Protección para los datos de las mujeres y sus hijos

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia sobre las mujer se protegerá la intimidad de las víctimas; en especial sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guardia o custodia, según detalla el anteproyecto. Además, los jueces podrán decidir que las vistas se desarrollen a puerta cerrada, y que las actuaciones sean reservadas. Asimismo, la asistencia jurídica se garantizará para las mujeres que no tengan recursos para litigar y el mismo abogado asumirá la defensa de cada víctima en todos los procesos.

El Gobiern...

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia sobre las mujer se protegerá la intimidad de las víctimas; en especial sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guardia o custodia, según detalla el anteproyecto. Además, los jueces podrán decidir que las vistas se desarrollen a puerta cerrada, y que las actuaciones sean reservadas. Asimismo, la asistencia jurídica se garantizará para las mujeres que no tengan recursos para litigar y el mismo abogado asumirá la defensa de cada víctima en todos los procesos.

El Gobierno ha incluido además un paquete de medidas en el anteproyecto destinadas a sensibilizar a la sociedad del problema y a informar a las víctimas sobre sus derechos. Por un lado, el Ejecutivo deberá "promover campañas de información y sensibilización pública con el fin de prevenir la violencia sobre las mujeres", y tendrá que asegurar que pueden acceder a ellas las personas discapacitadas.

El Gobierno se compromete a garantizar tres derechos de las víctimas: "A la información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica". Las afectadas tendrán "plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal". Además, éstas podrán acceder a los servicios sociales de "atención, emergencia, apoyo y recuperación integral".

El anteproyecto garantiza la "atención multidisciplinar" a las mujeres, que incluirá asistencia psicológica, apoyo social, seguimiento de sus reclamaciones, apoyo educativo a su familia, formación preventiva en la resolución no violenta de conflictos y apoyo para la inserción laboral. Además, los servicios sociales, siempre según la norma, actuarán de forma coordinada con los jueces de violencia sobre las mujeres y los servicios sanitarios.