Las empresas tendrán un máximo de un mes para pagar a los proveedores comerciales

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana un proyecto de ley para acabar con la morosidad comercial. De acuerdo con los planes del Ejecutivo, el plazo de pago será de 30 días si no hay acuerdo entre las partes que fije otro plazo. Ese mismo plazo se establece para los productos alimenticios frescos y perecederos, mientras que para los alimentos no perecederos y de gran consumo el tope se eleva a 60 días. Ese mismo plazo se fija para los pagos de las administraciones públicas en todos los productos. Esta iniciativa, que lleva tres años de retraso, trata de defender a los pequeños y ...

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana un proyecto de ley para acabar con la morosidad comercial. De acuerdo con los planes del Ejecutivo, el plazo de pago será de 30 días si no hay acuerdo entre las partes que fije otro plazo. Ese mismo plazo se establece para los productos alimenticios frescos y perecederos, mientras que para los alimentos no perecederos y de gran consumo el tope se eleva a 60 días. Ese mismo plazo se fija para los pagos de las administraciones públicas en todos los productos. Esta iniciativa, que lleva tres años de retraso, trata de defender a los pequeños y medianos proveedores comerciales.

La iniciativa del Gobierno, elaborada en conjunto por los departamentos de Comercio y Agricultura, supone una modificación de la Ley de Comercio Minorista de 1996. En el texto que piensa aprobar el Consejo de Ministros y que ayer analizó la Comisión de Subsecretarios se recogen algunas modificaciones a esa ley, así como una disposición adicional en la que se específican los plazos de pago que se impondrán para los diferentes productos alimenticios. De esta forma, los alimentos perecederos se limitan a 30 días, mientras que para los demás alimentos el tope será de 60 días. Para este segundo apartado se dará un periodo de transición hasta el 1 de enero de 2007, de manera que hasta esa fecha se permitirá el pago a 90 días.

El texto recoge las reivindicaciones de los proveedores, que se quejan de que el plazo medio de cobro es superior a los 100 días de las entregas. El Ejecutivo quiere terminar con el poder que ejercen las grandes superficies. La decisión fue expuesta adelantada en parte en el Congreso por el secretario de Estado de Comercio y Turismo, Pedro Mejía, quien dijo que el proyecto pretende el establecimiento de un tipo de interés fijo y "disuasorio" por parte de las empresas que alargan el plazo de pago a los proveedores. Este tipo se referenciará al que aplica el BCE en sus operaciones de principales de refinanciación (ahora, el 2%) más siete puntos porcentuales. Precisó que estos tipos se aplicarán una vez vencidos los plazos y condiciones acortados entre las partes que siempre serán respetados en la normativa. "Los plazos deben guardar relación con el producto que se está comprando. El objetivo de la futura norma es corregir la posición de determinados operadores cuyo periodo de pago es muy amplio y que puede ocasionar el ahogo del productor y que compiten deslealmente con el pequeño comercio", dijo.

Mejía reconoció que esta normativa llega con mucho retraso. De hecho, en el pasado mes de julio de 2003, el Tribunal de Luxemburgo admitió a trámite la denuncia del Colegio de Comisarios contra el Gobierno español después de que la Federación Española de Alimentación y Bebidas (FIAB) denunciara el gran retraso, tres años, en la trasposición de la directiva europea a España.

El proyecto de ley que aprobará el Gobierno cuenta con un gran respaldo parlamentario. Ayer, CiU presentó una proposición no de ley que ha sido pactada con el PP y el PSOE, que fue aprobada en la Comisión de Economía y que insta al Gobierno a aprobar el Proyecto de Ley de Morosidad de las Operaciones Comerciales. El portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez Llibre, dijo que las demoras en las operaciones comerciales son muy nocivas para la economía y añadió que anualmente en Europa los retrasos en los pagos generan unos 90.000 millones de deudas vencidas y exigibles pendientes de cobro, pérdidas de créditos "incobrables" por valor de 23.600 millones y más de 10.000 millones en concepto de costes financieros.

Aminorar desequilibrios

El texto legal dice que quedan fuera del ámbito de la nueva normativa los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan consumidores, los intereses relacionados con otros pagos (cheques, letras de cambio), los pagos realizados por aseguradoras, así como las deudas sometidas a procesos concursales como suspensiones de pagos de empresas o quiebras. Para la Confederación Española de Comercio, que aglutina a 400.000 comercios, el texto viene a aminorar los desequilibrios que se producen en los pagos entre el grande y el pequeño comercio.

El secretario general de la FIAB, Jorge Jordana, se muestra escéptico sobre el acortamiento del plazo de pago en la realidad diaria por la gran fuerza de las grandes superficies. Anged, que engloba a las grandes superficies, se defiende diciendo que ellos pagan al mismo plazo de la industria y que siempre son acusados de forma sistemática en el apartado de los perecederos.