Por un cambio presupuestario, hacia una política social y ecologista

Decían bien los sindicatos cuando hablaban de los Presupuestos de 2005 como de unos presupuestos de transición. Hoy es tan importante la discusión sobre los escenarios de futuro como el debate sobre el gasto presente. Difícilmente podemos hablar de giro social, de una política de gasto con mayor atención hacia los sectores sociales con mayores necesidades, sin discutir y reorientar la política de ingresos. No se puede olvidar que el diferencial en gasto social respecto a la media europea de los Quince va parejo a una menor carga impositiva, especialmente en impuestos directos. Y sin afrontar a...

Decían bien los sindicatos cuando hablaban de los Presupuestos de 2005 como de unos presupuestos de transición. Hoy es tan importante la discusión sobre los escenarios de futuro como el debate sobre el gasto presente. Difícilmente podemos hablar de giro social, de una política de gasto con mayor atención hacia los sectores sociales con mayores necesidades, sin discutir y reorientar la política de ingresos. No se puede olvidar que el diferencial en gasto social respecto a la media europea de los Quince va parejo a una menor carga impositiva, especialmente en impuestos directos. Y sin afrontar algo tan básico no hay cambio posible.

En los condicionantes de futuro era clave, desde una perspectiva progresista, que el Gobierno se comprometiera con la realización de una reforma fiscal antes de la preparación de los próximos presupuestos. Que los primeros presupuestos de la nueva etapa estén hipotecados por la política fiscal del PP es un problema, que los segundos presupuestos también lo estuviesen sería un grave error. Y si bien es cierto que desde la izquierda del Congreso hemos forzado la aceleración de los tiempos, el reto principal es que esta reforma de la fiscalidad se haga desde la recuperación de la equidad y la progresividad.

No se puede hacer frente a las deudas sociales y ambientales sin capacidad de endeudamiento

El segundo requisito fundamental para poder afrontar una negociación con garantías de futuro, era fundamental la salida del dogma del déficit cero. No se puede hacer frente a las deudas sociales y ambientales sin capacidad de endeudamiento. Se trata de que el Estado, pero sobre todo las CC AA y los ayuntamientos, tengan la capacidad razonable para poder hacer frente a las inversiones necesarias y urgentes, situándonos al mismo nivel que nuestros vecinos europeos. Si la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada la pasada legislatura, con los únicos votos del Partido Popular, niega el más ínfimo margen, era fundamental el compromiso por parte del Gobierno de modificar esta ley de forma paralela a los Presupuestos Generales del Estado para 2005.

Más allá de los requisitos básicos para situar el terreno y la discusión en un escenario de futuro diferente, otra gran noticia del preámbulo presupuestario es, sin duda, la desaparición de la Ley de Acompañamiento: instrumento que ha acabado pervirtiéndose para que lobbies e intereses se colasen por la puerta de atrás en negociaciones de último minuto sin debate ni transparencia.

A partir de aquí, la discusión sobre presupuestos tiene el condicionante de un escenario de ingresos definido por el Gobierno anterior. Siendo éstos unos presupuestos con mucho lastre, más importante que la cantidad absoluta, muy limitada, es la orientación y la innovación que se da en los mismos. Y aún hay margen para abrir nuevos escenarios.

En el campo de la política social tenemos tres ejemplos muy claros. El incremento en vivienda social, aún por debajo de las necesidades reales, debe desarrollarse en paralelo a una orientación de la inversión que, para que sea exitosa, tendrá que estar encabezada por las CC AA de acuerdo con el criterio de subsidiariedad y el reparto de competencias. Además, requiere de una reorientación de las desgravaciones fiscales haciendo que éstas pierdan peso a favor de una mayor inversión directa en vivienda. Un segundo ejemplo, que apunta pero no remata, es el anunciado fondo para los ayuntamientos con importante carga migratoria. Éste no puede ser tan sólo una partida de escasos millones, sino un capítulo de fuerte apuesta por la cohesión en nuestros barrios y ciudades.

A su vez, el presupuesto debe marcar líneas a seguir, significando un salto adelante en el desarrollo del Estado de bienestar. El derecho a la asistencia de personas dependientes es un derecho subjetivo que hay que crear y que debe abrirse paso. Éste es un reto de legislatura, pero para que acabe siendo realidad deberíamos subjetivarlo hoy para su posterior desarrollo.

En el capítulo del presupuesto sostenible también tenemos ejemplos claros de cantidad y de calidad. Necesitamos un fuerte incremento para el impulso de las energías renovables, pero con ello no nos basta. Se trata de que la sosteniblidad sea un criterio que se extienda por todo el presupuesto. De esta manera, el auténtico giro sostenible se debe centrar en el modelo de infraestructuras. En este terreno tiene especial importancia el tipo de inversión ferroviaria que se afronte. Es necesario reorientar la inversión del AVE a favor de la mejora de la línea convencional ofreciendo mejores prestaciones, consiguiendo líneas de velocidad alta (220 km/h) y trasladando el transporte de mercancías hacia el ferrocarril. El coste es claramente inferior. Si bajamos a nivel territorial hay ejemplos clamorosos. Esto se ve claro en el caso de Cataluña: no se trata sólo del aumento de las inversiones en infraestructuras, sino del tipo de inversiones a ejecutar. De esta manera, no sólo es fundamental que no se financien obras como el cuarto cinturón de Barcelona (autovía orbital), sino que haya un compromiso para el estudio de un tren orbital que supla las funciones de una red viaria que, al cabo de los años -como todas las redes viarias orbitales-, quedaría colapsada. Sin embargo, no se termina de dar este giro tan necesario para vertebrar un territorio con una movilidad más sostenible. Se continúa optando mayoritariamente por hipotecar la inversión en infraestructuras con opciones como el AVE, que ni es multifuncional ni da respuestas al 98% de los usuarios del ferrocarril.

Por último, de nada servirían unos presupuestos que negasen uno de los grandes avances de la nueva etapa: un liderazgo internacional diametralmente opuesto al que representó José María Aznar. En este sentido, la integración en el quinteto contra el hambre y la salida de la "foto de las Azores" tendría mucho de retórico si no fuese acompañado de concreción presupuestaria. Y aquí tenemos un doble problema: el hecho que no lleguemos a lo comprometido por el actual presidente del Gobierno en ayuda oficial al desarrollo agrava la situación. Más, cuando el mayor incremento en inversión se produce a través de créditos FAD, que tienen más que ver con la política comercial que con la cooperación.

El debate, a partir de ahora, se sitúa en ver si estos presupuestos pueden mejorar. Existe un margen tanto en los ejemplos expuestos como en muchos otros campos. El papel de los grupos de izquierdas es ser ambiciosos, ofrecer las pistas necesarias para empezar a situar pilares mucho más sólidos para el desarrollo de la economía española. Hasta el momento, las negociaciones presupuestarias servían para rebajar contenidos y hacerlos más conservadores. Pero, a estas alturas, nadie entendería que fuese un grupo conservador vestido de catalanidad el que echase agua al vino, al igual que no se compartiría una opción socialista cerrada a las razonables demandas procedentes de la izquierda. Lo que pedimos es un mayor compromiso para mejorar la orientación de los presupuestos, pero para orientar de forma más decidida las políticas del futuro. El reto -que no es pequeño- es agotar todas y cada una de las posibilidades de giro social y ambiental y garantizar que el periodo de transición enmarcado por la política económica del PP no dure más de un año. La oportunidad está clara: hacer que el Gobierno en minoría del PSOE tenga, además de una exigencia ciudadana, el complemento de una exigencia parlamentaria de izquierdas y ecologista.

Joan Herrera i Torres es portavoz de Izquierda Verde-IU-ICV en el Congreso de los Diputados.