El nuevo Gobierno y la formación profesional

En el debate educativo realizado tras la toma de posesión del nuevo Gobierno, se ha hablado y escrito mucho de los cambios que se deberían producir en este ámbito; pero los análisis no están siendo globales, se reducen a dos ámbitos, a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y a la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Se deja al margen la Formación Profesional, no se analiza la Ley Orgánica de 19 de junio de 2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Esta marginación, pues es impensable que pueda ser olvido, es muy grave si tenemos en cuenta que deja al margen una et...

En el debate educativo realizado tras la toma de posesión del nuevo Gobierno, se ha hablado y escrito mucho de los cambios que se deberían producir en este ámbito; pero los análisis no están siendo globales, se reducen a dos ámbitos, a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y a la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Se deja al margen la Formación Profesional, no se analiza la Ley Orgánica de 19 de junio de 2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Esta marginación, pues es impensable que pueda ser olvido, es muy grave si tenemos en cuenta que deja al margen una etapa educativa y formativa que, caso de integración real y práctica de los tres subsistemas existentes, puede llegar a afectar a más de15 millones de ciudadanos y ciudadanas.

Esta ley tiene el dudoso honor de tener en su haber al menos tres récords: las nueve enmiendas a la totalidad presentadas en el Congreso, los 25 segundos que tardaron los senadores del PP en rechazar en Ponencia las 227 enmiendas que presentó la oposición, y el haberse tramitado con carácter de urgencia y ser una perfecta desconocida en casi todos los ámbitos de la enseñanza.

Los discursos que hicieron los portavoces de los partidos de la oposición en el Congreso fueron todos ellos muy críticos con la propuesta del Gobierno, incidiendo en aspectos tales como la falta de análisis de la situación actual de la FP y el grado de cumplimiento de los objetivos del II Plan Nacional de FP; se denunció que la ley menoscaba e invade las competencias de las comunidades autónomas en educación (ERC llamó a la mayoría del PP "mayoría absoluta de usurpación"). Se calificó al proyecto de centralizador y homogeneizador, de carecer de financiación para las medidas que se proponían; de falta de democracia en la gestión de los centros de "referencia"; de ignorarse las cuestiones curriculares y pedagógicas. Todos los portavoces también coincidieron en calificar a esta ley de "obsoleta", de ser, en definitiva, una vuelta atrás en el concepto de formación profesional al destinarla al alumnado que fracase en la educación secundaria obligatoria.

De los discursos pronunciados en defensa de las enmiendas a la totalidad hay que destacar tres citas del bien construido discurso de la portavoz de educación del Grupo Socialista del Congreso, al defender la de su grupo: "El proyecto nos parece irresponsable e improvisado", "Nosotros le auguramos, desde luego, el más completo fracaso" y "En los ciclos formativos se establece un sistema de accesos y pasarelas en los cuales no se garantiza la formación académica adecuada, sino que lo que aquí estamos viendo es una reconstrucción del viejo sistema de 1970; un sistema obsoleto, caduco y fracasado".

En su paso por el Congreso, el PP admitió 19 enmiendas (tres de Coalición Canaria para que este partido se sumara a ellos en la votación final) de la oposición de las 250 presentadas; mucha mejor suerte tuvieron estos enmendantes que sus colegas del Senado: ninguna enmienda aceptada de las 227 presentadas, y en 25 segundos.

Ocho comunidades autónomas se pronunciaron claramente contra el contenido de esta ley por diversos motivos, aunque sólo el Parlamento de Cataluña ha presentado un recurso de inconstitucionalidad, por invasión en competencias, que sigue su trámite.

Desde la Confederación de STE-Intersindical, única organización sindical de ámbito estatal que nos opusimos realmente a esta ley, participando de las críticas anteriores, profundizábamos en el fondo de sus objetivos y denunciamos durante su tramitación, y seguimos haciéndolo ahora, que la ley supone un intento claro de privatizar la formación profesional al equiparar la validez de las cualificaciones obtenidas trabajando con los títulos académicos, de esta forma se desvaloriza la FP inicial-reglada, ya que se desprecian los contenidos humanísticos; en esta línea hay que decir que se infravalora también la función docente, pues el profesorado verá cómo se "regalan" títulos equivalentes académica y profesionalmente a los estudios que su alumnado tarda dos cursos en conseguir tras la adquisición de conocimientos de todo tipo. Los STE criticamos que esta ley convierte la FP en un gran negocio, con cargo a los fondos públicos estatales y europeos, al permitir a empresas, academias de todo tipo, etcétera, impartir enseñanzas privadas de FP.

Con esta ley no se integran ni se ordenan los tres subsistemas existentes, se supedita la FP reglada al mundo empresarial y a las cualificaciones, permitiéndose la explotación laboral de las personas que opten por el camino más corto, el de la cualificación profesional, para, obtenida ésta, intentar buscar trabajo remunerado dignamente.

Los STE estamos planteando al nuevo Gobierno y a los partidos políticos que se opusieron a la ley actual que pongan en primer plano de su actividad política en el ámbito educativo la Formación Profesional, que se paralice la aplicación de la ley actual y que, tras un proceso de negociación, redacte un nuevo proyecto que dignifique definitivamente los estudios de FP, que integre verdaderamente a los tres subsistemas existentes y que considere al centro educativo como el eje de toda la Formación Profesional, como ha reclamado el Pleno del Consejo Escolar del Estado.

Augusto Serrano es miembro del Consejo Escolar del Estado en representación de la Confederación de STE-Intersindical.