El Tribunal Europeo decidirá si se dan los datos de pasajeros a EE UU

El presidente del Parlamento Europeo, el irlandés Pat Cox, anunció ayer, en la víspera de la cumbre UE-EE UU, su intención de pedir al Tribunal de Justicia europeo la anulación del acuerdo que permite a Washington conservar los datos de los pasajeros aéreos provenientes, en tránsito o con destino a aquel país. Esta denuncia supone, además, un enfrentamiento de la Eurocámara con la Comisión y el Consejo Europeo, que suscribieron el acuerdo.

Organizaciones europeas de protección de datos se han movilizado en contra de este acuerdo mientras EE UU hacía ayer campaña en Bruselas sobre las ga...

El presidente del Parlamento Europeo, el irlandés Pat Cox, anunció ayer, en la víspera de la cumbre UE-EE UU, su intención de pedir al Tribunal de Justicia europeo la anulación del acuerdo que permite a Washington conservar los datos de los pasajeros aéreos provenientes, en tránsito o con destino a aquel país. Esta denuncia supone, además, un enfrentamiento de la Eurocámara con la Comisión y el Consejo Europeo, que suscribieron el acuerdo.

Organizaciones europeas de protección de datos se han movilizado en contra de este acuerdo mientras EE UU hacía ayer campaña en Bruselas sobre las garantías que ofrece su sistema legal.

Cox ha tardado casi diez días en tomar la decisión de presentar esta denuncia, que no apoya el Partido Popular Europeo, primer grupo de la Eurocámara. El resto de los partidos (socialistas, liberales, verdes, Izquierda Unitaria) impusieron su criterio el pasado día 16 en la Comisión de Asuntos Jurídicos al denunciar un acuerdo que, según consideran, vulnera las normas europeas de protección de datos personales. Sólo el presidente del Parlamento podía presentar una denuncia ante el tribunal.

El presidente de la Eurocámara pide a los jueces que anulen el acuerdo con Washington

A la mayoría de la Eurocámara no le gusta el acuerdo a pesar de que después de meses de negociación la UE logró que EE UU sólo exigiera 34 datos (frente a los 60 propuestos), que el plazo de conservación de los mismos se redujera de 50 años a un máximo de 11,5 y que los datos sensibles (comida especial, por ejemplo) que puedan revelar raza o creencias religiosas sean destruidos inmediatamente.

Esta medida, adoptada unilateralmente por EE UU como parte de la lucha antiterrorista, obliga a las compañías aéreas a entregar a las autoridades norteamericanas la información que habitualmente obtienen de los pasajeros (nombre, dirección, teléfono, número de tarjeta de crédito, correo electrónico, etc). A los viajeros que se nieguen a facilitarla puede impedírseles el paso, aunque uno de los problemas que crea esta medida es que no todos los pasajeros son informados convenientemente de que sus datos van a ser transferidos, según revela un estudio realizado por el grupo de expertos independientes Artículo 29 Data Protection Working Party, que colabora con la Comisión Europea. Este grupo pide que los viajeros reciban la información adecuada antes, y no después, de reservar sus billetes.

El subsecretario del Departamento de Seguridad Interior de EE UU, James Loy, de visita ayer en Bruselas, defendió la transferencia de los datos asegurando que, además de haberse plegado Washington a algunos de los requerimientos europeos, las leyes de su país garantizan con estándares similares a los europeos su confidencialidad, de manera que éstos sólo sean utilizados para los fines requeridos. El comunicado de Pat Cox emitido ayer señalaba que la "Administración estadounidense es libre de ejercer el derecho de proteger su territorio, si bien tanto la UE como EE UU deben evitar toda nueva medida de aplicación extraterritorial".