quemarse en polémicas culturales localistas, el Gobierno de Zapatero asegura que no sabe cómo se ha producido el milagro de esa identidad absoluta y reduce su papel al de un mero intermediario. "Nos hemos limitado a enviar a las comunidades el texto de la Constitución y a depositar aquí en Bruselas las traducciones que nos han devuelto. Una vez recibidas, un funcionario comprobó que la catalana y la valenciana eran la misma", explicó ayer Alberto Navarro, secretario de Estado para Europa.

La solución deja en una posición peculiar a las dos comunidades restantes con lenguas cooficiales, que no han hecho traducción propia de la Constitución: Navarra, porque su segunda lengua es el euskera, y Baleares, que, a diferencia de Valencia, identifica en su estatuto como "catalán" a la lengua autóctona. El bable no es cooficial en Asturias.

Navarro insistió en que, aunque carezcan de valor jurídico, el reconocimiento oficial por Bruselas de estas traducciones "es histórico", ya que la UE nunca había dado trascendencia a una lengua que sea oficial sólo en una parte de un Estado.

El que las versiones catalana y valenciana fueran presentadas como distintas originó un monumental enfado de Pasqual Maragall. El presidente catalán transmitió ese enojo en llamada telefónica a Zapatero. Y acto seguido redactó un comunicado institucional, pactado con sus socios de Gobierno y especialmente con el conseller en cap, el republicano Josep Bargalló, quien participó en la operación fallida para el reconocimiento de la unidad del catalán en Europa. La nota redactada anoche por Maragall acusa al Gobierno central de haber cedido a "las presiones del Gobierno de la Comunidad Valenciana".

La otra cara de la moneda fue la consejera de Cooperación y Participación de la Generalitat valenciana, Gema Amor, quien expresó la "satisfacción" del Consell que preside Francisco Camps (PP) y calificó el hecho de "histórico para el pueblo valenciano, y una muestra más de la defensa a ultranza que el Consell realiza de las señas de identidad".

Por otra parte, la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se opone a la proposición de ley orgánica presentada al Congreso de los Diputados por el Parlamento de Cataluña para que se exija a los jueces que ejerzan en Cataluña el dominio del catalán y del derecho propio, informa Bonifacio de la Cuadra.