Los 25 países de la UE acuerdan indemnizar a todas las víctimas del terrorismo

"La atrocidad de Madrid generó un sentimiento de emergencia en nosotros", dijo ayer el ministro irlandés de Justicia, Michael McDowell, ante la clamorosa ausencia de su homólogo español. "Esperamos no tener que sufrir otra atrocidad para seguir avanzando". La directiva que recibió el acuerdo político de los Quince (con asistencia de los ministros de los diez países que se unen en mayo a la UE) es una de esas propuestas legislativas lanzadas después del 11-S que permanecía estancada en las negociaciones. El precio del desbloqueo fue, eso sí, renunciar, como reconoció el comisario europeo de Jus...

"La atrocidad de Madrid generó un sentimiento de emergencia en nosotros", dijo ayer el ministro irlandés de Justicia, Michael McDowell, ante la clamorosa ausencia de su homólogo español. "Esperamos no tener que sufrir otra atrocidad para seguir avanzando". La directiva que recibió el acuerdo político de los Quince (con asistencia de los ministros de los diez países que se unen en mayo a la UE) es una de esas propuestas legislativas lanzadas después del 11-S que permanecía estancada en las negociaciones. El precio del desbloqueo fue, eso sí, renunciar, como reconoció el comisario europeo de Justicia e Interior, António Vitorino, a las posiciones más ambiciosas, que pretendían armonizar totalmente el sistema de compensaciones.

Alemania, Reino Unido y Dinamarca se negaron a aceptar las directrices precisas sobre plazos, montantes y beneficiarios potenciales de las indemnizaciones, pero los Quince acordaron el principio sustancial: todos los ciudadanos europeos deben tener derecho a una compensación en caso de ser víctimas de un crimen, como el terrorismo. La letra pequeña la pondrá después cada socio, pero el principio debe estar reconocido antes de julio del próximo año.

"Aunque la medida es muy general, en la práctica va a facilitar la vida a las víctimas", explica una fuente diplomática. "Al consagrar las compensaciones transfronterizas, un ciudadano español que sufra un atentado en Italia, por ejemplo, tendrá mucho más fácil la reclamación de una indemnización".

En esta lucha renovada contra el terrorismo el Consejo Europeo de Justicia e Interior admitió el principio general, propuesto por España, de obligar a las compañías aéreas a conservar y transmitir a las autoridades los datos de los pasajeros. Y ayer mismo la Comisión Europea puso sobre la mesa la propuesta de crear bases de datos europeas de personas, grupos y entidades sometidos a investigación, registros de personas con antecedentes penales y registros de cuentas bancarias de personas bajo sospecha. Tales registros incluirán a grupos relacionados con cualquier actividad terrorista, como aclaró ayer Vitorino, lo que incluye la apología del terrorismo.

El coordinador antiterrorista europeo, el holandés Gijs de Vries, que había tomado posesión el lunes de su nuevo cargo, expuso ante los ministros sus ideas, que básicamente, como explicó después en una breve comparecencia de prensa, son evaluar los avances que hacen los Gobiernos en el cumplimiento de sus propios compromisos y facilitar el intercambio de información no sólo entre las instituciones europeas, sino también entre las capitales. "Queremos que el trabajo sea más efectivo", dijo De Vries, que también aplacó sensibilidades defendiendo el nivel de libertades del que disfrutan los ciudadanos europeos.

Intercambio de información

A De Vries se le ha encargado un informe sobre cómo se pueden intercambiar información los servicios de inteligencia europeos, pero sus funciones tienen todavía que ser definidas. "En vez de pasar meses debatiendo qué tareas tiene que llevar a cabo el coordinador y luego nombrarle", dijo ayer McDowell, "hemos preferido nombrar primero a la persona adecuada, una elección bien hecha por parte de Javier Solana [responsable de la Política de Exterior y Seguridad de la UE] para empezar ya a trabajar". "Lo haremos día y noche si es necesario", subrayó Solana.

Por otra parte, los ministros de Justicia e Interior llegaron a un acuerdo sobre la protección mínima de la que deben disfrutar los refugiados. Alemania, que lleva meses resistiéndose a darles derecho automático al empleo, logró ayer que dicho derecho quede supeditado a la situación del mercado laboral nacional.